El audio que hoy publica EL ESPAÑOL aporta una evidencia incontrovertible de que la mayor cuota de responsabilidad por el desenlace fatídico de la dana de Valencia correspondió a un órgano dependiente del Gobierno central.
En realidad, la prueba documental de la negligencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) el pasado 29 de octubre estaba disponible sólo cinco días después de la jornada de la riada. Con su comunicado oficial del 3 de noviembre, la propia Confederación vino a certificar que no informó mediante correo electrónico sobre la evolución del caudal del barranco del Poyo entre las 15:50 y las 18:43 horas.
Es decir, la franja horaria determinante en la que se produjo la crecida que causó las inundaciones mortales.
Además, en la junta de gobierno de la CHJ del pasado 19 de diciembre, el presidente de la entidad reconoció de palabra este hecho. Al ser preguntado por la ausencia de comunicación de la crecida de la rambla a Emergencias de la Generalitat, el socialista Miguel Polo confesó que «lo que no se transmitió en ese tiempo es información de la rambla del Poyo».
Pero la CHJ ni confirmó ni desmintió que Polo pronunciase esas palabras. El audio desvelado hoy ya no deja lugar a dudas.
Después de esta prueba se entiende, por un lado, por qué Miguel Polo lleva escondido tres meses. Aunque periódicos como este no han dejado de resaltar el papel principal que tuvo la CHJ en la incompetencia para actuar más rápidamente y haber evitado las 224 muertes con que se saldó la riada, la entidad lleva desde el momento de la tragedia sin dar explicaciones.
Pero, sobre todo, el documento desmonta la narrativa del Gobierno de Pedro Sánchez, que ha venido defendiendo empecinadamente el buen hacer de la Confederación pese a todos los indicios contrarios. Con la intención, claro, de exonerar al Ministerio de Teresa Ribera de toda culpa en la negligencia de las autoridades públicas.
Es indudable que al presidente de la Generalitat se le puede reprochar no haber solicitado la declaración de la emergencia nacional para que el Gobierno central asumiese el mando.
Pero ni mucho menos puede achacársele la responsabilidad de haber enviado tarde la alerta móvil por inundaciones. Porque Carlos Mazón no sólo no contaba con información suficiente para haber emitido antes la alerta, sino que, cuando se envió pasadas las 20 horas, ni siquiera se hizo pensando en el barranco del Poyo.
En cambio, la evidencia del apagón informativo en la CHJ denunciado por Mazón da la razón al presidente de la Generalitat. La Confederación del Júcar incumplió el protocolo que le obliga a comunicar vía email cualquier medición que supere los 150 metros cúbicos, cosa que empezó a ocurrir desde las 17:25 horas.
Es decir, que la CHJ no envió los quince correos que debió haber mandado por cada una de las quince mediciones que excedieron el umbral máximo entre las 15:50 y las 18:43 horas.
El Gobierno y sus terminales mediáticas siguen aventando el relato de que Mazón se desentendió de sus obligaciones por asistir a una larga sobremesa el día de la emergencia. Pero el misterio no es dónde estaba el president, sino por qué el organismo que estaba obligado a avisar de la catástrofe inminente no lo hizo hasta que fue demasiado tarde para tomar medidas.