El monopolio del PP (y de la estiba)

Hace unos días, un huracán político estaba a punto de llevarse por delante la legislatura. Era un huracán muy raro. Tanto, que lo provocó el batir de las alas de un problema sectorial que en modo alguno era novedad. Quién nos iba a decir que el rechazo a un decreto para ajustar la estiba a la norma europea podía tener efectos políticos de tal alcance como para disolver las Cortes y convocar elecciones. Nadie lo hubiera dicho. Es más, no lo hubiera dicho nadie de no haberlo insinuado el Gobierno. Al tiempo que cantaba las cuarenta a los «irresponsables» que rechazaron aprobar el decreto, dio a entender que respondería a otra indisciplina con el escarmiento del adelanto electoral. La desproporción entre la causa y los efectos con los que amenazó el Gobierno es tan grande que merece la pena preguntarse por qué los de Rajoy gastan la pólvora en salvas.

Fue interesante ver cómo el ministro del ramo y otros portavoces gubernamentales censuraban la actitud irresponsable de los partidos que echaron atrás el decreto. Por culpa de su obstrucción, dijeron, España quedaba como un país gamberro que incumplía las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE, y tendría que pagar una multa estratosférica por su desobediencia. Los portavoces se esmeraron en subrayar que la imponente multa iba a salir de los bolsillos de los contribuyentes españoles, por si alguien ignorara de dónde sale el dinero para esas cosas y otras. Denunciaron indignados la irresponsabilidad de la oposición, apostando al desconocimiento de la letra pequeña. Del historial que muestra la propia falta de diligencia y de responsabilidad en la gestión del problema, ni una palabra.

La sentencia europea, de diciembre de 2014, no apareció de la nada, sino del escaqueo del Gobierno ante los requerimientos de la Comisión Europea. El primero data de finales de 2011. El segundo llegó al año siguiente. En vista de que España hacía oídos sordos, la Comisión recurrió al Tribunal. No habría multa –ni multa acumulada– si los Gobiernos de estos años, que eran del PP, hubieran hecho lo que tenían que hacer. Pero no lo hicieron cuando disponían de mayoría absoluta y no lo hicieron, claro, en período electoral. Es revelador lo que decía José Manuel Pérez Vega, de la secretaría federal del sector marítimo-portuario de SMC-UGT, a mediados de febrero: «Cuando empezamos las negociaciones para cumplir con la sentencia de la UE, nos pidieron prudencia y baja conflictividad, y cumplimos, y cuando ya tenemos preparado un principio de acuerdo, marcan sus propias normas». Las reglas del juego cambian a conveniencia.

El huracán fue tan raro, que pasó y no hubo nada. Porque la estiba sólo sirvió de pretexto para relanzar el mensaje entre agónico y amenazador que el PP emite desde que está en la posición de minoría mayoritaria. El lamento de «no nos dejan gobernar» seguido del aviso: «¡Y si no nos dejan, habrá elecciones!». Aprovechó el rechazo al decreto para proclamar una vez más que sin mayoría absoluta no hay manera de gobernar. Fue una gran operación propagandística gubernamental. Grande por la repercusión que tuvo en los medios; pequeña y mezquina por todo lo que ocultó, que viene a ser igual a todo lo que no hizo para aplicar la norma europea y deshacer el monopolio de la estiba. Bien mirado, el PP y los estibadores tienen algo en común: a los dos les gusta tener el monopolio.