LIBERTAD DIGITAL 27/03/14
EDITORIAL
A la vista de lo acontecido desde la salvaje manifestación del pasado sábado, parecería que en España el monopolio legítimo de la violencia no lo tienen los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado sino los manifestantes de extrema izquierda. Sólo así se entendería que las fuerzas antidisturbios tuvieran orden de no utilizar material antidisturbios, que los manifestantes se atrevieran a moler a palos a los agentes, que la mayoría del centenar de heridos fueran policías, que los escasos manifestantes detenidos hayan sido ya puestos en libertad o que a los policías heridos que se defendieron para repeler a sus agresores les hayan abierto un expediente.
Así las cosas, es perfectamente comprensible el malestar de los agentes antidisturbios con los mandos del Cuerpo Nacional de Policía que dirigieron y planificaron el dispositivo, no en vano han presentado una querella en la que se les acusa de tres posibles delitos: lesiones -por omisión-, omisión del deber de impedir delitos y denegación de auxilio.
Ahora bien, el auténtico responsable de ese bochornoso espectáculo de violencia e impunidad no es el alto mando policial, ni siquiera la delegada del Gobierno. Es el acomplejado Gobierno, con su temor a lo que pudieran achacarle la oposición de izquierda y unos observadores de la OSCE que no se sabe a santo de qué estaban ejerciendo labores de vigilancia. Cualquier otro miembro de la OSCE habría elevado la más enérgica protesta ante la dirección de la misma por la insultante presencia de sus observadores en una democracia como la española.
Basta tener presente cómo actúan las fuerzas antidisturbios en Francia, Gran Bretaña, Alemania o Estados Unidos para hacerse una idea de cómo los gobernantes democráticos cumplen con su deber de preservar el orden público. Pero ¿qué orden público van a preservar y qué protección van a brindar a la ciudadanía unos agentes que, por culpa de unos inadmisibles complejos políticos, están maniatados a la hora de proteger hasta su propia integridad física?
Mucho se debe criticar a la extrema izquierda, que no sabe protestar sin llevar a cabo acciones de violencia, pero no menos criticable es una derecha gobernante que hace dejación de sus funciones y con ello alienta el salvajismo. Si los autores de este auténtico terrorismo callejero merecen la cárcel, no menos exigible es la dimisión del ministro de Interior, por no saber o no querer estar a la altura de la situación.