Editorial-El Correo
- Partidos, instituciones y promotoras están obligados a facilitar el acceso inmobiliario, un lastre hoy para la emancipación de miles de jóvenes
Posiblemente no haya experiencia más frustrante que soñar con la emancipación y darse de bruces con el mercado inmobiliario, un auténtico muro para miles de jóvenes. Este segmento de la población constituye el eslabón más débil en la crisis de la vivienda en España. En cualquier caso, los altos precios, prohibitivos en los grandes municipios tanto de compra como de alquiler, amplían el listado de afectados. La realidad es que las necesidades de hogar crecen sin que se produzca en paralelo un avance de la oferta. En este déficit se esconde un verdadero drama, especialmente para quienes desean abandonar el nido familiar y emprender un proyecto de vida propio. En el conjunto del país, solo se construyeron el año pasado 97.800 pisos frente a la creación de 330.000 hogares nuevos, según el INE. Este desequilibrio puede disparar la especulación, frenar la demografía y agravar la falta de condiciones dignas para acceder a una casa o a una habitación. En buena medida, el futuro de toda una generación depende del ladrillo.
Esta es la realidad, dos años después de la entrada en vigor de la ley de vivienda, que puede ser matizada o ampliada en las comunidades autónomas por la transferencia de competencias. Aunque el año pasado se finalizaron un 11% de pisos más con respecto al ejercicio anterior, España está muy lejos de resolver el problema. El Gobierno de Sánchez ha buscado flexibilizar el mercado con una batería de medidas entre las que sobresale la declaración de zona tensionada, un instrumento que permite contener los precios del alquiler para acabar con «la ley de la selva», en palabras de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Hasta la fecha, solo Euskadi, Navarra, Cataluña y Asturias han asumido esa posibilidad.
Las autonomías gobernadas por el PP se han plantado al rechazar una intervención del mercado. Tampoco hay consenso sobre el uso de la fiscalidad para penalizar los inmuebles vacíos con el fin de forzar su salida en renta. Mientras los partidos no sean capaces de mantener la vivienda al margen de la polarización, será difícil restar obstáculos a una de las mayores preocupaciones sociales. Hay varios caminos abiertos para favorecer el acceso a un piso digno: la cesión de suelo municipal para construir más -Euskadi plantea recortar la reserva de VPO para reactivar promociones que no se consideran rentables-, la ampliación del alquiler social o el control de los alojamientos turísticos, sobre todo de los ilegales.