Las organizaciones cívicas catalanas defensoras del constitucionalismo asisten con decepción a los primeros días del gobierno de Las organizaciones cívicas catalanas defensoras del constitucionalismo asisten con decepción a los primeros días del gobierno de Salvador Illa. Aunque se trata de un ejecutivo socialista aparentemente monocolor, ven en el pacto con ERC y en los gestos públicos del nuevo presidente una continuidad clara con las políticas nacionalistas hegemónicas en las últimas décadas. Las novedades que se esperaban en Illa, fundamentalmente en la reversión de los aspectos más agresivos del modelo nacionalista, se han limitado a un espejismo de buenos modos personales y palabras amables. Que el nuevo presidente haya utilizado sólo el catalán en sus primeros discursos o que escondiera la bandera de España hasta su encuentro con Collboni, son gestos que apuntan a los compromisos asumidos en el pacto con los separatistas republicanos. Pacto del que, por cierto, no se conoce ningún documento firmado por ambas partes; sólo uno sin firma, de ERC y en catalán. Nada ayudaría más a Illa para despejar dudas sobre su mandato que conocer sin limitación ese acuerdo. Así, no haría falta que la vicepresidenta Montero saliera a la palestra a hacer el ridículo sobre si lo pactado es o no es un concierto económico.

De todas maneras, nadie debería de sentirse sorprendido por este acuerdo. El socialismo cerró hace veinte años un pacto de hierro con los nacionalistas para evitar que la derecha volviera a gobernar. Y el origen de este cordón antidemocrático en torno a la derecha fue otro pacto entre socialistas catalanes y republicanos. La investidura de Illa es una novedad solo parcial y exhibe los mismos peores indicios del acuerdo de Maragall con Carod-Rovira en 2003. Temen, y con razón, los grupos constitucionalistas en Cataluña que las políticas soberanistas se mantengan en el ámbito educativo y lingüístico. Que sus ejecutores sean socialistas no las hacen más aceptables. Al contrario, es un dato que revela la deserción del PSC del campo constitucionalista, aun a costa de mantener el incumplimiento de las decisiones judiciales sobre el uso del catalán en las escuelas. El constitucionalismo social catalán encara la dolorosa realidad de que se ha desvanecido toda esperanza de contar con el socialismo para enderezar el rumbo de Cataluña por sendas de convivencia.

El pacto del PSC con ERC es el muro de Sánchez en Cataluña, pero el desistimiento no debe ser la opción de los constitucionalistas. Mirados con frialdad los resultados electorales en las autonómicas del pasado 12 de mayo, los partidos con programas no nacionalistas (PSC, PP y Vox) suman mayoría absoluta del Parlamento catalán. Como Sánchez tras el 23-J, Illa gobierna con un programa que no sometió a los votantes catalanes. Todo partido gobernante se enfrenta siempre a contradicciones entre sus obligaciones de gobierno y sus promesas electorales. Pero lo de Sánchez e Illa no son contradicciones, son engaños al votante.

Grupos como Impulso Ciudadano, Asamblea Escuela Bilingüe, Convivencia Cívica Catalana, Sociedad Civil Catalana o S’ha Acabat son imprescindibles para mantener el debate público en la sociedad catalana y confrontar con el soberanismo –sea nacionalista, sea socialista– los valores constitucionales. Estas críticas de la sociedad no nacionalista en Cataluña emplazan al PP para asumir el liderazgo político de la oposición constitucionalista. El peor escenario para estos grupos de resistencia cívica no es la presión nacionalista, sino la soledad y la incomprensión. Monolingüismo, concierto económico, diplomacia propia, selecciones catalanas; todos son sumandos de una fórmula de insolidaridad y división entre catalanes que no puede salirle gratis al socialismo.