Francesc Homs acusó ayer a la Fiscalía y a los jueces –incluyendo Tribunal Superior de Cataluña, Supremo y Constitucional– de actuar como «gregarios» del PP y de seguir su criterio político en la causa del 9-N. Una causa, añadió, en la que «la sentencia está cantada».
El portavoz en el Congreso de Convergència –ahora Partit Demòcrata Català (PDC)– hizo estas declaraciones tras comparecer durante una hora y media ante el juez que investiga su actuación en la consulta soberanista, Andrés Palomo. El dirigente nacionalista respondió al juez, pero se negó a contestar a las preguntas del fiscal. En declaraciones públicas tras la comparecencia, se justificó afirmando que la Fiscalía actúa como «el brazo armado del Partido Popular».
«Claro que no he contestado a una Fiscalía que en este tema actúa subordinada a los intereses del PP», señaló Homs, que recordó las grabaciones al ministro del Interior diciendo que la Fiscalía afinaría algunas causa contra dirigentes nacionalistas. «Este no es un juicio para nada jurídico. La conclusión será cualquier cosa menos jurídica. Es un proceso político, una actuación que no se sostiene en derecho, sino en la obsesión de frenar el proceso iniciado en Cataluña», ha añadido. «La sentencia está hecha antes de empezar. Será condenatoria». Sobre si acataría esa eventual resolución, explicó que «políticamente, no», y que jurídicamente, ya se vería.
Homs expuso sus quejas en una intervención inicial ante el magistrado. Cuando comenzó el interrogatorio, sostuvo que en el proceso del 9-N él se encontró con dos alternativas: o bien seguir «el mandato del Parlament» y «favorecer el derecho de participación política» de los ciudadanos que le impone «el marco legal» o bien cumplir con una resolución del TC suspendiendo el 9-N que consideraba «imposible» de seguir.
Esa resolución del TC suspendiendo los preparativos del 9-N es la clave de la imputación por desobediencia, prevaricación y malversación que pesa sobre Homs, como antes ha pesado sobre Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau. Los tres acompañaron este lunes a Homs tanto a las puertas del Supremo como en la rueda de prensa posterior.
Homs afirmó ante el juez que la prohibición del Constitucional era «tan amplia» que era imposible determinar su ámbito de actuación, por lo que no se podía cumplir. Y recordó que en su día ya pidieron aclaraciones al TC, sin obtener respuesta. «Prohibían todo lo que se mueve, no podíamos ni respirar. Era un poco absurdo».
Precisamente sobre la claridad o no de la resolución, Homs mantuvo lo que describió como un «debate vivo» con el magistrado instructor del Supremo. A juicio del político, el magistrado sí consideraba que la resolución del TC era «clara», lo que generó varias repreguntas. «Me quería hacer decir lo que yo no decía», protestó Homs.
En el interrogatorio, que se extendió durante alrededor de hora y media, el juez repasó los puntos concretos que, casi con la investigación en el TSJ de Cataluña concluida, llevaron a la Fiscalía a pedir que el Supremo sumara a Homs a la lista de investigados.
Uno de ellos fue su responsabilidad en la contratación de un pabellón para las comparecencias de prensa del día de la votación. Homs explicó que en la sala habitual no cabían todos los medios que querían asistir, por lo que la contratación era inevitable.
El dinero gastado en utilizar el Pabellón Italia es uno de los elementos que ha manejado la Fiscalía para decidir si acusa o no por malversación, único de los delitos que conlleva prisión. Ya lo ha descartado para Mas, Rigau y Ortega y todo indica que hará lo mismo con, Homs, pero de momento él sigue imputado por los tres delitos.
Otro elemento incriminatorio contra Homs es la carta por la que acordó que las empresas contratadas para la logística del 9-N siguieran trabajando tras la prohibición del TC. La respuesta de Homs fue sido otro ataque a la Fiscalía. «Muy equivocado no debía de estar cuando una semana después la Junta de Fiscales de Cataluña dijo que no había delito», dijo, insistiendo en que fue la Fiscalía General la que posteriormente impuso la presentación de la querella por el 9-N que ha dado con él ante el Supremo.
CATALÁ RESPONDE
Sin contaminación.
Rafael Catalá respondió ayer a Homs afirmando que «no hay ninguna contaminación política en la actuación de la Fiscalía». El ministro de Justicia criticó que diera por «dictada» la sentencia del TS, ya que así hace «un flaquísimo favor a la democracia» y genera «confusión en los ciudadanos».