Editorial en ABC, 7/6/2011
La conflictividad provocada por la Generalitat empeora la percepción sobre la capacidad del Estado para enderezar el rumbo del déficit.
EL desafiante conflicto fiscal que el Gobierno catalán tiene planteado al Estado con su déficit público para no rebajarlo sin ayudas —con el objetivo de un concierto similar al vasco— ha llevado a la agencia Moody’s a describir un sombrío panorama para la economía catalana y, por extensión, la española. Tampoco sería prudente tomarse los criterios de Moody’s como un dogma de fe, porque estas agencias de calificación no siempre han acertado en sus pronósticos. Pero sus evaluaciones marcan el mercado financiero y la advertencia sirve como medidor de la imagen que transmite al extranjero el desajuste autonómico, en general, y el enfrentamiento del Ejecutivo catalán con el Estado, en particular.
Junto a una más que comprensible y necesaria política de restricción y ajuste, el Gobierno de Artur Mas ha emprendido una dinámica de conflictos que fuera ya no se interpreta sólo como un problema del Estado autonómico, sino como un problema de Cataluña consigo misma. En un tiempo de crisis que exige homogeneidad fiscal, soluciones comunes y decisiones colectivas, la conflictividad provocada por el nacionalismo mueve a la perplejidad y empeora la percepción sobre la capacidad del Estado para enderezar el rumbo del déficit de las administraciones. No es gratuito que Moody’s dude de que el Ejecutivo central tenga «instrumentos eficaces para garantizar el cumplimiento fiscal en los gobiernos regionales» y que pida «techos de gasto obligatorios». La puesta de este mensaje en circulación por los mercados financieros es una pésima noticia para la economía española, y peor aún para la catalana, porque previene de falta de liquidez y retrasos en los pagos a proveedores por parte de la Generalitat. Claramente, no es el momento para estrategias nacionalistas de corto alcance, sino para políticas nacionales de Estado.
Este toque de atención es coherente con la suma de actitudes insolidarias del Ejecutivo de Mas. Negarse a cumplir las sentencias del Supremo sobre bilingüismo o cuestionar la llegada del AVE a Extremadura son torpes y graves síntomas de desafección con la realidad española. Poco sentido tiene pedir la solidaridad de Bruselas con sus multimillonarios fondos de rescate si la organización autonómica del Estado es una excusa para promover la insolidaridad entre territorios y gobiernos autonómicos.
Editorial en ABC, 7/6/2011