Editorial, EL MUNDO, 7/6/11
EL LUCHADOR griego acudía al combate desnudo por dos motivos. El primero, porque le daba mucha más agilidad de movimientos. El segundo, porque, cuando venían mal dadas, y con el conveniente unte de aceite, al contrario le era mucho más difícil agarrarlo que si peleaba con ropa. A la postre, esto es lo que propuso ayer Mariano Rajoy al Gobierno para empezar a solucionar el gran mal que aqueja en estos momentos a la economía española, que es el descontrol del déficit autonómico. Es preciso desprenderse de toda la ingeniería financiera y empresarial que los ejecutivos regionales han ido inventando a lo largo de los años y que pesa como mantas e impide el desarrollo y la competitividad de las economías regionales. Urge el striptease, esta vez por razones de moralidad… económica.
Por eso, los dirigentes del PP y del PSOE deben tener presente que el debate del «¡y tú más!» sobre el agujero de las cuentas autonómicas que ha surgido tras las elecciones es no sólo estéril, sino perjudicial para su ya decaída imagen. Ayer, por ejemplo, José Bono dijo que con lo que debe la televisión valenciana se puede pagar toda la deuda de Castilla-La Mancha. Puede que tenga razón, pero debe entender que con lo que cuesta la televisión pública de esa región –creada por él y en la que puso al frente a Jordi García Candau– es posible que se resolviera el déficit de cualquier ayuntamiento mediano.
El déficit y la deuda autonómicos son dos de los principales problemas a los que se enfrenta la economía española y cuya evolución siguen día a día los mercados. Así lo corroboró la ministra Salgado hace sólo una semana al reconocer que las comunidades cerraron el primer trimestre del año con un déficit «superior» al previsto. En conjunto, las autonomías terminaron con un desequilibrio de 4.995 millones de euros, el doble que el de la Administración central, y la mitad de ellas con un desfase en el entorno del 1%. Entre éstas se encuentran Baleares –con presidente socialista hasta ahora–, Cataluña –de CiU– o la Comunidad Valenciana –del PP–.
Y al margen del déficit, sí hay retrasos en los pagos. Cáritas denunciaba ayer que el Gobierno de José María Barreda no le ha abonado ni un euro de los 4,5 millones comprometidos para programas de ayudas sociales. A la vez, el presidente de Cepyme, Jesús Terciado, responsabilizaba a las administraciones públicas del cierre de 225.000 pymes en los últimos tres años por no cobrar los servicios prestados. En un momento crucial para la economía española la responsabilidad debería llevar a los políticos a atajar con contundencia el descontrol de las cuentas autonómicas. Rajoy tomó la delantera el pasado miércoles al proponer medidas de reducción del gasto en las autonomías que gobernará el PP y ayer dio otro paso al emplazar al Gobierno a un pacto «a calzón quitado » sobre las cuentas autonómicas en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Los presidentes populares que tomarán posesión en próximas fechas –los nuevos como Bauzá y los antiguos como Camps– deben seguir a Rajoy, plantear en sus discursos de investidura planes de control del déficit serios y detallados y comprometerse a llevarlos a la práctica. Las prioridades deben ser las marcadas por el líder del PP ante los barones de su partido: la principal es el establecimiento de un techo de gasto y, después, meter la tijera en el número de consejerías, en las empresas y entes públicos, en los coches oficiales o en el cierre de televisiones autonómicas. A la vez, el Gobierno tiene que comprometerse a proporcionar a las comunidades los recursos que les correspondan para su financiación, sin enmascarar en ellas sus propias penurias. Es necesario el destape… y con desnudos integrales.
Editorial, EL MUNDO, 7/6/11