Cuando Pedro Sánchez se dirigió este verano al juez Juan Carlos Peinado, le dijo: «Es mi voluntad, como no puede ser de otro modo, colaborar con la Administración de Justicia, siempre en el marco del estricto cumplimiento de la Constitución Española y la Ley que a todos nos vinculan y que son la máxima garantía de nuestro estado de Derecho». Pero los hechos comienzan a a delatarle. Solo así se entiende, como un palo en la rueda, que su mujer, investigada por la supuesta comisión de cuatro delitos, comunicara en la noche de este lunes al togado que no podrá acudir a la citación del próximo 18 de noviembre porque se encontrará junto al presidente del Gobierno de viaje oficial en Brasil, donde se celebrará la cumbre del G-20.

La defensa de Begoña Gómez, comandada por el exministro socialista Antonio Camacho, esgrime que está oficialmente invitada por el Ejecutivo brasileño y que «ninguna norma impone que la citación de la querella sea personal, como tampoco su citación de declarar». Esa cita judicial iba a ser la tercera comparecencia de la mujer de Pedro Sánchez en este procedimiento, ya que en julio acudió dos veces al juzgado, aunque en ambos interrogatorios se acogió a su derecho a no declarar. No osbtante, Begoña Gómez aún tiene por delante otra comparecencia este mismo miércoles en la Asamblea de Madrid, en la comisión de investigación que orquestó el PP para dirimir qué falló en la Universidad Complutense para que la mujer del presidente dirigiera una cátedra y coodirigiera dos títulos universitarios de posgrado. Pero todo parece indicar que se intentará escabullir.

Y para muestra la actitud del matrimonio que habita en Moncloa. Ambos, tanto Begoña Gómez como Pedro Sánchez, se han querellado contra Juan Carlos Peinado por prevaricación. Pero ambas fueron rechazadas. De manera que la estrategia que siguen ahora es desprestigiar la causa con gestos nada conciliadores. Además, encima de la mesa queda la arbitrariedad de los viajes del presidente, puesto que es capaz de dejar solo al Rey en la Cumbre Iberoamericana, pero sí asistir a la cumbre del clima en Bakú, donde se encuentra este martes, y donde arremetará contra el negacionismo de la derecha a raíz de la tragedia de la DANA.

Lo cierto es que Sánchez vive su peor momento desde que llegó al Palacio de la Moncloa hace más de seis años. El presidente del Gobierno prosigue su huida pese a los obstáculos, cada vez mayores, que se le ponen en un camino de incierto final. Pero por difícil que lo tenga, por mucho que la ética de la asunción de responsabilidades le demande volver a reflexionar sobre su dimisión -como le pide la oposición-, está obcecado y dispuesto a agotar los mil días de legislatura. Su equipo insiste una y otra vez en que «no hay caso» que afecte a Begoña Gómez y reitera que todo es producto de una persecución de la derecha judicial, política y mediática.

En cualquier caso, la situación empieza a ser del todo insostenible. El estallido del caso Koldo, a principios de año, abrió la caja de Pandora. Desde entonces todos los males se han propagado por Moncloa. La supuesta trama de cobro de mordidas en la compra de mascarillas, con epicentro en el Ministerio de Transportes, está detrás de casi todo. De Koldo García -exasesor de Ábalos en el ministerio- se saltó a Begoña Gómez. La mujer del presidente del Gobierno mantuvo varias reuniones con uno de los implicados en la trama, el empresario Víctor de Aldama -ahora en prisión-, y el CEO de Globalia, Javier Hidalgo, poco antes de que el Ejecutivo aprobara el rescate de la aerolínea Air Europa.

Precisamente, el rescate de la aerolínea es otro de los asuntos que el tiempo no puede soterrar, porque genera muchas dudas toda vez que la UCO otorga a Víctor de Aldama un papel en las conversaciones para salvar la compañía. Sánchez evitó responder si ha mantenido algún encuentro con Aldama. Pese a que la Audiencia Provincial de Madrid ya explicitó al juez Juan Carlos Peinado que se limite a investigar las conexiones de Begoña Gómez con el también empresario Juan Carlos Barrabés y la Universidad Complutense, aquellas citas de Aldama con Begoña Gómez sirvieron para poner el foco en su actividad profesional por si es constitutiva de los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo.

El núcleo duro del presidente del Gobierno carga con dureza contra el juez, al que acusa indirectamente de prevaricar y dirigir una causa política. El más problemático de todos los frentes de Sánchez es el que afecta a su esposa. Este procedimiento es el más reciente. Desde que la causa echó a andar, el pasado el 16 de abril, el juez titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid apuntó la condición de investigada de Gómez por las cartas de apoyo que redactó al empresario Barrabés, quien impulsó uno de los másteres al que la Universidad Complutense terminó dando carpetazo.

Sánchez se ha topado con la Justicia. El presidente del Gobierno lleva buena parte de su mandato entrometiéndose en la independencia judicial y así se lo han afeado los togados en varias ocasiones. Ya intentó cambiar las mayorías para la elección del Consejo General del Poder Judicial antes de pactar con el PP la renovación. Incluso despojó al órgano de gobierno de los jueces de las competencias para hacer algunos nombramientos con una reforma legal que bloqueó el sistema de relevos en la cúpula judicial. Ya con el pacto firmado, promovió como presidenta del CGPJ a Isabel Perelló, una candidata que no había sido manejada nunca por el PSOE y que está lejos de ser una afín al PSOE.