EL MINISTRO de Justicia insinuó ayer que uno de los jueces –el juez Ricardo González, autor del voto particular a la sentencia– que juzgaron a La Manada no está en condiciones de ejercer su trabajo. Dijo de él que tenía «algún problema» y «alguna situación singular». Y «dificultades». Cuando Carlos Herrera, que lo entrevistaba en la Cope, le pidió que precisara contestó que no conocía «los detalles» y que tampoco «sería razonable hablar de cuestiones personales». El ministro añadió algo sobre la responsabilidad del Consejo General del Poder Judicial. «Todos lo saben», dijo textualmente acerca del conocimiento que tendría el Consejo sobre los problemas del juez. En lógica conclusión aseguró luego que el Consejo debería haber actuado preventivamente. Y no lo hizo.

El ministro, Notario Mayor del Reino, no precisó ni amplió a lo largo del día sus declaraciones sobre la capacidad cognitiva y/o moral del juez. De esas capacidades el último y más riguroso ejemplo que se le conoce es, precisamente, el voto discrepante del juicio de sus compañeros de tribunal. De la lectura del voto se desprende una lógica discursiva incompatible con problemas cognitivos y una vehemente honradez en sus interpretaciones.

El convencimiento del ministro y el que atribuye a los miembros del Consejo General del Poder Judicial abren una delicada situación. La acusación al Consejo apenas se distingue de un ánimo prevaricador reflejado en su supuesta negativa a actuar preventivamente. Es decir, el Consejo habría permitido que un juez incapaz de impartir justicia la impartiera. Y por tanto es el mismo juicio a La Manada y los derechos de acusados y víctima los que quedan en una situación de incertidumbre. Por más que la posición favorable del juez a la absolución de los acusados acabó resultando minoritaria, su influencia en el desarrollo de las deliberaciones y en la propia decisión que adoptaron sus compañeros de tribunal es indudable.

Pero, naturalmente, todo esto se ve sometido a la imperiosa necesidad de que el ministro presente de inmediato las pruebas de su diagnóstico sobre el juez González y de sus graves acusaciones al órgano de gobierno de los jueces. Si no es así, las únicas pruebas en torno al debate indican que el ministro Rafael Catalá pasa por algún problema singular que lo incapacita tajantemente para seguir ejerciendo su cargo.