EL CORREO 06/08/13
· Currin media para que la comisión internacional cambie de rol y asuma desde septiembre labores relacionadas con la entrega de armas.
BILBAO. El futuro de la Comisión Internacional de Verificación (CIV) debe resolverse en apenas un mes. Los integrantes de este grupo, encabezado por Ram Manikkalingam, dieron en febrero un ultimátum a ETA y vincularon su continuidad a que la banda realice algún gesto unilateral hacia su desarme definitivo. Si no se produce ese gesto, entienden, la comisión desaparecería en septiembre.
A la espera de los movimientos que pueda realizar la organización terrorista, entre los mediadores internacionales se ha extendido la posibilidad de que la CIV pueda asumir un nuevo rol y gestione, en solitario o de la mano de alguna institución vasca, la paulatina entrega de armas por parte de ETA. Una posibilidad que contaría, según diversas fuentes, con el respaldo de, entre otros, el abogado sudafricano Brian Currin, que ha ejercido como mediador y asesor tanto de la banda como de la izquierda abertzale. «Los verificadores han conseguido cierto prestigio y podrían hacer un papel importante», reconocen en el entorno del letrado sudafricano.
La apuesta, sin embargo, se encuentra con varias dificultades. La principal, que los integrantes de la CIV acepten el nuevo rol. Desde su presentación hace tres años, el grupo de Manikkalingam quiso dejar claro que entre sus funciones no entraba «en ningún momento» el control de arsenales o de armas. El colectivo de expertos limitaba sus funciones a certificar el «cumplimiento» del alto el fuego y a que la organización terrorista no se saltaba su promesa de no preparar ningún atentado ni reorganizarse para volver a la actividad armada.
Desde el pasado febrero, los verificadores han mantenido su relación con la cúpula de ETA, con la que han llevado a cabo diversos contactos. Manikkalingam también ha viajado a Euskadi para protagonizar contactos con los partidos y agentes sociales de Euskadi y calibrar la situación del proceso de paz.
La CIV no ha conseguido, sin embargo, superar algunas reticencias por parte del actual Gobierno vasco y de Sortu. La izquierda abertzale cree que la labor de los verificadores «no da más de sí» y que se debería buscar otro tipo de apoyos internacionales para forzar al Gobierno de Mariano Rajoy a dar algún paso sobre presos y desarme. En la antigua Batasuna no sentó bien que tras la última visita pública de Manikkalingam a Bilbao, en febrero pasado, trascendiera que la comisión había lanzado un ultimátum a ETA, cuando la versión oficial, transmitida a través de una nota de prensa, era que la CIV hacía un llamamiento a la banda y al Ejecutivo central para que ambos dieran pasos para abrir un diálogo.
Las reticencias del Ejecutivo de Iñigo Urkullu tienen más que ver con el peso que el lehendakari quiere dar al Parlamento en el final de ETA. Una relevancia que se vería ensombrecida si el papel protagonista recae en los verificadores. Ese temor, coinciden varias fuentes, podría cambiar si se optara por una fórmula mixta en la que el desarme lo supervisaran instituciones vascas y expertos extranjeros.
EL CORREO 06/08/13