Este martes Pedro Sánchez ha escrito una nueva carta a la ciudadanía, después de que el juez Juan Carlos Peinado haya citado a declarar como investigada a Begoña Gómez el próximo 5 de julio, por los supuestos delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias.
Sánchez ha repetido la estrategia de su primera misiva, en la que se presentó como víctima y sobreactuó ante la apertura de diligencias contra su esposa. En este nuevo texto incendiario ha ido un paso más allá, y ha acusado implícitamente al juez de «condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral». Además, ha vinculado la actuación judicial a la «coalición reaccionaria capitaneada por el Sr. Feijóo y el Sr. Abascal«.
Es evidente que se trata de la enésima reposición del soniquete populista que el presidente viene impostando en los últimos meses, para sostener el relato de una persecución personal orquestada por una suerte de contubernio ultraderechista entre la oposición, la Justicia y la «máquina del fango» mediática.
No en vano, ha aprovechado para volver a exteriorizar su obsesión con los «tabloides digitales nacidos para propagar bulos» y el resto de mantras habituales. Incluso ha retorcido unas palabras de Feijóo para denunciar que «tratan de forzar mi salida de la Presidencia del Gobierno con una moción de censura mediante una alianza contra natura«, una expresión que resulta cuanto menos sorprendente en boca del muñidor de la mayoría Frankenstein.
Para acreditar la supuesta conjura empeñada en «interferir en el resultado electoral del próximo día 9 de junio», Sánchez se apoya en que el juez instructor de la investigación a Begoña Gómez no ha seguido «la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el voto de los ciudadanos».
Y es cierto que Peinado no ha observado esa costumbre, y que eso puede ser discutible. Pero Sánchez está tendiendo una trampa argumental a los ciudadanos. Porque del hecho de que el juez haya actuado de forma inusual no se deduce la existencia de una conjura ultraderechista en su contra.
Además, de la misma manera que se alega que la Justicia debe parar su maquinaria cada vez que hay un proceso electoral, también se puede argumentar que la Justicia debe ser ciega y que los políticos deben dejar de tener esa protección singular.
Al margen de la ausencia de proporcionalidad entre el cuestionable timing escogido por el juez y las conclusiones que extrae de ello el presidente en su carta, resulta irónico que invoque en su defensa reglas de oro. Porque si alguien ha transgredido prácticamente todas las convenciones elementales que regulan el suelo ético de las democracias, ese ha sido Pedro Sánchez.
Lo ha hecho al no permitir la investidura del ganador de las elecciones ni ofrecerle algún pacto de estabilización para la legislatura. Y también al convertir la investidura del perdedor en una materia de canje que implica una desiguldad tan flagrante en materia de derechos fundamentales como la que supone la Ley de Amnistía.
Junto a estas reglas no escritas vulneradas por Sánchez durante su presidencia, cabe añadir la práctica de consensuar la política exterior con las Cortes, la rendición de cuentas ante el Parlamento por las decisiones controvertidas, la evitación de comparecencias sin preguntas de los periodistas, la garantía de la independencia de instituciones neutrales o el cordón sanitario a los legatarios del terrorismo.
De hecho, ¿cabe hablar de un mayor ejercicio de interferencia en un proceso electoral que el perpetrado por el CIS del socialista Tezanos elección tras elección? Y si hubiera que pasar de las reglas no escritas a las que sí están escritas, procede recordar que el propio Sánchez ha sido multado por la Junta Electoral Central por hacer campaña en la Unión Europea, y que está a la espera de la resolución de un segundo expediente por aprovechar un viaje institucional a Catar para promocionar a su candidato a los comicios catalanes.
Lo fundamental es que el presidente sigue escudándose en el parapeto de un supuesto montaje maquinado por actores ultraderechistas para evitar dar explicaciones sobre las actividades de su esposa.
Porque no es un bulo que Begoña Gómez escribiera cartas de recomendación para un empresario que acabó obteniendo una licitación del Estado. Ni que solicitara a empresas participadas por el sector público o reguladas por la Administración que le diseñaran gratis un software para el máster que dirige.
El que estos hechos sean o no delictivos lo decidirán los tribunales. Y es cierto que hasta ahora no han aparecido indicios concluyentes que permitan sostener la conjetura de que exista una relación causa-efecto entre su mediación y el rescate de Air Europa y el concurso ganado por Carlos Barrabés.
Por eso, no se puede olvidar que el hecho de que Gómez esté siendo formalmente investigada no implica que su presunción de inocencia se haya resentido lo más mínimo. De ahí que el PP se haya extralimitado al pedir directamente la dimisión de Sánchez.
Ahora bien, no sólo el juez Peinado, sino también la Audiencia Provincial de Madrid consideran que existen motivos para continuar esa investigación en «el ámbito de la moderna delincuencia socioeconómica o relacionada con el concepto amplio de corrupción pública». ¿También le atribuye Sánchez a la Audiencia una intencionalidad política?
En todo caso, estos hechos, indiciarios según este tribunal de una «intermediación en la concesión de subvenciones en las que podría haber mediado algún tipo de contraprestación», requieren explicaciones por parte de Sánchez.
No basta con alegar, como hace el presidente en su carta, que su mujer es «trabajadora y honesta». Debe aclarar si estaba al tanto de las relaciones profesionales de su esposa con empresarios beneficiados luego por su Gobierno, si consultó con algún asesor jurídico sobre la compatibilidad de estas actuaciones o por qué elogió públicamente a Barrabés sabiendo que este compartía claustro y proyectos con Begoña Gómez.
Es evidente que estos hechos serían objeto de debate político en cualquier otro país democrático, y que por lo tanto es una farsa reducir todo el asunto a una campaña de desinformación y juego sucio.
El presidente ha desaprovechado una nueva ocasión para esclarecer las sospechas que se ciernen sobre la conducta, al menos imprudente, de su esposa.
En su lugar, y en línea con su modus operandi consistente en transformar los reveses en activos electorales, ha decidido instrumentalizar la citación del juez para pedir el voto para el 9-J. En el sumun de su demagogia, ha convertido estas elecciones en una especie de plebiscito sobre la honradez y la limpieza de su esposa, acentuando así la división de la ciudadanía y la indignación de buena parte de ella por la deriva que está tomando la vida pública.