La elección de González Rivas supone la ejecución de una de las patas del pacto entre el PP y el PSOE, que pasaba por no encumbrar al favorito inicial, Andrés Ollero. Su perfil encajaba perfectamente en el de presidente, pero sus 17 años como diputado del PP han pesado más. El magistrado ha mostrado su disgusto por la decisión de su ex partido de no apoyarle y por la de sus compañeros de la mayoría conservadora de inclinarse por González Rivas para salvar el pacto.
El TC vuelve a contar con 12 magistrados. Siete se incluirían en un llamado bloque conservador y otros cinco, en el progresista. O cuatro, según algunas opiniones, porque la candidata a vicepresidenta, elegida en su día por acuerdo del PSC y CiU, ha venido actuando en la práctica como parte del bloque mayoritario.
Esta circunstancia ha llevado a miembros de la minoría a reclamar que se siga con la tradición de ofrecerles la Vicepresidencia, favoreciendo así el diálogo entre los bloques y propiciando unanimidades. «Si estamos hablando siempre de consensos, mal empezamos», advierte uno de los magistrados.
El bloque mayoritario prefiere el perfil de Roca. A su reconocido prestigio como jurista –fue la primera catedrática de Derecho Civil de España– se suman dos poderosas circunstancias: es mujer en un tribunal al que se reprocha la escasa presencia femenina (son dos de 12) y, además, es catalana, lo que resulta más que simbólico en un tribunal que tiene en el desafío independentista su reto más delicado.
Los magistrados dan por hecho los nombramientos, pese a que la corta historia del TC ha ofrecido ya sorpresas en el último instante, favorecidas por el hecho de que los puestos los eligen los propios magistrados en voto secreto. De momento, Roca es presidenta provisional por antigüedad y quien ha fijado para mañana el Pleno del que saldrá la nueva Presidencia y Vicepresidencia.
Antes de que Roca le sustituyera en el sillón central, Francisco Pérez de los Cobos, el presidente saliente, ofreció un discurso de despedida centrado en la sentencia clave sobre el asunto clave: la que anuló la declaración de Cataluña como nación soberana. Pérez de los Cobos comenzó diciendo que el problema catalán «no puede ser resuelto» por el TC por sí solo y que debe ser solucionado con diálogo político, tal y como se sostuvo por unanimidad en la sentencia de 2014. «Por desgracia, desde aquel inicial pronunciamiento nuestro, la tensión no ha cesado. Creo que nuestro planteamiento de entonces y nuestra llamada al diálogo político siguen siendo válidas; diré más, creo que se han convertido en una necesidad inexcusable y urgente». Y ya situado en el plano más político que jurídico, añadió: «El diálogo político en democracia no puede ni debe ser una realidad episódica o coyuntural, a la que se recurra cuando las circunstancias la imponen, pues atañe a la esencia misma del sistema, su práctica debe ser permanente y a todos los niveles».
Recordó que aquella sentencia unánime tuvo dos objetivos: «restaurar la legalidad constitucional» y salvar el «derecho a decidir» como aspiración política. Esto último ha servido al Tribunal Superior de Cataluña para considerar que Artur Mas pudo pensar que su actuación en el 9-N tenía amparo constitucional. Frente a ello, Pérez de los Cobos recordó que esa aspiración sólo podía concretarse por los caminos de la Constitución y la Ley.
Sentados a su lado le escuchaban los magistrados que le han acompañado estos años y los cuatro ahora nombrados. Conforme al pacto PP-PSOE, dos se incorporarán al bloque conservador –Alfredo Montoya y Ricardo Enríquez, que repite– y otros dos, al progresista. Entre ellos, Cándido Conde-Pumpido, ex fiscal general del Estado con Zapatero-Rubalcaba. Fue en su día candidato sin éxito y hoy alcanza el TC favorecido por las peculiares circunstancias del PSOE. Estaba satisfecho, aunque fuera el único nombrado que no aplaudió al final de la toma de posesión. Todo lo contrario que su compañera de ticket progresista, María Luisa Balaguer, que celebró entusiasmada el acto que la incorporaba al Constitucional.