Durante el último Comité Federal del PSOE, Pedro Sánchez aseguró que sólo existía «un caso real» de corrupción que afectaba a «personas concretas», mientras que la «corrupción generalizada no existe».
Pero la acumulación de altos cargos de la Administración pública salpicados por investigaciones penales evidencia que el deterioro no es episódico, sino que la carcoma de la corrupción avanza de forma imparable de una institución a otra, infectando a los organismos capitales del Estado.
Pocos días después de que el juez Pedraz imputara a la presidenta de la SEPI en el marco del denominado caso Leire (lo que la convierte en la tercera responsable del holding público sujeta a investigación judicial), el magistrado de la Audiencia Nacional ha llamado a declarar como investigados por otra ramificación del mismo caso a la directora general de la Guardia Civil y al director adjunto operativo del cuerpo.
La imputación de la cúpula del instituto armado por presuntos delitos de prevaricación continuada y contra la Administración de Justicia constituye el desenlace lógico de las falsedades y contradicciones vertidas por González en las sucesivas versiones que ofreció sobre su relación con la exmilitante y conseguidora socialista Leire Díez.
Mientras la directora defendió en sede parlamentaria que sus contactos se limitaron a encuentros informales y ajenos a las causas judiciales, las agendas y UCO han acreditado reuniones de calado político.
Y la coartada del supuesto desconocimiento sobre las actividades de la «periodista» con la que se limitó a «tomar un café» queda definitivamente desmentida a la luz de la información que hoy publica EL ESPAÑOL. La directora general de la Guardia Civil mantuvo los contactos con Leire Díez incluso después de que el DAO le remitiera dos notas por escrito alertando de las maniobras de la fontanera del PSOE contra la UCO.
Días atrás, Sánchez confirmó que mantenía la confianza en la presidenta de la SEPI. Y ahora ha rebasado un nuevo límite, al ratificar también públicamente su apoyo a Mercedes González, que permanecerá en el cargo a pesar de estar investigada por delitos presuntamente dirigidos contra sus propios subordinados.
Este proceder refleja un acusado rebajamiento de los estándares de ejemplaridad y de rendición de cuentas exigibles en una democracia madura.
Resulta incompatible con el prestigio de la institución que representan que sus directivos mantengan la gestión ordinaria de organismos estratégicos mientras se defienden de imputaciones penales por delitos contra la Administración pública.
Y no cabe aquí, al igual que se hizo durante la crisis que afectó a la Fiscalía General del Estado, con esgrimir la presunción de inocencia del investigado.
Entonces el Gobierno permitió que el máximo garante de la legalidad terminara sentado en el banquillo de los acusados ostentando todavía el título de fiscal general. El paralelismo con el caso de Mercedes González (otro cargo que, encomendado con la misión de perseguir el delito, acaba él mismo investigado por cometer presuntos ilícitos) es demasiado estrecho como para acabar de la misma manera.
La presunción de inocencia pertenece al ámbito jurídico. Pero en el plano político, rige la lógica inversa: los únicos presuntamente inocentes son los ciudadanos.
Los gobernantes y altos cargos públicos no pueden convivir con la mancha de la sospecha delictiva: la mera imputación formal exige apartarse por respeto escrupuloso a la reputación de los entes que dirigen.
De ahí que la degradación institucional en cadena experimentada bajo el actual mandato presidencial resulte insoportable. Las urgencias políticas de la Moncloa y las maniobras defensivas para proteger al entorno del Gobierno han hecho partícipe a toda la arquitectura institucional del país de una inercia destructiva.
Son centenares los cargos orgánicos del PSOE o nombrados por él los que figuran como investigados en las decenas de causas judiciales abiertas, que además de a la SEPI, la Guardia Civil y la Fiscalía han involucrado a organismos como Renfe, Adif, Puertos del Estado, Enusa o Red.es.
Ante este escenario de desgaste en dominó, se entiende que Pedro Sánchez haya dado la instrucción de «resistir», cerrar filas y vetar cualquier cese en el organigrama estatal. Porque forzar nuevas dimisiones transmitiría un mensaje de debilidad y ofrecería una imagen de capitulación ante lo que catalogan de «guerra judicial».
Pero esta estrategia de supervivencia tiene un pequeño inconveniente: que la resistencia de Pedro Sánchez se hace a costa de la erosión del Estado. El numantinismo del presidente del Gobierno está provocando un fallo multiorgánico en las estructuras de nuestra democracia