- Con movimientos como el asalto a la Justicia y a la libertad de comunicación entre ciudadanos libres es como empiezan las guerras. Sánchez sabe perfectamente hacia dónde lleva a España. Pero le da exactamente igual las consecuencias que pueda tener para el país su aferramiento al poder
Se nos dijo que la amnistía era para pasar página y ya vemos que no lo ha sido porque los proyectos de secesión siguen exactamente igual. Desde el Gobierno se dice sin pestañear que los tribunales tienen que cumplir la ley aprobada por los legisladores: deben limitarse a hacerse eco de ella. Pero en realidad los tribunales están sujetos a la Ley, que no es exactamente lo mismo que someterse a una mayoría parlamentaria. Y eso es algo que tiene que verse necesariamente en la aplicación –o no– de la Ley de Amnistía.
En Cataluña hemos llegado a la singular situación de que las únicas sentencias del Tribunal Constitucional que son respetables son las que van en favor de los secesionistas. Cuando un TC anuló parte de un estatuto de autonomía catalán que rompía la Constitución, se puso en marcha un proceso de sedición. Ahora que ese mismo Tribunal Constitucional se ha vuelto una corte de casación del Supremo, que deja de hacer honor a su nombre, a los mismos secesionistas que les parecía muy mal la mera existencia del TC ahora les parece de perlas y defienden su actuación. Y la Justicia no es así. Máxime cuando una corte se extralimita en sus funciones.
Y ahora Bolaños denuncia la crítica de Núñez Feijóo a la falta de objetividad del TC cuando él mismo en 2022, denunciaba la supuesta parcialidad de ese mismo tribunal cuando no le daba la razón al Gobierno socialista. Es decir, Sánchez y los suyos están en posesión de la Verdad y eso no es discutible.
A cambio de mantenerse en el poder, Sánchez ha entrado de pleno en el juego del secesionismo. El argumento de su actuación política en Cataluña pasaba por lo que él y los suyos llaman «la normalización». A que el secesionismo no puede ser culpado de nada. Y si ya ha sido condenado, incluso por el Supremo, la normalización implica que los que fueron declarados culpables sean inocentes y los que eran inocentes, pues solo habían defendido el Estado de derecho y la Constitución, son ahora culpables. Una forma de normalización nunca antes vista. Por no hablar hoy del proceso de levantamiento de las penas a los condenados en el mayor caso de corrupción en nuestra historia. Uno a uno todos los condenados a prisión se van a ver en libertad. Todos menos uno van a salir de la cárcel: José Antonio Griñán. Él no va a salir porque inexplicablemente no ha entrado pese a su condena de cárcel. No hay como tener un amigo en el sitio adecuado.
En este contexto, la hostilidad extremadamente agresiva del Gobierno hacia la independencia judicial y hacia los medios de comunicación no afines aventura la conversión de España en un modelo político que, de entrada, va a ser una democracia muy defectuosa. Y una vez dado ese paso, la vuelta a una democracia razonablemente ejemplar como la que nos generó la Constitución de 1978 por la voluntad de la gran mayoría de los españoles de perdonar y tener paz, será muy difícil. Desde la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero al poder en 2004, se ha buscado la confrontación entre españoles. El objetivo está cada vez más cerca de alcanzarse. No es la primera vez que afirmo en estas páginas que con movimientos como el asalto a la Justicia y a la libertad de comunicación entre ciudadanos libres es como empiezan las guerras. Sánchez sabe perfectamente hacia dónde lleva a España. Pero le da exactamente igual las consecuencias que pueda tener para el país su aferramiento al poder. Él no intenta proveer a España de ninguno de los supuestos bienes políticos que menciona en su discurso. Su único propósito es conseguir atraer el voto del odio de la extrema izquierda para mantenerse a sí mismo en el poder. Ese es el único objetivo político que tiene prioridad absoluta. Y para quienes discrepamos, Sánchez sólo guarda odio. A los hechos me remito.