ABC 15/07/16
EDITORIAL
EL sectarismo, la demagogia y el odio que rezuma el independentismo catalán hacia todo lo que significa o tenga que ver con España se traducen en un desprecio absoluto hacia el Estado de Derecho y sus instituciones, hasta el punto de alcanzar cotas surrealistas. Prueba de ello es que el Parlamento autonómico aprobó ayer una moción presentada por la CUP para que la Generalitat prohíba los desfiles y otros actos militares en Cataluña, así como la presencia de las Fuerzas Armadas en cualquier centro educativo y la concesión de ayudas a la investigación y desarrollo de la industria armamentística, todo envuelto en un manto de pueril y falaz pacifismo cuyo auténtico fin es seguir avanzando en la construcción de la utopía soberanista.
Esta petición constituye, por un lado, una ofensa hacia todos los militares que se juegan la vida para garantizar la libertad, la seguridad y el bienestar del conjunto de los españoles; y por otro, un menosprecio intolerable hacia el Ejército, un pilar fundamental de la democracia cuyo papel recoge la Constitución y cuyas misiones humanitarias tienen un valor incalculable. Que la CUP, un partido antisistema que defiende la vulneración de la ley y el uso de la violencia en las calles, emplee el pacifismo como excusa para defender este tipo de propuestas es un insulto a la inteligencia. Lo más preocupante, sin embargo, es que también haya recabado el apoyo de JpS y Podemos. De hecho, la CUP contó incluso con el aval del PSC para que el Estado ceda el patrimonio inmobiliario del Ejército en desuso a la Generalitat o a los ayuntamientos, evidenciando, una vez más, la turbia deriva de los socialistas. Lo único que persigue esta moción es, según la hoja de ruta del separatismo, fomentar el odio y la división social en Cataluña.