Tres magistrados presentan su dimisión, rechazada por el presidente, para forzar la renovación del TC
El Tribunal Constitucional ha abierto una crisis inédita, después de que su vicepresidente, Eugeni Gay, y dos magistrados más -Elisa Pérez Vera y Javier Delgado- formalizaran por carta su dimisión ante el retraso de seis meses que acumula ya el Congreso en la designación de quienes deben sustituirles. Una demora que se ve agravada por tres precedentes: aún está vacante la cuarta plaza que corresponde elegir a la Cámara baja -la de Roberto García-Calvo, fallecido hace tres años-; el Senado aplazó hasta hace unos meses la designación que le compete de otros cuatro jueces, cuyos mandatos habían finalizado en 2007; y la hoy expresidenta del Alto Tribunal, María Emilia Casas, abroncó en su día públicamente al PSOE y al PP por no evitar un desacuerdo que impide cumplir en tiempo y forma el mandato de la Carta Magna sobre la renovación del TC. Anoche y en una maniobra controlada, el actual máximo responsable de la institución, Pascual Sala, rechazó las dimisiones, dejándolas como un aviso a navegantes para las dos fuerzas políticas mayoritarias. Su decisión acota el alcance de la crisis, pero ésta siembra inesperadas incertidumbres sobre procedimientos pendientes como el de la legalización de Sortu.
Los recursos de amparo ante el TC no tienen plazo, más allá de la evidencia de que el atasco en la institución prolonga las sentencias. Sin embargo, las particularidades que rodean el caso Sortu han extendido la convicción, en medios jurídicos, políticos y de la propia izquierda abertzale proscrita, de que la resolución definitiva sobre el nuevo partido se produciría más pronto que tarde. Es decir, a lo largo de este otoño, con margen para que la marca oficializada el pasado 7 de febrero por Rufi Etxeberria e Íñigo Iruin en el Palacio Euskalduna pudiera concurrir a las próximas elecciones generales. En esta convicción pesa la decisión adoptada por el Constitucional, por tan solo un voto de diferencia, a favor del ingreso en la legalidad de Bildu, después de que el Supremo bloqueara, también por un margen mínimo, su concurrencia a las urnas. En principio, el futuro de Sortu está en manos de la misma Sala del TC -la Segunda- que vio el recurso sobre Bildu. El empate registrado entonces forzó la intervención del Pleno, que resolvió a favor de Bildu por 6 votos a 5. Si se consumara la dimisión de Gay y de Pérez Vera -ambos encuadrados en el llamado sector progresista-, los conservadores serían mayoría en la Sala Segunda. No así en el Pleno, que seguiría inclinado hacia las sensibilidades más identificadas con la izquierda.
En estos momentos, el único acuerdo existente entre el PSOE y el PP sobre los cuatro asientos pendientes de renovar pasa por repartírselos equitativamente. Dado que se requiere una mayoría cualificada -tres quintos, 210 diputados- del Congreso, la designación pasa por un acuerdo entre populares y socialistas, a menos que la diferencia entre ellos fuera mucho más holgada de lo que es hoy. La incógnita ahora es si los partidos se darán por aludidos por el órdago lanzado desde el Constitucional para acelerar los cambios, en vez de mantener su desencuentro hasta después de las elecciones. El gran escollo de la negociación tiene nombres y apellidos: el magistrado y ex portavoz del Consejo del Poder Judicial Enrique López, propuesto a toda costa por el PP y vetado con la misma rotundidad por el PSOE. En cualquier caso, se abren nuevos interrogantes sobre cuándo se resolverá el recurso de Sortu, cuya legalización es piedra angular de las reivindicaciones de Bildu.
‘Incendio controlado’
Las insólitas renuncias formalizadas ayer en el TC constituyen una medida de presión, con golpe de efecto incluido, pactada entre los sectores progresista y conservador. La dimensión de la crisis fue acotada por el presidente Sala, a quien corresponde por ley «decretar» o no el cese de los magistrados y que es el único que podía administrar los tiempos para obligar a los dos grandes partidos a llegar a un acuerdo. Sala dejó pasar unas horas tras el anuncio de la dimisión para que el mensaje calara en el PP y el PSOE, y apagar luego el ‘incendio controlado’ que prendía en el Constitucional.
El máximo responsable del Tribunal justificó la no aceptación de los ceses por «el volumen de procesos pendientes»; la «insustituible función institucional» que cumplen sus magistrados como «garantes máximo de los derechos fundamentales y libertades públicas»; y la necesidad de «garantizar la continuidad y estabilidad» en el TC. Junto a ello, recordó de la forma más solemne a populares y socialistas «la necesidad de observancia de los plazos de renovación constitucional y legalmente establecidos». Y todo ello, según la propia resolución, con copia de la misma al rey Juan Carlos y a las más altas instituciones del Estado como los presidentes del Gobierno, Congreso, Senado y Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Pascual Sala esperó a que la dimisión en bloque se hiciera pública ayer, pero lo cierto es que sabía desde el pleno del martes que los tres juristas querían renunciar «por haber sobrepasado en más de seis meses el mandato de renovación prevenido en la Constitución». En su contundente carta, Gay asegura tener la sensación desde hace tiempo «de formar parte de un tribunal secuestrado».
El presidente al final jugó con los gestos y los tiempos, sin llegar a elevar el tema a una grave crisis institucional con un Constitucional muy ‘amputado’, pero que podía haber funcionado a pesar de las bajas. Con los ocho magistrados que hubieran quedado se alcanzaba aún el ‘quórum’ mínimo para tomar decisiones en pleno y cada una de las dos salas hubiese quedado con cuatro miembros, también el mínimo para poder funcionar. Pascual ya demostró que no le tiembla el pulso en 1996, cuando provocó ‘de facto’, siendo presidente del Poder Judicial, la disolución del Consejo. Tardó cuatro meses en decidir si aceptaba o no la renuncia de seis vocales, hasta lograr que los partidos le hiciesen caso.
DIARIO VASCO, 14/6/11