En noviembre de 1975, quince días antes de la muerte de Franco, tuvo lugar la llamada Marcha Verde sobre el Sahara. El Príncipe Juan Carlos había sido nombrado a final de octubre jefe del Estado español en funciones debido al agravamiento de la enfermedad del dictador, que tuvo que ser intervenido en el Pardo y posteriormente hospitalizado. La ONU había encargado a España la organización de un referéndum de autodeterminación a semejanza del celebrado en Guinea en 1968, en el marco del proceso de descolonización iniciado en las antiguas provincias africanas. Hassan II aprovechó la crisis del poder franquista para invadir el territorio saharaui con miles de civiles desarmados y algunas columnas militares camufladas, con el apoyo más o menos explícito de Estados Unidos y Francia. Durante tres tensas jornadas la guerra fue una posibilidad inmediata. Al final, Hassan ordenó la retirada y el acuerdo de Madrid estableció un calendario de desalojo bajo la mediación de Naciones Unidas y la firma de España, Marruecos y Mauritania. Un mes más tarde, la Resolución 3458 B confirmó el derecho de libre decisión de las poblaciones saharianas originarias y reiteró la necesidad de una consulta para expresarla. Las tropas españolas se marcharon, los dos países fronterizos ocuparon la zona en disputa y el Frente Polisario proclamó en febrero del 76 la fantasmal República Árabe Saharaui Democrática.

Ese limbo jurídico ha permanecido, con algunos avatares, durante medio siglo. Marruecos se ha anexionado de facto la región, aunque España sigue teniendo un estatus oficial de potencia supervisora que en la práctica no ha ejercido. El Polisario, cuyas banderas ondeaban en los congresos del PSOE durante el felipismo, hostiga sin demasiado éxito a los ocupantes bajo la protección de una Argelia siempre dispuesta a incordiar a su tradicional enemigo. No se ha producido ninguna transferencia de soberanía con validez efectiva, pero la política de hechos consumados ha ido consolidando las pretensiones del régimen alauita. La principal novedad reciente ha consistido en que el Gobierno de Pedro Sánchez, bajo los auspicios del Departamento de Estado americano, aceptó en 2022 el plan marroquí de autonomía –es decir, de incorporación– como un proyecto «serio, creíble y realista». Esta decisión, un giro diametral de la posición española, se produjo de manera unilateral mediante una simple carta redactada en francés y dada a conocer por Rabat, sin debate previo, sin consulta ni autorización del Parlamento y sin traslación a ninguna clase de tratado o acuerdo de Derecho.

Del comienzo de esa histórica vergüenza nacional también se cumple el cincuentenario este año. Quizá en noviembre, cuando termine de conmemorar la desaparición de Franco, el presidente encuentre un momento para explicar en el Congreso las razones de su cambio. Y si tienen algo que ver con Pegasus.