La reunión de ayer del Pacto Nacional por el Referéndum, una plataforma pensada para presionar a Catalunya en Comú –el partido que agrupa al partido de Colau, ICV y sectores de Podemos–, vino prologada por una advertencia del Govern: pasara lo que pasara en el encuentro de la tarde no iba a cambiar la apuesta de la Generalitat por el referéndum unilateral. En los próximos días el Ejecutivo catalán «se reafirmará en su compromiso de poner las urnas y celebrar un referéndum en Cataluña», aseguró la portavoz, Neus Munté.
El presidente de la Generalitat lo confirmó al final de la reunión del Pacto Nacional, que se cerró sin acuerdos de importancia debido a las diferencias entre sus miembros con respecto a la vía unilateral. Los independentistas no quieren esperar más; los comunes no quieren renunciar a buscar un acuerdo con el Estado. Mientras tanto, todos tienen un ojo puesto en unas eventuales elecciones autonómicas, que podrían convocarse cuando se constate que la oposición del Gobierno español al referéndum impide su celebración.
Pese a todo, la reunión del Pacto Nacional empezó con sorpresa, cuando lo primero que hizo la ejecutiva de la plataforma fue disolverse. Con todos los focos puestos sobre ese encuentro, el último foro de debate que une a los independentistas y a los comunes, el Pacto se quedó fuera de juego por voluntad propia.
Con ese movimiento, y a escasas horas de que Puigdemont anuncie la fecha y la pregunta del referéndum de autodeterminación que planea convocar en otoño, los independentistas pretendían forzar a los comunes a que abandonen su ambigüedad sobre la votación unilateral que plantean. Pero Colau y su entorno prefieren esperar al desarrollo de los acontecimientos; por ejemplo, saber si el anuncio de la convocatoria de la consulta activa los resortes del Estado y en qué medida.
El coordinador del Pacto Nacional, Joan Ignasi Elena, explicó al inicio de la reunión que su trabajo ya había concluido. Consciente de que la pluralidad de instituciones y partidos que acoge el órgano iba a impedir ir más allá de pedir un referéndum pactado entre el Gobierno español y el catalán, el ex dirigente socialista instó a la Generalitat a «seguir negociando» y a mantener la plataforma en todo caso como órgano de debate.
Ante esta situación, los partidos presentes en la reunión tomaron dos caminos distintos. Los independentistas reclamaron que se fije ya la fecha y la pregunta del referéndum unilateral y que el Pacto Nacional se convierta en la «comisión de garantías» de la celebración de la votación.
Esta última fue la posición de la CUP, uno de cuyos representantes en la reunión, el diputado Benet Salellas, dijo que quieren que «el Pacto Nacional por el Referéndum impulse el debate ciudadano sobre el sí y el no a la independencia».
La CUP fue también quien más cargó contra la indefinición de los comunes, cuyo apoyo es clave para que amplios sectores de la población se impliquen en el referéndum. En este sentido, Salellas criticó a «la minoría que querría utilizar el Pacto como prolongación del procesismo», en clara referencia al partido de Colau y sus socios.
Cuando Puigdemont tomó la palabra, aseguró que no «cierra la puerta a la negociación con el Estado», pero que eso «no frena la acción del Govern». A continuación, el president anunció que «en los próximos días» pondrá fecha y pregunta al referéndum unilateral.
Sin embargo, los comunes y Catalunya Sí que es Pot –la marca que aglutina en el Parlament a Podemos, ICV y el entorno de Ada Colau– no se dan por vencidos. Gerardo Pisarello, que representó al Ayuntamiento de Barcelona por la baja maternal de la alcaldesa –que, en cambio, sí estará mañana en otro acto–, pidió que el Pacto se mantenga vivo y siga trabajando para una consulta «vinculante». Xavier Domènech, diputado de En Comú Podem en el Congreso y también dirigente del partido de Colau, exigió lo mismo.
Por «vinculante» este sector entiende que en la votación haya garantías para los trabajadores públicos, que interpele a amplios sectores de la población –también a los que votarían no a la independencia– y que tenga reconocimiento internacional, una condición que la Comisión de Venecia del Consejo de Europa ya ha dicho que no se cumplirá si el referéndum es unilateral.
Tras la reunión, Domènech luchó por escapar de la disyuntiva en la que quieren situarles los independentistas y habló de la necesidad de que los que quieren un referéndum continúen «firmes contra las acciones del Gobierno del PP», por ejemplo apoyando la moción de censura contra Mariano Rajoy.
Pero también dejó claro que los comunes no avalan un referéndum unilateral: «Las vías rápidas van en contra de las propias aspiraciones»; «es a partir del 80% de catalanes [partidarios del derecho a decidir] que se conseguirá hacer un referéndum efectivo y con garantías».
Sindicatos como UGT y CCOO, también presentes en la reunión, pidieron que se proteja a los funcionarios. El Gobierno vigila cada paso de la Generalitat y la Mesa de Contratación para comprar urnas ya tuvo que constituirse con altos cargos por el temor de los trabajadores públicos a represalias. Puigdemont dijo durante la reunión de ayer del Pacto que los funcionarios no correrán riesgos.