Ignacio Varela-El Confidencial

Los dirigentes de ERC ya han traducido la oscura expresión “activar la vía política” que hicieron tragar a los socialistas en su segunda sesión extorsionadora de conversaciones

Se vislumbran con más claridad los verdaderos términos de la negociación entre el presidente y el presidiario, entre el partido de Sánchez y el de Junqueras. El primero solo quiere ser investido, cueste lo que cueste y nos cueste lo que nos cueste. El segundo quiere mandar en Cataluña con manos libres para avanzar sin obstáculos hacia la segunda intentona secesionista. Lo que buscan es la forma de que cada uno entregue al otro lo que desea.

Los dirigentes de ERC ya han traducido la oscura expresión “activar la vía política” que hicieron tragar al PSOE en su segunda sesión extorsionadora. “Activar la vía política” significa desactivar todas la demás, dejando inerme al Estado de derecho. Ese es el auténtico precio de la abstención de ERC: un Gobierno para Sánchez a cambio de que Sánchez consienta en desarmar el Estado en lo que se refiere a Cataluña.

“Activar la vía política” significa sacar las conversaciones de los ámbitos institucionales regulares (Congreso y Senado, Parlamento de Cataluña, órganos de coordinación entre el Gobierno central y el autonómico) para crear un espacio negociador propio del trato bilateral entre naciones soberanas.

Significa también que el Estado renuncie a lo que ellos llaman “vía represiva”, que no es otra cosa que la aplicación de la ley. Marta Vilalta dijo este lunes con toda claridad que “la solución política pasa por abandonar la judicialización y la represión”. Pasa por asegurarse, entre otras cosas, de que en ninguna circunstancia se recurrirá al 155 o a cualquier otra medida excepcional (esa función de tapón se atribuye al vicepresidente Iglesias).

Todo pasa también por neutralizar el poder judicial en lo que se refiere al llamado “conflicto político”. Singularmente, al Tribunal Constitucional. Se reclama de un Gobierno de Sánchez e Iglesias que se abstenga de impugnar las decisiones ilegales que se tomen en Cataluña. Que se las arregle para mantener embridados a los fiscales; por ejemplo, para que no se opongan a la inminente puesta en semilibertad de los políticos condenados por el Tribunal Supremo. Que desaparezca todo rastro de presencia de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en Cataluña (no es casualidad que se inicie la retirada en plena negociación).

La “solución política” pasa, en fin, por debilitar al máximo al jefe del Estado, para que jamás se repita lo del 3 de octubre de 2017. Rubén Amón ha explicado la posición extremadamente peligrosa en que se está colocando al Rey. Por una parte, la presencia en el Consejo de Ministros de un partido beligerante contra la institución que representa. Por otra, el suceso insólito de que tres de los cinco partidos que sabotearán las consultas para designar al candidato (ERC, BNG y Bildu) se disponen a contribuir con sus votos a la investidura y a integrarse de hecho en la mayoría parlamentaria del oficialismo.

En nuestro sistema constitucional, el Rey no puede defenderse de los ataques que recibe: se supone que para eso está el Gobierno. Por pura higiene institucional, un presidente consciente de su responsabilidad no tendría nada que hablar con quienes se niegan a hablar con el jefe del Estado.

Los independentistas saben bien que al primer ‘procés’ no lo derrotó el Gobierno sino la acción combinada de los poderes del Estado. Cuando el ejecutivo, los partidos constitucionalistas, el Parlamento, la Corona, el poder judicial y las fuerzas policiales se alinearon en la misma dirección, la sublevación se desmoronó. Eso es precisamente lo que se quiere impedir en el futuro. De eso, aunque no se admita, trata el fondo de esta negociación.

En la trastienda se desarrolla una lucha feroz por el poder en Cataluña y por el liderazgo del segundo ‘procés’, que para los separatistas debería ser el definitivo. Al margen de su sórdida revancha personal, Puigdemont y Junqueras comparten lo esencial, el espíritu del ‘ho tornarem a fer’. Dos cosas los separan: quién manda y cómo se hace.

Puigdemont, sus cortesanos de Waterloo y sus delegados en Cataluña pretenden repetir la asonada cuanto antes, con el 47% de los votos. Y creen que el mejor escenario para sus planes es el bloqueo indefinido de la política española. Un Gobierno siempre en precario y los partidos españoles enredados en una campaña electoral eterna.

Junqueras prefiere fortalecer el independentismo hasta alcanzar la mayoría del 60% que Iceta señaló como objetivo. Para ello necesita tiempo; y en ese tiempo, ejercer el poder a discreción, eliminando los obstáculos que en la sociedad catalana se oponen al designio final. Para ello no solo tiene que hacerse con el control de la Generalitat; también debe contar con un Gobierno central dispuesto a enervar la acción en defensa propia del Estado a cambio del oxígeno que necesita para nacer y sobrevivir. Junqueras posee esa botella de oxígeno, y sabe que el único Gobierno español capaz de prestarse al trueque es el resultante de la coyunda entre Iglesias y Sánchez.

Quien albergue alguna ilusión sobre el proyecto político de ERC y sus objetivos en esta negociación debe leer la ponencia política que ese partido aprobará el 21 de diciembre en su congreso. El texto no permite el menor engaño. Tras la lectura, la perspectiva de que el Gobierno de España dependa de semejante tropa resulta aún más estremecedora.

La investidura de Sánchez se ha convertido, pues, en la pieza central de la batalla por el poder en Cataluña. Los dirigentes catalanes se han quejado mucho, con razón, del uso de la política catalana como instrumento de competición partidaria en el resto de España. Ahora sucede lo contrario: la política española y su Gobierno son el utensilio con el que las facciones del nacionalismo se disputan el poder doméstico en Cataluña.

De la misma forma que el PSOE ha aceptado ‘sucursalizar’ su estrategia respecto a la del PSC, la política española en su conjunto se ha hecho subalterna de la catalana. ¿Culpa de los nacionalistas? Más bien, su mayor triunfo. La culpa es del Fausto que se presta —y nos expone a todos— al juego mefistofélico.

La peor de las falacias de la propaganda oficial es pretender que todo esto es normal. Será lo que se quiera, menos normal. Sánchez mintió al afirmar que no sería presidente a cualquier precio. Ignacio Rodríguez Burgos, de Onda Cero, observa atinadamente que no será a cualquier precio: será al más caro.

(Posdata: por justicia retributiva, ese Barça-Madrid en el que nadie garantizará el orden público ni la seguridad de las personas debería jugarse el día 18… en Buenos Aires).