Acostumbrados a vivir bajo la amenaza de atentados o extorsiones, concejales, magistrados y empresarios del País Vasco han acogido sin mucha convicción la tregua de ETA y esperan un cese definitivo de la violencia para suavizar su seguridad.
«Como los Sicilianos, vivo con la escopeta colgada encima de mi cama»: para Joseba Marcaida, la imprecisa tregua anunciada por el grupo armado independentista vasco en septiembre sólo ha distendido el ambiente, sin cambiar nada en el fondo.
Al igual que otras 1.300 personalidades locales, este ex concejal que preside la asociación «Zaitu», integrada por las personas amenazadas por ETA, sigue saliendo acompañado por guardaespaldas armados.
«Vivo con escoltas desde hace 12 años. Es una limitación añadida a mi vida. No puedo moverme sin escolta», afirma en la sede de su asociación en Bilbao.
«La amenaza es menor hoy en día», reconoce Marcaida, pero sigue siendo «escéptico» con la idea de dejar de usar guardaespaldas y no olvida los cuatro intentos de incendio de su casa y los «kilómetros» de grafitis con amenazas contra él escritos en los muros de su barrio.
El periodista vasco Gorka Landaburu, víctima en 2001 de un paquete bomba de ETA que la causó la amputación de varios dedos, reconoce vivir hoy «más tranquilamente que hace unos meses», aunque no por ello, ha «bajado la guardia» y sigue estando escoltado por dos guardaespaldas.
Efecto conjugado de la crisis económica y la pausa de ETA, cuyo último atentado en suelo español se remonta a agosto de 2009, el gobierno regional anunció una reducción del 10% en su partida 2011 para la protección de «personas amenazadas», con 88 millones de euros (115,5 millones de dólares).
Pero el responsable de Interior del gobierno regional vasco, Rodolfo Ares, se ha comprometido a «hacer más con menos» dinero, teniendo en cuenta que entre las últimas víctimas de ETA figuraron, en 2008, un concejal socialista y un empresario que no tenían protección.
El reciente robo en Francia de material para fabricar documentos de identidad por un presunto comando de ETA, «confirma que ETA todavía no ha tomado la decisión de dejar definitivamente la actividad terrorista», advirtió Ares, pidiendo la mayor «prudencia», mientras los empresarios siguen recibiendo cartas reclamando el pago del denominado «impuesto revolucionario».
Preguntado por la AFP, la consejería de Interior vasca rechazó dar el más mínimo detalle sobre el dispositivo de protección, alegando que «la protección de las personas amenazadas por el terrorismo es tratada con reserva absoluta».
El periodista especialista del tema de ETA, Florencio Domínguez, considera que ha habido que «reajustar los niveles de protección» en los últimos meses, ante un dispositivo «gigante», «costoso» y que no se había actualizado en años.
Algunos responsables renunciaron ellos mismos a los guardaespaldas, pero más por elección personal que por pensar que están más seguros ahora.
Ex dirigente de la organización patronal vasca Adegi, José Maria Ruiz Urchegui, anunció así que tomaba esa decisión porque estaba «cansado, más bien harto de la falta de libertad» que ello suponía.
Más discretamente, un universitario vasco dice a AFP haber renunciado a sus escoltas, pese a haber figurado en dos ocasiones en las listas de objetivos del grupo que en más de 40 años de atentados ha matado a 829 personas.
«Me parecía una exageración que pudieran pensar en mí cuando hay más personas mucho más comprometidas o relevantes que yo. Es una reflexión que han hecho muchos y a algunos les ha salido mal, por desgracia», afirmó.
TERRA PERÚ, 29/12/2010