ABC 22/12/14
EDITORIAL
LA apertura de oficinas autonómicas en el exterior constituye, sin duda, uno de los grandes paradigmas del despilfarro que han protagonizado algunos gobiernos regionales en los últimos años, y no tanto por el dinero público destinado a su mantenimiento, que también, sino por la absoluta inutilidad de las mismas, ya que su creación ha duplicado servicios administrativos, generando gastos redundantes e innecesarios al conjunto de los contribuyentes. Prueba de ello es que la paulatina integración de dichas entidades en la red de representaciones que posee España en el extranjero ha supuesto un ahorro a las arcas públicas de 3,5 millones de euros hasta el pasado noviembre y, una vez completado el proceso, la reducción de gastos rondará los 22 millones de euros en un plazo de tres años. En este sentido, cabe recordar que las comunidades autónomas llegaron a acumular un total de 166 embajadas repartidas por el mundo, pero un mínimo de 132 son prescindibles, puesto que podrían incorporarse a la estructura diplomática del Gobierno, lo cual refleja a la perfección los excesos cometidos a nivel autonómico.
El ahorro derivado de esta integración contrasta, sin embargo, con la política de derroche e ineficiencia que se empeña en mantener Cataluña. Así, la Generalitat que preside Artur Mas no solo se niega a incorporar sus más de 30 oficinas en las Embajadas del Estado, sino que, además, pretende abrir nuevas delegaciones en 2015, con el gasto extra que ello supone, para desarrollar actividades de lo más variopintas, desde exposiciones a lectura de poesía. En concreto, Cataluña ha destinado más de 75 millones de euros a políticas de acción exterior en los últimos tres años, a pesar de la crisis y del pésimo estado de sus cuentas públicas, demostrando, una vez más, la ruinosa gestión de los nacionalistas y su nulo respeto al interés general.