LIBERTAD DIGITAL 21/10/16
Junts pel Sí y la CUP negocian más impuestos a las grandes fortunas, sobre la venta de pisos, los depósitos bancarios y las bebidas azucaradas.
La desconexión entre Cataluña y España avanza sin pausa en la cámara regional a pesar de las advertencias del Tribunal Constitucional y la denuncia de la Fiscalía contra Carme Forcadell, presidenta del parlamento, por desobediencia reiterada. Se dan pasos para la creación de ambiciosas estructuras de Estado y este jueves el ‘Parlament’ ha aprobado la tramitación de la proposición de ley para la creación de la hacienda del hipotético estado catalán. El texto alude a la creación de la junta de tributos, el consejo fiscal y el instituto de investigación fiscal y fraude tributario. La oposición ha enmendado la totalidad de la proposición, pero los votos de Junts pel Sí y la CUP han sido suficientes para superar el escollo.
Igual ha sucedido con la ley que pretende la creación de una agencia pública de ciberseguridad e inteligencia, una propuesta defendida en la tribuna por la consejera portavoz del ejecutivo autonómico, Neus Munté. Según esta dirigente separatista procedente de la UGT, «Cataluña recibió el año pasado 216 millones de ataques informáticos» y se registraron más de once mil incidencias en los servicios de la Generalidad por ese motivo. Esa fue la justificación de Munté para contextualizar la nueva agencia, un servicio que sustituirá al Cesicat y que servirá para que la Generalidad se haga con el control y la información de las redes y pueda vulnerar la privacidad de las comunicaciones de los ciudadanos de Cataluña.
«Proteger» a las empresas y particulares
En opinión de la consejera, «se necesita un servicio público de ciberseguridad que nos permita garantizar la protección de nuestros ciudadanos». En el trámite parlamentario, Munté también afirmó que no sólo velarán por las entidades públicas, sino también por entidades sociales, empresas privadas y ciudadanos particulares.
En paralelo, Junts pel Sí y la CUP negocian la confección de los presupuestos, una discusión que de no llegar a un desenlace de consenso debería precipitar el adelanto electoral, según dijo Puigdemont. Los antisistema exigen un impuesto especial para las grandes fortunas, subir el de patrimonio, gravar los depósitos bancarios, las transacciones inmobiliarias y las bebidas azucaradas, reclamaciones que Oriol Junqueras, líder de ERC y vicepresidente económico está encajando a martillazos en su proyecto de números autonómicos.
Así pues, continúa la desconexión y la desobediencia sin que las respuestas judiciales tengan el más mínimo efecto sobre los cabecillas del frente separatista. La escalada dialéctica pretende calentar el ambiente para lograr una gran movilización ciudadana en el momento en el que Artur Mas se siente en el banquillo de los acusados en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por el referéndum ilegal del 9-N. Y casi dos años después, la estación término del independentismo vuelve a ser otro referéndum, en este caso previsto para septiembre del próximo año.