ABC 09/05/17
· En las alegaciones advierte al TC de actuar «por exceso» si cede ante el Gobierno
El Parlamento de Cataluña reconoce que la disposición adicional 40 de las cuentas de la Generalitat para 2017, recurrida por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional (TC) no tiene como objetivo «la celebración de un referéndum», puede ser «un mero brindis al sol», no es «vinculante» ni contiene un «mandato imperativo» para el gobierno autonómico y tiene «dos enunciados aparentemente contradictorios».
Por lo tanto, en las alegaciones al TC, en respuesta a la Abogacía del Estado, se solicita que tanto la disposición citada como las partidas presupuestarias que hacen referencia a otros procesos electorales y consultas, también recurridas por el Gobierno, sean declaradas plenamente constitucionales y se levante la suspensión de su aplicación.
Para el Gobierno, sin embargo, estas partidas permitirían dotar a la Generalitat de los recursos necesarios para organizar, convocar y celebrar un referéndum secesionista.
Además de estas líneas argumentales del Parlamento de Cataluña, en el texto de alegaciones –conocido ayer al publicar el documento el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña (BOPC)–, se apuntan aspectos políticos –no solo jurídicos– y se llega a señalar, incluso, que si el TC acepta la petición de inconstitucionalidad del Gobierno estará «actuando por exceso, puesto que también es evidente que las partidas (recurridas) admiten su uso para finalidades perfectamente constitucionales». De la misma manera, se acusa de «preventivo» el recurso del Gobierno, se indica que este se presentó «sobre un escenario de conflictividad constitucional» –entre el Gobierno y la Generalitat– y se queja por la inexistente «argumentación» de la Abogacía del Estado a la hora de señalar «cuál es la concreta vulneración constitucional» de las partidas recurridas.
Finalmente, advierte al TC de que si se mantiene la suspensión –que es automática tras el recurso del Gobierno, y por un plazo de cinco meses– se producirán «daños reales y perjuicios irreparables». Básicamente, añade, «daños políticos, aunque posteriomente se acaben traslando a los ámbitos económicos», y que solo harán que «retrasar el momento en que la vía política puede encontrar una solución a dicha conflictividad».