ABC – 10/11/15
· La Cámara autonómica aprueba una declaración unilateral encubierta por 71 votos a favor y 63 en contra, en una sesión sin épica y sin júbilo ciudadano.
· Tensión entre JpS y la CUP. Artur Mas no aplaudió la intervención de la representante de la CUP, lo que cortó de raíz el amago de ovación de los suyos
· Crisis en Catalunya Sí que es Pot. Joan Giner denunció que la dirección del grupo le amenazó con la expulsión si rompía la disciplina de votos: él y otros miembros preferían la abstención
· La derrota del plebiscito. La oposición recordó que en las elecciones del 27-S las formaciones secesionistas perdieron el plebiscito: solo obtuvieron el 48% de los votos
· La consulta y el Muro de Berlín. Mientras los independentistas recordaban que hace un año se celebró la consulta, la oposición aludía a la caída del Muro, que tuvo lugar también un 9-N
Estaba llamado a ser un día histórico, pero solo un centenar de personas se concentraron ante el Parlamento catalán para seguir, a través de una pantalla gigante, la aprobación del acuerdo de ruptura pactado entre Junts pel Sí y la CUP. Ese grupo incluía ciudadanos a favor y en contra de la independencia, lo que visualmente se tradujo en una pugna entre banderas españolas y esteladas. Poca épica, la vivida de puertas afuera. Tampoco dentro de la Cámara catalana.
Como estaba previsto, esa declaración unilateral de independencia encubierta fue aprobada por 72 votos a favor –los de las dos formaciones impulsoras– y 63 en contra –los de PP, PSC, Ciudadanos y Catalunya Sí que es Pot–. Solo nueve diputados de diferencia. Mientras la bancada separatista aplaudía en pie el resultado de la votación, la de los populares exhibía las enseñas española y catalana. Y fiel a su equidistancia, la coalición participada por Podemos mostró carteles favorables a un referéndum sobre el futuro de Cataluña. Una fórmula pactada con el Estado que incluyeron en una resolución, pero se quedaron solos en su defensa.
El debate parlamentario era el preámbulo a la sesión de investidura que tuvo lugar por la tarde, con la CUP enrocada en no apoyar a Artur Mas como presidente de la Generalitat. De ahí que, a pesar del tándem formado por los antisistema y JpS para defender la desconexión de España, no hubo gestos de complicidad entre ambos. Mas se negó a aplaudir la intervención de Anna Gabriel, diputada de la CUP, lo que cortó de raíz el amago de ovación de los suyos.
Pese a ello, los representantes de ambos grupos cerraron filas en torno a un documento que supone el primer paso en un proceso constituyente que incluye el desacato a las instituciones españolas, especialmente al Tribunal Constitucional –que irremisiblemente deberá pronunciarse sobre esta resolución– y la aprobación de tres leyes cuya finalidad es construir estructuras de Estado –ley del proceso constituyente, de Hacienda pública y de Seguridad Social, que comenzarán a tramitarse antes de un mes–. El texto dictamina que hay un «mandato democrático» salido de las urnas en las elecciones autonómicas del pasado 27 de septiembre, para que, de forma «pacífica», Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de república, tras la aprobación de una Constitución catalana. También prevé la negociación con el Gobierno de España, la Unión Europea y la comunidad internacional. El documento contiene un anexo que establece un plan de choque de carácter social para combatir la pobreza energética y defender el derecho a la vivienda y al aborto.
Romeva-Munté
Abrió la sesión parlamentaria Raül Romeva, cabeza de lista de JpS y que, como otros líderes de grupo, debutaba en la Cámara catalana. Su nombre se ha unido al de la vicepresidenta de la Generalitat, Neus Munté, como posible alternativa a Artur Mas. Excomunista el primero, exsindicalista la segunda, el perfil de ambos compañeros de filas podría desbloquear las negociaciones con la CUP. Munté convocó a los medios para excluirse de esas quinielas, mientras que Romeva prefirió centrarse en su intervención.
Tras dar por finalizada la etapa autonómica, Romeva hizo un llamamiento a emprender el camino hacia un estado catalán independiente en forma de república porque, según dijo, se trata de una «emergencia nacional». Advirtió: «Esto ya no se puede parar, si no somos nosotros serán otros, ha llegado el momento de ir a por todas». Recordó que, justo hace un año, «millones de personas hicieron cola para decidir su futuro, no era el referéndum que queríamos y acabó muy mal, con tres personas querelladas», en alusión al simulacro de consulta celebrado el 9 de noviembre de 2014, así como los procesos judiciales abiertos contra Mas, la vicepresidenta y la consejera de Educación de la Generalitat.
Al respecto, acusó al Gobierno de responder con «insultos, amenazas y querellas» a la petición de diálogo y las manifestaciones pacíficas. «¿Dónde está la decencia?», se preguntó. Por su parte, Anna Gabriel defendió el acuerdo de ruptura como instrumento para hacer frente a la «imposición españolista», dado que el Estado español «no nos representa, pues la democracia es la voluntad de la gente y no puede ser revocada por ninguna institución». Gabriel calificó su proyecto de «anticapitalista» y de «insubordinación democrática».
Por contra, los grupos de la oposición rechazaron el acuerdo y coincidieron en advertir de que JpS y la CUP no tienen legitimidad para impulsar un proceso de esas características, pues el plebiscito planteado el 27-S supuso una derrota para las dos fuerzas independentistas, ya que solo lograron el 48% de los votos. Y si hace un año tuvo lugar una consulta, los partidos no independentista recordaron que el Muro de Berlín también cayó un 9 de noviembre.
Por parte de CSQP, Joan Coscubiela dijo que la desconexión solo puede hacerse mediante un referéndum, que su partido propone para 2016. La propuesta unilateral, manifestó, «es una declaración de insurgencia tan curiosa como inviable, llena de épica». Coscubiela denunció el «fariseísmo» de Junts pel Sí por apoyar el desacato al Constitucional el mismo día en que presentaba recursos ante este mismo tribunal. Asimismo, avisó de
que «no podemos constituirnos en una aldea gala en un mundo interconectado», pues JpS y la CUP «cada vez tienen menos aliados políticos». Esta formación vivió ayer su primera crisis, después de que el diputado Joan Giner denunciara que la dirección de su grupo le amenazó con la expulsión si rompía la disciplina de voto, pues se inclinaba por la abstención. Una postura que otros miembros del partido apoyaban para desmarcarse del «búnker».
El presidente del Grupo parlamentario del PP, Xavier García Albiol, tildó de «perversión» una proposición que «violenta la ley» y aseguró que su partido «no permitirá que se tenga que usar el pasaporte para salir de Cataluña». Albiol, que presentó en castellano su enmienda a la totalidad del texto separatista, cree que el acuerdo pretende salvar a Mas bajo el chantaje de la CUP. Tuvo un recuerdo para todas las personas que se desplazaron a Cataluña en los años cincuenta y sesenta, como, por ejemplo, su padre, de origen andaluz, que «me enseñó a sentirse orgulloso de la bandera catalana». «Este proceso no es nada pacífico porque violenta la ley. Ustedes no van en contra de España, van en contra de lo mejor que ha dado Cataluña», que es la «unidad», dijo el dirigente popular.
También en castellano, Inés Arrimadas, jefa del grupo parlamentario de Ciudadanos y que ejercerá de jefa de la oposición en esta legislatura, denunció que «los mismos que tienen al tesorero en prisión dicen que no cumplirán la ley», en referencia a Andreu Viloca, implicado en la financiación irregular de CDC. Según Arrimadas, la conversión de Artur Mas al independentismo pretende tapar los casos de corrupción que afectan a los convergentes. Recordó que el 27-S el independentismo «perdió el plebiscito», lo que demuestra que «ustedes no han convencido a la mayoría de los catalanes porque esto es una locura. No tienen ni mayoría para cambiar el Estatuto y quieren declarar la independencia», dijo Arrimadas. «España hay que reformarla, no romperla», concluyó.
El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, hizo notar que el acuerdo de desconexión de Junts pel Sí y la CUP es «un eufemismo» porque, en realidad, es una «declaración unilateral de independencia». Consideró un «disparate» apelar al desacato al Tribunal Constitucional, lo que genera «inseguridad jurídica» y costes para los ciudadanos. En su intervención, Iceta dijo que la resolución nunca debió ser admitida a trámite por la Cámara catalana y que con el 48% de los votos «no se ganado ningún plebiscito». Precisó que «cualesquiera que hubieran sido los resultados de las elecciones, no es posible ignorar la legalidad», y recordó que «la historia nos demuestra que colocarnos fuera de la ley conduce a la derrota».