ABC 14/07/17
EL Gobierno no quiere que en agosto se produzca una paralización de la actividad política y ha pedido a sus parlamentarios que no se alejen demasiado de Madrid y que contraten vacaciones cancelables. La petición revela el estado de tensión que ha generado el desafío separatista y también la capacidad que sigue teniendo el nacionalismo para condicionar la vida política. Es evidente que el proceso separatista, a medida que se acerca a su «día D», el 1 de octubre, obliga al Estado a tener que preparar respuestas políticas, además de las que está promoviendo ante los tribunales de Justicia. La irresponsabilidad de los dirigentes nacionalistas de Cataluña no se toma vacaciones. El Parlamento nacional es el foro adecuado para replicar políticamente al separatismo porque es la sede de la soberanía del pueblo español, cuya ruptura es el objetivo principal del desafío secesionista en Cataluña.
La imagen de unos parlamentarios pegados a sus móviles es para preguntarse si se podría haber evitado esta situación, o, al menos, haber tomado la iniciativa con decisiones que habrían estado justificadas desde la primera consulta ilegal, el 9–N de 2014. El proceso separatista no es sólo una suma de conductas individuales ilegales, sino también el ejercicio desleal de las competencias que la Constitución puso en manos de la Generalitat para el gobierno de su autonomía. El problema, está claro, no es que los grupos parlamentarios del PP puedan ver sus vacaciones interrumpidas, sino que una prudencia mal entendida ha dejado que se enquiste una situación de insubordinación constitucional constante, que lleva a tomar precauciones insólitas como la de condicionar la movilidad de sus señorías. Y sin aplicar la Constitución lo que aumenta es la quiebra del orden constitucional. Hay que elegir.