El escrito remitido desde Navarra fue recepcionado el pasado 5 de diciembre en el juzgado. La declaración remitida a la Audiencia fue firmada por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra. En su texto se indica que el Parlamento de Navarra «expresa su compromiso por la paz y la convivencia en Altsasu/Alsasua y en toda Navarra». Y desde el respeto a las decisiones judiciales, «manifiesta su desacuerdo con la calificación penal de los hechos investigados como delito de terrorismo, que pueden acarrear el cumplimiento de penas desproporcionadas a los jóvenes encausados». «Por este motivo –añade la declaración institucional– el Parlamento de Navarra solicita al Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, a la Audiencia Provincial de Navarra y a la Fiscalía General que reconsideren el caso, a fin de devolver la competencia al Juzgado de Instrucción 3 de Pamplona-Iruñea, juzgado que consideramos competente para continuar con la instrucción de estos hechos».
Según explicaron fuentes jurídicas, el escrito supone un claro intento de interferir en las decisiones de la instructora y de condicionar el juzgado que debe llevar a cabo las investigaciones. «El Parlamento de Navarra manifiesta su desacuerdo con las detenciones y medidas cautelares practicadas, como el encarcelamiento de los siete jóvenes de Alsasua, al considerar que es una medida desproporcionada, injustificada e innecesaria para el desarrollo de la instrucción, máxime cuando algunos de ellos se personaron voluntariamente y no concurre riesgo de fuga, por lo que solicita su inmediata puesta en libertad», dice la declaración.
No es la única diligencia novedosa recibida en el juzgado. La juez ha requerido al bar Koxka, en el que se produjo la agresión, «que remita a este juzgado las grabaciones de los vídeos que existan en las cámaras de dicho local en relación a los hechos ocurridos en la madrugada del 15 de octubre de 2016».
El juzgado ha incorporado además la denuncia de los padres de la novia de uno de los guardias, que aseguran que están sufriendo un continuo asedio en sus bienes y personas, «siendo la situación insoportable debido a la presión». Los denunciantes aseguran «que temen por su integridad física y la de su familia», todo ello salpicado de episodios de «nerviosismo y ansiedad».