Hace unos días saltó a los medios la noticia de la semilibertad de uno de los últimos jefes de ETA, Garikoitz Azpiazu, alias «Txeroki». Se dijo que se le había aplicado un artículo del reglamento penitenciario, el 100.2, por el que puede salir durante la semana a ejercer el voluntariado, gracias a la infraestructura que le proporciona la izquierda abertzale.

Los presos que no se acogen a las medidas de reinserción ni hacen confesión pública de arrepentimiento, siguen encuadrados en la disciplina de Sortu, principal (o casi único ya) partido de EH Bildu, y reciben su asistencia y ayuda.

De las pocas docenas de presos de la banda que todavía siguen en prisión, se cuentan con los dedos de una mano los que han reconocido el daño. Y menos aún (si es que ha habido alguno) que haya ayudado a la policía a aclarar algo en los más de trescientos asesinatos sin resolver.

El caso de «Txeroki», por ser el más mediático, disimula en su aparente singularidad la realidad cotidiana de la excarcelación progresiva de presos de ETA, bien sea por su paso al tercer grado o por la aplicación de medidas similares que les permiten salir durante el día y pernoctar en la cárcel.

Esas excarcelaciones deben contar con el visto bueno del juez de vigilancia penitenciaria, que de momento no ha puesto pegas. Y, muy de vez en cuando, y sólo con los presos más mediáticos, el fiscal recurre la medida del Gobierno vasco, como ha pasado hace poco con la del asesino de José Luis López de Lacalle.

Pero, para una que recurre, el resto se toleran, y esas salidas pasan desapercibidas ante la opinión pública.

Por los mismos días en que «Txeroki» salió, hicieron lo propio otros ocho presos de ETA. Nombres desconocidos para la mayoría, pero que contribuyeron por igual a implantar el terror en el País Vasco, dejando un rastro indeleble que ha convertido a la sociedad vasca en un cuerpo dolorido y traumatizado a poco que escarbas bajo las imágenes de postal del Guggenheim, la playa de la Concha o los típicos pueblos costeros de Bermeo, Lequeitio o Zarauz.

Todo esto de la excarcelación progresiva de etarras responde al plan diseñado desde EH Bildu con el acuerdo del Gobierno de Pedro Sánchez, que recibe a cambio en Madrid el apoyo parlamentario que necesita. Y se está acelerando todo lo posible ante la posibilidad de que a este gobierno le quede apenas un año de vida política, en el mejor de los casos.

Y así estamos viendo cómo las penas de los terroristas de ETA se están rebajando todo lo que la ley penitenciaria permite, porque donde la ley pone «se podrá», en relación a la concesión de beneficios a un preso, el Gobierno vasco interpreta «se puede». O, más bien, «se debe».

De esta forma se aplica el tratamiento más benévolo que permite la ley, que en el paso al tercer grado se hace sin cumplir en su espíritu el artículo 92 del Código Penal, relativo al arrepentimiento y la colaboración con la justicia.

Si no cabe el tercer grado, se aplica el artículo 100.2 o el 117, del Reglamento penitenciario, que permiten al preso salir a trabajar, a cursos de formación o a tareas de voluntariado en una ONG. Condiciones que pueden cumplir sin problemas por contar con la logística de la izquierda abertzale.

Pero más allá de las consideraciones morales que nos provoca semejante panorama, están las derivadas políticas añadidas.

«La consejería socialista está acelerando la excarcelación de etarras como no lo había hecho la gestión anterior del PNV, y con los presos más mediáticos»

El PNV consiguió la competencia de prisiones en octubre de 2021. Pero tras las últimas elecciones autonómicas vascas de abril de 2025 y la formación del gobierno mixto PNV-PSE, la competencia de prisiones, dentro de la Consejería de Justicia y Derechos Humanos, se la quedó el PSE (Partido Socialista de Euskadi), con la consejera María Jesús San Miguel al frente.

Esta consejería socialista está acelerando la excarcelación de etarras como no lo había hecho la gestión anterior del PNV y con los presos más mediáticos.

De manera que el PSE, que sufrió en sus carnes el hachazo de la banda terrorista, que mató a doce socialistas (sólo tres menos que al PP), tiene que remangarse ahora para semiliberar a los presos de ETA por cumplir con el acuerdo entre Sánchez y Bildu.

Mientras, el PNV, que se llevó el mérito autonomista por conseguir la transferencia, no sufre el menor desgaste.

Esta es la operación, que en otras ocasiones he calificado como de auténtico «puenteo político», por la que el socio regional del partido que ejerce el poder en el Gobierno central (en este caso el PSE) queda ninguneado, minusvalorado y sometido por los partidos nacionalistas que deberían ser sus iguales en su mismo territorio y encima con la colaboración activa del Gobierno central.

Así se explica por qué hoy por hoy la política vasca ya es sólo cosa de dos: PNV y HB Bildu.

Estos dos partidos ocupan el 72% de los escaños del Parlamento vasco y tienen alcaldes en más de doscientos de los 251 municipios vascos, incluidas Bilbao y San Sebastián. Si quitamos las treinta agrupaciones de vecinos que consiguieron alcalde, ya me dirán que les queda al PSE y al PP.

«Encima tenemos que oír a Eneko Andueza vanagloriarse de que la semilibertad de ‘Txeroki’ es ‘una victoria para el Estado de Derecho'»

Para llegar hasta aquí hemos tenido una historia política a tres bandas desde el comienzo mismo de la Transición, según la cual todos los acuerdos entre Gobierno central y nacionalismo vasco se hacen a costa del partido local, que queda como tercero subalterno.

Porque el PNV y EH Bildu tratan de igual a igual con el partido que esté en el Gobierno de España, y este les corresponde en la misma medida, que es lo más sangrante.

Y mientras, la población vasca va tomando nota de quién consigue las competencias y el reconocimiento del Gobierno central y quien paga el pato de los acuerdos entre ambos. Así, cada vez tiene menos dudas de a quién votar. Y esto pasa desde los tiempos de la UCD.

Se podría hacer, de hecho, una historia política vasca basada en esta práctica.

El puenteo se realiza en este caso con el agravante moral, humillante y lacerante de que el PSE tenga que ir dando semilibertades a quienes fueron sus propios asesinos.

Y encima tenemos que oír al presidente de los socialistas vascos, Eneko Andueza, con motivo de la semilibertad de «Txeroki», vanagloriándose de que así es como el exterrorista va a poder comprobar que la Euskadi actual es «muy diferente a la que nos quisieron imponer», que es «una victoria para el Estado de Derecho» y una «gran derrota moral» para quienes le apoyan.

Pobre Eneko Andueza. No le basta con inmolarse él y su partido en beneficio de su jefe. Encima cree que los terroristas se lo agradecerán. Pronostico que lo encontraremos dentro de poco ejerciendo en Madrid, en el Congreso o en el Senado, de asistente del líder socialista de turno, como sus maestros Patxi López y Alfonso Gil.

Mientras, en el País Vasco, el PSE habrá quedado reducido a la mínima expresión, siguiendo los pasos del PP vasco.

*** Pedro Chacón es profesor de Historia del Pensamiento Político en la UPV/EHU.