El pasaporte europeo no se vende

“Conviértase en un residente en España. Comuníquese con nosotros y un asesor en asuntos de residencia se pondrá en contacto con usted”. 

Este mensaje, real, es solo uno de los muchos anuncios que pueden encontrar en los medios internacionales los ciudadanos extranjeros que quieren hacerse con una Golden Visa o visado de oro. La fórmula de lograr la residencia a cambio de inversiones de diferentes tipos, empezando por las inmobiliarias y las inversiones de capital, se ha extendido enormemente durante la última década. 

En la Unión Europea hay una docena de países que ofrecen regímenes de residencia por inversión. Dos de ellos, Chipre y Malta, llegan incluso a facilitar la ciudadanía, el pasaporte dorado, a cambio de esas inversiones: el pasaporte europeo, a subasta. Y el mejor postor, por desgracia, nunca acostumbra a ser el mejor ciudadano.

Llevo ya muchos años trabajando en el Parlamento Europeo para tratar de poner coto a la evasión fiscal y al blanqueo de capitales. Ahora, después de los pequeños avances conseguidos desde la batalla que empezamos en 2014 —la reciente apertura de procedimientos de infracción para los casos más descarados de venta de pasaportes de la UE a personas extracomunitarias por parte de Chipre y Malta— hay una nueva oportunidad de volver a impulsar medidas contra lo que se vende como oportunidad de negocio e inversiones, pero que funciona también como un coladero para amigos de dictadores y delincuentes; por tanto, un mecanismo tóxico para las democracias que deja el campo abierto a la actividad de criminales en redes cada vez más transnacionales. 

Identificar los problemas sin eufemismos es el principio de su resolución. Necesitamos actuar: revisar los sistemas nacionales de adjudicación acelerada de residencia y ciudadanía a través de inversiones. Bulgaria, Chipre, España, Estonia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Luxemburgo, Malta, los Países Bajos y Portugal disponen en estos momentos de regímenes de residencia de este tipo, con unos niveles mínimos de inversión de entre 60.000 euros, caso de Letonia, y 1.250 000, caso de los Países Bajos. Y como ya he señalado antes, Chipre y Malta llegan incluso a ofrecer la ciudadanía europea a cambio de inversiones.

En 2019, antes de la pandemia, España batió el récord de concesión de permisos de residencia desde la puesta en marcha de la llamada Ley de Emprendedores, en 2013: por encima de 8.000 permisos, calificados como visados de oro, casi un 23% más que en 2018. Con la adquisición de propiedades por valor superior al medio millón de euros o la compra de acciones empresariales por un millón, o de títulos de deuda pública por dos millones, el permiso de residencia está adjudicado. 

Estos mecanismos, se vendan como se vendan, en la mayoría de los casos no sirven para el útil propósito de atraer inversiones, crear puestos de trabajo y mejorar la economía del país que los ofrece. Deberíamos saber qué dejan en realidad, y el destrozo que causa la entrada de manzanas podridas. Me preocupa que estemos contribuyendo a devaluar la figura del verdadero emprendedor, tan necesaria como inspiradora. Lamentablemente, estos mecanismos abren las puertas a dinero contaminado y a negocios dudosos. Hay que querer mirar hacia otro lado para no afrontarlo. 

Los regímenes de ciudadanía por inversión y los de residencia son distintos y los riesgos que plantean también lo son, pero el vínculo entre ambos existe. De hecho, es la residencia el paso previo para obtener la ciudadanía en muchos Estados y, en ambos casos, abre las fronteras de todo el espacio europeo y puede operar criminalmente en todo el territorio de la Unión.

La Comisión Europea tiene que hacer propuestas para corregir esta situación. Es contradictorio que haya sostenido la ausencia legal de bases para hacerlo al tiempo que activó procedimientos de infracción en 2020 contra Chipre y Malta. Sus propuestas son necesarias para concienciar sobre el valor de la ciudadanía europea, promover la confianza mutua y la cooperación entre los Estados miembros —cada vez más deteriorada—, homogeneizar las condiciones para acceder a la ciudadanía en los Estados miembros y contribuir a dar coherencia y futuro a la migración legal en la UE, tal vez la única solución real y duradera al problema migratorio que tenemos. 

Lo que ahora proponemos desde el grupo de los liberales europeos de Renew Europe es una serie de medidas que eliminen el escándalo de los pasaportes de oro y que regulen adecuadamente los mecanismos de residencia a cambio de inversiones, de forma que dejen de ser atractivos para los delincuentes. Estoy hablando de un escrutinio real de aspirantes a la residencia, de exigencias claras sobre las características de esa residencia y sobre las inversiones y los controles para evitar el lavado de dinero y la evasión fiscal. 

No solo eso. Puesto que el valor principal de la transacción es la residencia europea, tenemos que lograr que sus frutos económicos beneficien no solo al país en cuestión que aplica el mecanismo, sino a los presupuestos de toda la UE. Estos regímenes son una competencia nacional, cierto; pero la operación deja de ser un asunto exclusivamente nacional cuando las ventajas de ser residente o ciudadano europeo se colocan como incentivo principal.

Terminemos de una vez con los pasaportes dorados, sometamos a estricto control las visas doradas. Incentivar la entrada de corruptos, de amigos de dictadores y blanqueadores varios de dinero sucio es pan para hoy y hambre para mañana, porque inducen a más corrupción y crimen. 

En la Conferencia sobre el Futuro de Europa, algunos pedimos un Estatuto de Ciudadanía Europea que recoja nuestros derechos y deberes y proteja ese bien colectivo que hemos creado, que coloque la ciudadanía en el centro del sistema político y que nos permita una cultura institucional íntegra para abordar con garantías los grandes retos, ni pocos ni fáciles, que tenemos por delante.