Santiago González, EL MUNDO, 7/9/11
La Vanguardia informaba ayer en portada sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que enmienda la inmersión lingüística en el sistema educativo catalán. «El Govern», decía en el subtítulo, «avisa que la inmersión lingüística es innegociable».
¿Y a quién avisa, si puede saberse? Es evidente que a los jueces, autores de una sentencia que ha venido a turbar la quietud en el oasis. Hace falta estar muy seguro de uno mismo, como el portavoz del Govern, Francesc Homs, para considerar que las sentencias judiciales son algo negociable, aunque no sea completamente suya la culpa. El presidente del Gobierno y el ministro de Justicia se lanzaron a aclarar a los nacionalistas catalanes que la sentencia del TC, que declaró inconstitucionales 15 artículos del Estatut e interpretó otros 27, era a su vez interpretable y negociable, no ya con el Constitucional, sino entre el Gobierno central y el autonómico. Visto así, el aviso del Govern puede considerarse moderado.
No está en cuestión que los alumnos catalanes adquieran una destreza en castellano igual o superior que en otros sistemas sin inmersión. El patricio romano que castraba a sus esclavos mediante un golpe seco de dos piedras respondía al vecino que le reprochaba emplear tan doloroso procedimiento: «Ya me cuido yo de no pillarme los dedos».
No son los dedos del patricio los que corrían el mayor peligro. La inmersión lingüística no es inconveniente para que todos los escolares catalanes aprendan castellano, pero sí establece discriminación. La condición de única lengua vehicular del catalán en la enseñanza sitúa a los alumnos menos diestros en posición de inferioridad para acceder a los contenidos, al menos hasta que alcancen una competencia lingüística pareja a la de sus compañeros.
El catalán es una lengua accesible y la desventaja dura pocos meses, pero en rigor la cuestión no es lingüística, sino legal. No es el afecto que la ministra de Defensa y su homólogo de Justicia sientan por la lengua catalana, sino el hecho de que no han reparado en que cumplir y hacer cumplir la ley es su primera obligación como gobernantes. A ellos les parece ser la voluntad del nacionalismo catalán de sostener la inmersión «caiga quien caiga», trazar «la línea roja» y no retroceder «ni un milímetro». Un pase foral vasco con crema catalana.
La consellera de Educación, Irene Rigau, se mostraba dispuesta a ser inhabilitada en su cargo y volver a ejercer de maestra antes que acatar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Puesto que están tan empecinados en la negociación de las sentencias en lo que sean negociables, he aquí una propuesta razonable. Argüirán los puristas que la vuelta de esta mujer a las aulas es un peligro cierto, extremo que no discutiré, pero estaremos ante un daño acotado. Siempre se podrá compensar posteriormente a sus alumnos con becas para que cursen un bachillerato de excelencia en el extranjero.
La enseñanza no debe preocuparnos: todos los alumnos españoles caminan, lenta, pero inexorablemente, hacia un analfabetismo funcional, pero bilingüe. Es la flor igualdad.
Santiago González, EL MUNDO, 7/9/11