El soberanismo catalán conmemoró ayer el segundo aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Y lo hizo en puertas de que el Supremo haga pública la sentencia contra los líderes políticos del ‘procés’ que, curiosamente, nadie duda será condenatoria. Un seudoreferéndum que se celebró sin soporte legal, sin censo ni campaña, del que la mitad de la población quedó excluida y que Europa se negó a avalar, pese a la solicitud del president Puigdemont. Una consulta que el independentismo ha considerado desde entonces como una suerte de mandato popular para construir la República Catalana. Ello, curiosamente, al tiempo que su gran reivindicación sigue siendo un referéndum de autodeterminación.

El 1-O fue, sin lugar a dudas, un mal día para la democracia española y, sobre todo, para la convivencia. Hoy es un mal recuerdo colectivo. Excepto para el soberanismo que, además de dar por bueno el resultado, sigue viviendo de la torpe respuesta policial que el Gobierno de Rajoy ordenó tras fracasar en el objetivo prioritario: que los independentistas no lograran ni urnas en las que votar. Las lograron.

Los ‘indepes’ cerraron ayer públicamente filas para tratar de tapar por unas horas su completa desunión desde la idealización del 1-O. Lo hicieron por necesidad y porque, como decía, estamos a las puertas de la sentencia contra los líderes políticos del fallido ‘procés’. Un fallo que no dudarán en que actúe como pegamento para soportar las piezas unidas por un tiempo.

La incógnita es hasta cuándo. No hay que olvidar que el president Torra será juzgado dentro de pocos días por no cumplir la orden de retirar del Palau de la Generalitat una pancarta exigiendo la liberación de los políticos presos (presos políticos, para sus compañeros de viaje) y que corre el riesgo de ser inhabilitado, lo que podría aupar a la presidencia a Esquerra.

Enfrente, unidad con matices entre casi todas las grandes fuerzas políticas españolas, excepto Unidas Podemos, dispuestas a parar cualquier golpe del independentismo con un nuevo 155. Con un Pedro Sánchez y un PSOE que hace dos años respaldaron a Rajoy y que han pasado en pocos meses de ofertar al independentismo –cuando precisaban su apoyo– una mesa de partidos y hasta un ‘relator’, a advertir hace pocas horas que su Gobierno puede legalmente instar la aplicación de un nuevo 155, aunque se halle en funciones.

Mientras, la convivencia sigue resquebrajándose peligrosamente en Cataluña. Un hecho que el soberanismo niega, en tanto que los no nacionalistas así lo sienten, según denuncian todas las encuestas. Y lo que aún resulta más grave: el nacionalismo sigue pretendiendo romper con España pese a constatarse elección tras elección que es una minoría, amplia pero minoría a fin de cuentas (de en torno al 47% de los ciudadanos). La mayoría rechaza de plano la República Catalana.

Si nadie da un volantazo (¿Esquerra?), si el nacionalismo moderado no se reúne y alumbra un partido que consiga arrastrar a un segmento importante del catalanismo, como intenta, corremos el riesgo cierto de que el conflicto catalán se cronifique. Y ojalá que el recuerdo de la desgraciada historia reciente del País Vasco disuada a algunos iluminados de abandonar las vías pacíficas y democráticas. Algo que, visto lo visto, no parece garantizado. Pese a la frívola respuesta de Torra y del soberanismo a las últimas detenciones de siete CDR.