Ignacio Camacho-ABC
- Cualquier gobernante sensato se pensaría dos veces la idea de poner bajo sospecha a su propio servicio de inteligencia
Hacer el balance de destrozos institucionales de Sánchez es una tarea capaz de provocar la dimisión del más experto perito de la mejor aseguradora. Sólo para la reconstrucción de ese descomunal estrago se necesitaría una legislatura entera y aún faltaría tiempo, además de que es posible que algunos desperfectos carezcan ya de arreglo. ‘Grosso modo’ se ha cargado, entre otras cosas, la Fiscalía del Estado -acaso lo más fácil de reparar porque basta con un nombramiento-, el Consejo del Poder Judicial, el CIS, cuya fiable documentación sociológica ha quedado averiada sin remedio, y hasta la autonomía del servicio de Correos. Ha revocado, indultos mediante, una sentencia básica del Tribunal Supremo y tiene al Constitucional en el entrecejo. Ha jibarizado las funciones del Congreso y convertido la Presidencia de la Cámara en otro ministerio. Ha dictado normas sanitarias y de contratación que la anulación jurídica del estado de alarma ha dejado sin efecto. Ha desmantelado el sentido reparador del Derecho Penal para complacer a los herederos de ETA con beneficios discrecionales a sus presos. Ha premiado a los responsables de la insurrección separatista catalana concediéndoles estatus de socio de privilegio. Se ha pasado por el forro el procedimiento legislativo regular sustituyéndolo por la expedición en serie de reales decretos. Ha reducido el papel arbitral de la Corona a un ornamento de atrezo. Y no contento con todo eso, el presidente ha reparado en que aún le quedaban por invadir o desnaturalizar el CNI y el Ejército. Pues bien: ya se ha puesto manos a la obra en el primero de ellos.
Un gobernante sensato se pensaría dos veces la idea de encabronar al servicio de inteligencia. Por mucho que los espías se deban al código de disciplina interna parece conveniente adoptar ciertas cautelas antes de poner en entredicho su solvencia o utilizarlos como carne de cañón para sacudirse problemas. El ejemplo reciente de Trump demuestra que no es buena receta, sobre todo porque son la defensa y la seguridad nacional las que quedan expuestas pero también porque es gente que dispone de información susceptible de poner en aprietos a cualquiera.
El presidente sabrá cómo maneja el avispero que ha removido con su imprudencia pero los intereses de España no se pueden tratar a la ligera ni sus servidores públicos merecen quedar situados bajo sospecha. La fuga hacia adelante de Sánchez ha abierto una grieta en la eficacia de un trabajo que está en relación directa con la confianza que los agentes españoles susciten en sus colegas, y ese estropicio es de reparación lenta y compleja. Colocar al CNI en la picota y entregar la cabeza de su directora a Esquerra y demás compañías ‘selectas’ es una irresponsabilidad que traerá graves consecuencias. Falta por saber cuánto tardará el Gobierno en culpar de este desaguisado a la derecha. Se admiten apuestas.