«No estamos muertos», «no estamos muertos», repiten incesantemente Grace y sus dos hijos pequeños, Anne y Nicholas, en una de las escenas cumbre de Los Otros, cuando una médium trata de averiguar quiénes son esos espíritus que vagan por la casa, qué les pasó y por qué se niegan a abandonarla.

Su negativa a aceptar la realidad suena familiar en este final de julio, ¿cierto? Máxime después de que, el jueves, el Pleno del Congreso tumbara por segunda vez en nueve días la senda de estabilidad del Gobierno, con la que el Ministerio de Hacienda debía elaborar los Presupuestos Generales de 2027 para llevarlos al Consejo de Ministros a la vuelta del verano.

Al final de la votación, que los socialistas perdieron por 166 votos a favor, 176 en contra y cinco abstenciones, Pedro Sánchez se levantó de su escaño para aplaudir. Sonriente y desafiante, como ya acostumbra cuando sufre un revés parlamentario. Y bromeando con el vicepresidente Carlos Cuerpo. Aplaudían no solo ellos dos, sino también los ministros Félix Bolaños y Arcadi España, Patxi López y el resto de los diputados del PSOE. Solo faltó que corearan «no estamos muertos», como en Los Otros. Por cierto, a la votación faltó la vicepresidenta Yolanda Díaz, desde el jueves oficialmente en campaña para dirigir la Organización Internacional del Trabajo. Su reino ya no es de este mundo.

En Hacienda aseguran que continuarán adelante con su objetivo de llevar al Congreso unas cuentas públicas para el año 2027, aunque el Congreso haya rechazado los objetivos de deuda y déficit públicos. Usarán como techo el déficit del 1,8 % del PIB comprometido con Bruselas. Se trata de un truco que la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera no contempla, pero de nuevo el Gobierno volverá a innovar escudándose en un informe de la Abogacía del Estado, en esta legislatura de las primeras veces.

Otro giro discursivo

Lo más irónico es el argumento que da el Ejecutivo: sostiene que la obligación constitucional de presentar un proyecto de Presupuestos Generales cada año ha de anteponerse a una derrota de la senda de estabilidad en las Cortes. Pero es que se trata del mismo Ejecutivo que lleva desde el 1 de octubre de 2023 en abierta rebeldía constitucional, incumpliendo sin ningún pudor, ni consecuencia, el artículo 134.3 de la Carta Magna: «El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior».

El Gobierno defendió que la Constitución no le obliga a presentar Presupuestos anuales y ahora afirma que esa obligación está por encima de la derrota de la senda

Es más. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha llegado a invocar el apartado siguiente de ese artículo 134, el 134.4, para afirmar que la Constitución regula «con total normalidad» cómo ha de llevarse a cabo la prórroga de los Presupuestos (la Carta Magna sí contempla la prórroga presupuestaria, pero en los supuestos en los que el Ejecutivo se retrase en la aprobación de los nuevos). Y ahora resulta que, según el Ejecutivo, presentar los Presupuestos sí es una obligación constitucional. Y está por encima de cualquier pronunciamiento del Congreso.

El giro dislocaría la cadera de cualquier dirigente, salvo la de Pedro Sánchez. Ya afirmó el presidente delante de los suyos en cierta ocasión que gobernaría «con o sin el concurso del poder legislativo». Y la realidad es que la producción legislativa de esta legislatura está en mínimos desde la aprobación de la ley de amnistía. Por mucha propaganda socialista. El jueves, terminado el último Pleno del curso, el PSOE colgó en X un mensaje en el que presumía de haber aprobado «74 iniciativas legislativas» en estos tres años. Más de la mitad, 42 en concreto, son reales decretos leyes del Consejo de Ministros. Pero es que, además, en ese recuento hay varias trasposiciones de directivas europeas al ordenamiento jurídico español.

Un secarral legislativo

El Gobierno tiene varadas en el Congreso la mayoría de sus leyes importantes por falta de una mayoría para aprobarlas. Algunas, desde la pasada legislatura, como la Ley de Familias. No son capaces de aprobar la Ley de Información Clasificada, ni el polémico proyecto de ley orgánica con el que el ministro Bolaños pretende modificar de una sentada la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal está varada. La Ley de Industria y Autonomía Estratégica, varada. La ley que ha de regular las actividades de los grupos de interés o lobbies, varada, como también el resto de las reformas que incluía el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción que el Ejecutivo aprobó en agosto de 2025, tras el caso Cerdán. La Ley de universalidad del Sistema Nacional de Salud, varada. La Ley orgánica para la protección de los menores en los entornos digitales, varada. Y así sucesivamente.

El pasado jueves fue el tercer aniversario de las elecciones generales. Un 23 de julio de 2023 en el que Sánchez, que había perdido, acabó proclamando «somos más» desde el balcón de la sede socialista en la calle Ferraz. Aquella noche le acompañaban: su mujer, que acaba de ser enviada a juicio oral con jurado por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias. Su entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, hoy en libertad provisional e investigado como presunto cabecilla de dos tramas criminales -una de adjudicaciones de obra pública fraudulentas, otra la de la cloaca del PSOE-.

También estaba María Jesús Montero, señalada en el caso Plus Ultra, que ha visto cómo los tres presidentes de la SEPI bajo su mandato como ministra de Hacienda han acabado imputados (incluida la actual, Belén Gualda). Y la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que en las dos últimas semanas ha declarado como testigo ante el juez Santiago Pedraz y en la comisión de investigación del Senado por su relación con Leire Díez.

Qué mal ha envejecido aquella instantánea. Y encima el tercer aniversario coincidió con la entrevista en TVE al que fue un actor fundamental en aquellas elecciones y en las posteriores negociaciones del PSOE con Junts para amarrar la investidura de Sánchez. José Luis Rodríguez Zapatero, el hombre que no ha entrado «nunca» en una joyería y que no podía «imaginar» que las joyas que guardaba en una caja fuerte en su despacho tuvieran un valor millonario. Palabra de Zapatero.