El terrorista de ETA José Antonio Borde Gaztelumendi se decidió a escribir un texto de presunto arrepentimiento tras 19 años en prisión. Condenado por varios asesinatos, dirige su reflexión “a quien corresponda” y define sus atentados como “violencia política”. El Confidencial ha tenido acceso a esta carta que, como las de otros presos etarras, sirve de termómetro para valorar la reinserción de los internos de la banda a la hora de concederles beneficios penitenciarios. En este caso, pasó el corte de la cárcel, que le otorgó unos días de permiso. Pero ha chocado con los jueces de la Audiencia Nacional, que no se creen su perdón.

“Las personas que han sufrido por razón de la violencia política, todas ellas, merecen mi respeto y me gustaría que lo supieran”, dice el escrito redactado el 29 de diciembre de 2020. “Soy consciente de que los hechos por los que he sido condenado, así como mi participación en las actividades de ETA, allá por los años 80, han generado dolor en determinadas personas, sobre todo en familiares de las personas que directamente sufrieron aquellos actos. Es innegable que determinadas personas han sufrido como consecuencia de aquellas acciones”, dice.

Respeto ese dolor y a día de hoy preferiría que todo aquello no hubiera ocurrido

Borde Gaztelumendi, integrante del comando Vizcaya, mató en 1981 a Luis Cadarso en Basauri. Era un teniente coronel de la Guardia Civil retirado. Le asestaron cuatro disparos. Uno de ellos le alcanzó el corazón y la sien. Tenía mujer y tres hijos. Meses después, en la misma localidad, asesinaron a otro agente retirado llamado Joaquín Gorjón. Le dispararon por la espalda cuando esperaba un tren para ir a Bilbao. Los etarras protagonizaron un tiroteo con la policía en la huida y una bala perdida causó la muerte a un transeúnte llamado Ovidio Ferreira. Tres muertos. 

“No soy indiferente al dolor de esas personas. Quiero decir —añade el terrorista— que entiendo perfectamente su dolor, incluso su posible rencor hacia mi persona. Lo que ocurrió hace casi 40 años no tiene vuelta atrás, no tiene remedio. Pero respeto ese dolor y sinceramente a día de hoy preferiría que todo aquello no hubiera ocurrido”. El etarra fue condenado a 229 años de cárcel, pero tiene fijado un tiempo máximo en prisión que finalizará el 21 de noviembre de 2024. Tiene pendiente además pagar una indemnización al Estado de 1.650.000 euros por sus acciones. 

“Quiero manifestar que en la actualidad descarto absolutamente como posible o conveniente hacer uso de la violencia para alcanzar fines políticos u objetivos de cualquier otra clase (…) Finalmente quiero manifestar que mi excarcelación se producirá de acuerdo con las normas legales oportunas, esto es, de acuerdo con las normas que regulan el cumplimiento de la condena, en la normativa penitenciaria”. Hace años que ETA autorizó a sus presos acogerse de forma individual a la legalidad penitenciaria para pedir beneficios y permisos. Antes de eso, estaba terminantemente prohibido y el castigo a quien lo incumpliera era la expulsión del colectivo y el ostracismo de sus familias en el entorno proetarra.

El Ministerio del Interior informó el mes pasado de que Borde Gaztelumendi seguirá cumpliendo condena en la cárcel bilbaína de Basauri, la misma localidad en la que perpetró sus atentados. Procede de la prisión cántabra de El Dueso, donde se le propuso para disfrutar de un permiso penitenciario de varios días de salida. No obstante, tanto la Fiscalía como el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional o la Sección Primera de la Sala de lo Penal del mismo órgano judicial se han opuesto. Entre las razones que esgrimió la cárcel estaba el escrito en el que “asume su responsabilidad delictiva”. 

La Junta de Tratamiento del centro penitenciario de El Dueso decidió por mayoría de cuatro votos contra tres proponer un permiso de salida al etarra. Este organismo lo integran profesionales de la cárcel como el director, el psicólogo, el trabajador social, el jurista, el médico… Se reúne periódicamente para tomar decisiones como esta, pero pueden ser recurridas ante los jueces por la Fiscalía.

«Es difícil de entender socialmente la concesión de permisos a condenados por delitos graves como los de terrorismo» 

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional emitió la semana pasada un auto al que ha tenido acceso este periódico en el que confirmaba la decisión del juez de Vigilancia y rechazaba la licencia para el terrorista: “Es difícil de entender socialmente la concesión de permisos a condenados por delitos graves como los de terrorismo a penas de larga duración cuando aún está lejana la fecha de extinción de la pena acumulada y no consta un profundo cambio de actitudes”. 

A juicio de los jueces, “resulta insuficiente” lo que tachan como una “mera manifestación de rechazo a la violencia, persistiendo en los objetivos de la organización terrorista —autodisuelta en 2018— y sin indicios de arrepentimiento por el daño causado, minimizando las consecuencias de las acciones”. “Se trata de un escrito en la línea de los presentados por otros penados de la organización terrorista”, advierte el auto de la Sección Primera de la Sala de lo Penal. Tal y como avanzó El Confidencial, estos mismos jueces tumbaron también hace días la concesión de un tercer grado a otro etarra tras poner en duda su arrepentimiento.