ISABEL SAN SEBASTIÁN, ABC 23/01/14
· Hasta la fecha, exigiendo lo imposible los nacionalistas han obtenido siempre lo impensable, sin arriesgarse a perder.
Aunque no desvela su contenido («no sería prudente que el presidente del Gobierno adelantara acontecimientos») Mariano Rajoy tiene un plan para frenar, in extremis, el proyecto independentista cuyo implacable acontecer ha llevado al Parlamento de Cataluña a fijar solemnemente, en el próximo 9 de noviembre, la fecha para la celebración de un referéndum de autodeterminación al que llaman «consulta».
El presidente tiene un plan, que no concreta, merced al cual piensa impedir que los separatistas catalanes se fumen un puro con la Constitución y usurpen al pueblo español la soberanía que por Derecho le pertenece. Algo es algo, pero no basta. A estas alturas del desafío, cuando la escalada ha llegado al punto de que las instituciones autonómicas ignoran sentencias firmes en materia lingüística y derrochan el dinero público en campañas de propaganda a favor de la sedición, anunciar un plan abstracto y garantizar un compromiso que se asumió al jurar el cargo es tanto como quedarse de brazos cruzados esperando a ver qué pasa. Incluso la alianza que se intuye con el PSOE a estos efectos resulta insuficiente y tardía. La buena intención se presupone; la determinación está por demostrar. Y mientras no quede probada por encima de toda duda razonable, como acreditado ha quedado el empeño de los separatistas en romper España, no les llegará un mensaje que les lleve a perder la esperanza.
Hasta la fecha ha sucedido justo lo contrario. La política de hechos consumados practicada por el nacionalismo ha supuesto para su causa una apuesta siempre ganadora. Exigiendo lo imposible han obtenido lo impensable, sin arriesgarse a perder. Cada amenaza rupturista ha encontrado comprensión y recompensa en forma de nuevas competencias, nuevas transferencias y mejor financiación, a costa de quienes nunca han dejado de ser leales. La estrategia del chantaje les ha dado excelentes resultados. ¿Por qué iban a renunciar a ella?
Lo sorprendente, lo realmente novedoso, sería que por una vez se invirtieran los términos de la ecuación y ese «plan» de La Moncloa contemplara la posibilidad de imponer el pago de un precio político a estos apóstoles del «derecho a decidir» que decidieron por su cuenta y riesgo romper las reglas del juego, quebrando así no sólo la convivencia, sino la confianza de los inversores en nuestro país. Que la jugada les saliera cara. Si por ventura fuese así, el artículo 155 de la Carta Magna indica el camino a seguir: «Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general».
Las agencias internacionales de calificación identifican el «problema catalán» como el máximo factor de riesgo para la economía española. El «Parlament» ha traspasado con creces los límites de la legalidad. Cataluña está quebrada y consume buena parte del fondo de rescate que pagamos con nuestros impuestos. ¿Qué más tiene que pasar para que el «plan» se materialice?
Es demasiado tarde para enviar ministros a hacer discursos patrióticos o desgranar cifras reales. El Estado perdió esa batalla hace años, cuando renunció a librarla. A estas alturas no hay más «plan» válido que la protección efectiva del interés general, con los instrumentos que hagan falta. Todo lo demás es nada.
ISABEL SAN SEBASTIÁN, ABC 23/01/14