El plan de paz tensa al máximo la relación entre los gobiernos de Urkullu y Rajoy

La cuerda entre los gobiernos de Madrid y Vitoria se ha tensado al máximo tras la presentación del Plan de Paz y Convivencia que gestiona Jonan Fernández, una persona que despierta recelos fuera de Euskadi. El Ejecutivo de Rajoy, desde donde han llovido acusaciones de equidistancia al Gabinete de Urkullu, ha dejado claro que liderará el futuro centro memorial de víctimas, lo que ha sido considerado un desplante en Ajuria Enea, donde reina la decepción por la falta de avances. El Gobierno central, tras la mediación del PP vasco, ha convocado una reunión conjunta para limar asperezas y frenar la crisis. BILBAO. Lejos de amainar, el malestar que desde hace meses preside las relaciones entre el Ministerio del Interior y la Secretaría de Paz y Convivencia del Gobierno vasco ha alcanzado su punto de ebullición. La cuerda entre Madrid y Vitoria se ha tensado al máximo. El detonante, las contundentes declaraciones del ministro Jorge Fernández Díaz el lunes en unos cursos de verano en El Escorial, un acto que el máximo responsable de la seguridad del Estado aprovechó para recordar que si el Ejecutivo de Iñigo Urkullu pretende liderar la creación del futuro centro memorial de las víctimas del terrorismo a través del Instituto de la Memoria –tal como se recoge en el polémico plan de paz auspiciado por Jonan Fernández– «va a ser que no». La respuesta, igualmente clara, llegó ayer por boca del portavoz del Gabinete jeltzale, Josu Erkoreka, que reconoció que, al tratarse de una iniciativa prevista en una ley estatal, el Gobierno central «está en su derecho» de gestionarla «al margen» de las instituciones vascas, aunque dejó claro que «no entenderíamos» que se optara por poner en marcha el proyecto de forma «monopolística, excluyente y sectaria».

El rifirrafe del memorial es solo la punta del iceberg. Por debajo, el mar de fondo es considerable y se explica en el contexto de recelos, distancias y agravios mutuos que se ha ido alimentando desde que el Ejecutivo nacionalista tomara posesión y, en especial, desde que el lehendakari Urkullu decidiera situar al frente del área de Paz y Convivencia al excoordinador de Elkarri Jonan Fernández, una persona que suscita una indisimulada desconfianza en círculos populares y gubernamentales madrileños por su pasado como concejal de HB. De hecho, el gesto que el ministro del Interior tuvo con él durante el homenaje a las víctimas del terrorismo celebrado el jueves en el Congreso de los Diputados –la delegación vasca sostiene que le negó el saludo ostensiblemente– refleja de forma descarnada la densa atmósfera que ahora mismo enturbia la relación entre Vitoria y Madrid, cordial y fluida en otros terrenos gracias a la sintonía, labrada desde hace años, entre Mariano Rajoy e Iñigo Urkullu.

Tras la presentación del Plan de Paz y Convivencia del Ejecutivo y, sobre todo, tras la difusión del mapa de las vulneraciones de derechos humanos en Euskadi, que incluye a los asesinados por ETA pero también a las víctimas de las Fuerzas de Seguridad del Estado, las acusaciones de equidistancia han llovido desde el Gobierno central. Desde Euskadi, las quejas por la ausencia de una comunicación fluida han sido constantes y el propio lehendakari Urkullu, muy gráficamente, dijo estar «en ascuas» por el mutismo que asegura haber obtenido como única respuesta del presidente del Gobierno a sus propuestas para encauzar la paz, la convivencia y la espinosa cuestión de la flexibilización de la política penitenciaria. En Sabin Etxea no ocultan su «honda preocupación» por la incomunicación reinante y por el «escoramiento» de un Ejecutivo central al que suponen «presionado» por las asociaciones de víctimas. Más por lo que, dicen, tiene de desplante y de «cerrazón» su actitud que por el «inmovilismo» con los presos, con el que ya contaban. Es más, el Gobierno de Vitoria ha exteriorizado también su decepción por la falta de respuesta a sus requerimientos para reunirse y, de hecho, la comisión bilateral que debía coordinar el memorial de la discordia no se ha convocado desde hace un año, a pesar de que Lakua solicitó por escrito la reactivación del foro en abril pasado. timas y Derechos Humanos, liderada por Mónica Hernando y Txema Urkijo. La solicitud de cita, cursada por el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, fue por fin atendida ayer tras la escalada de reproches cruzados en los medios de comunicación y después de que el PP vasco mediara para tratar de calmar las aguas. Fuentes populares y del Gobierno vasco confirmaron que la reunión en Madrid se producirá en el plazo aproximado de una semana, con el objetivo declarado de frenar la crisis abierta, limar asperezas y tratar de alcanzar la «base mínima de consenso» que reclamó ayer Erkoreka en asuntos que, como el memorial, cuentan además con el beneplácito previo de las dos partes.

Está por ver si el encuentro sirve para aplacar la desconfianza del Ejecutivo central y el enfado del Gobierno vasco, que no puede «concebir» que Rajoy «esté haciendo menos que lo que hizo el Gobierno central cuando ETA todavía estaba activa», apuntan las fuentes consultadas en alusión a los movimientos que hizo en su día José Luis Rodríguez Zapatero. «No es admisible que se ponga en duda a estas alturas el compromiso del lehendakari Urkullu con las víctimas», añaden.

Está prácticamente descartado, en todo caso, que Jonan Fernández –a quien Urkullu en ningún caso se plantea relevar de su cargo, como tampoco retirar o modificar un plan de paz que sigue considerando «imprescindible» en el actual contexto sin violencia de ETA– acuda a la reunión, para la que se baraja, más bien, la asistencia de la homóloga vasca de Fernández Díaz, Estefanía Beltrán de Heredia, que podría estar acompañada de algún otro consejero. En todo caso, las ‘líneas rojas’ del PP siguen siendo las marcadas por el ministro: el Ejecutivo central en ningún caso aceptará que el memorial –patrimonio, dicen, de «todas» las víctimas del terrorismo porque «ETA ha matado en toda España»– dependa del Instituto de la Memoria. El centro deberá estar, apuntan medios populares, dirigido «por el Gobierno de España», aunque su gestión estará abierta a la colaboración de las comunidades autónomas e incluso del Ministerio de Educación.