El Gobierno reivindicó ayer lunes su futura ley de la vivienda, defendió que esta es respetuosa con las competencias de las comunidades autónomas y dijo confiar en que las regiones gobernadas por otros partidos (en referencia a las del Partido Popular) no «perjudiquen» a los inquilinos «por no aplicar una ley estatal».

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, recordó también cómo se desglosarán las «50.000 viviendas de la Sareb» que serán puestas en el mercado como vivienda pública: 21.000 de ellas serán entregadas a las comunidades y los ayuntamientos, otras 14.000 viviendas ya están habitadas pero formarán también parte del plan, mientras que las 15.000 restantes serán construidas en terrenos de la Sareb.

La puesta a disposición del Estado de las propiedades de la Sareb para ser destinadas a vivienda social puede parecer un plan lógico en el contexto de una ley que pretende solucionar algunos de los problemas más graves del mercado del alquiler. Pero un atento estudio de la realidad de esas 50.000 viviendas de la Sareb (en realidad poco más de 46.000) demuestra lo ilusorio del planteamiento del Gobierno.

Hay un motivo claro por el que esas 46.000 viviendas siguen en el stock de la Sareb sin que ningún fondo, agencia, empresa o ciudadano se haya interesado por ellas a pesar de sus precios, muchas veces ridículos. Y es que esas viviendas están muchas veces en un estado ruinoso, o en zonas o pueblos sin servicios, o en estado de vandalización. Otras muchas siguen a medio construir o han sido okupadas.

La cantidad de dinero que debería desembolsarse para reformar las más aceptables de esas viviendas hasta dejarlas en unas condiciones de habitabilidad elementales supera además en muchos casos el coste de construir una vivienda de obra nueva. Y, en cualquier caso, la mayor parte de ellas están en zonas sin demanda.

¿Por qué si no seguirían esas viviendas en el stock de la Sareb tras tantos años a disposición de los potenciales compradores?

Si el objetivo del Gobierno es por tanto solucionar el desequilibrio entre oferta y demanda en las zonas «tensionadas», que como explica hoy EL ESPAÑOL son más de la mitad de España, las viviendas de la Sareb son inútiles porque sólo unas pocas de ellas están en zonas donde existe una mínima demanda.

Las promesas del Gobierno se explican por el contexto casi electoral en el que nos encontramos, pero ni la Sareb es la solución ni el problema es nuevo. ¿A estas alturas de la legislatura descubre el Gobierno que el porcentaje de vivienda social en España es inferior a la media europea? Se explican también por la competición con Podemos en el terreno de la vivienda. Pero el plan del Gobierno no sólo no paliará en absoluto los problemas que generará una ley de la vivienda intervencionista, sino que los agravará.

La combinación de esta ley de la vivienda (que generará una subida del precio de los alquileres en las zonas tensionadas, una caída de la oferta y una abrupta caída de la inversión) y de un plan fantasioso y que promete algo que, en la práctica, no soluciona nada (las viviendas de la Sareb) provocará el bloqueo del mercado inmobiliario. ¿Quién querrá invertir en un escenario de muy débil seguridad jurídica, fuerte intervencionismo y en el que los activos están destinados a perder valor rápidamente?

Más realista parece el plan que presentará el PP. Incentivos fiscales y un aumento de la oferta inmobiliaria que pasa por la colaboración público-privada para la construcción de nuevas viviendas a precios hasta un 40% por debajo de los del mercado. Es decir, en esencia el plan de vivienda asequible puesto en marcha por Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid y que pondrá a disposición de los ciudadanos 6.600 viviendas en doce municipios de la región y otras 1.200 del Plan Solución Joven.

El problema de la vivienda no se soluciona con demagogia, soluciones mágicas o ese intervencionismo que la historia ha demostrado una y otra vez como la peor receta posible para la creación de un mercado sano. Como dijo el economista sueco Assar Lindbeck, el control de los alquileres es, tras un bombardeo, el método más eficaz posible para arrasar ciudades.

España tiene, y eso es cierto, un problema de escasez de vivienda social. Pero ese problema no puede descargarse en los hombros de los particulares ni de una Sareb cuyo stock es, al menos en parte, inhabitable. Este diario lo ha pedido una y otra vez, y vuelve hoy a hacerlo de nuevo: este Gobierno no puede afrontar todos los problemas que afectan a los españoles como una oportunidad para la propaganda. Su trabajo es solucionar esos problemas, no sacarles rendimiento electoral.