Los trabajadores públicos son fundamentales tanto en la estrategia del Gobierno como en la de la Generalitat, y las promesas del Ejecutivo catalán de que estarán a salvo de problemas legales ante el referéndum no les convence.
Los principales sindicatos catalanes denuncian que la «falta de concreción» con respecto a los planes de la Generalitat está generando «intranquilidad» entre sus afiliados. Los independentistas aún no han desvelado el contenido de la ley de desconexión, que presentan como un texto que sustituirá la legalidad española por una diferente propiamente catalana.
En una entrevista conjunta el domingo en TV3, ni Carles Puigdemont ni Oriol Junqueras dieron detalles de la implicación que deberán tener los funcionarios en la votación. «El referéndum se puede hacer con toda la tranquilidad. Se hará en las condiciones adecuadas para que nadie tenga que sufrir», se limitó a explicar Junqueras.
«Eso no da tranquilidad ni a los Mossos ni a otros funcionarios. Confiamos en que [la Generalitat] ha dicho que estamos blindados, no se nos puede poner entre un gobierno y otro», afirma Encarna Fernández, secretaria general de Sector Público de UGT Cataluña.
Esta representante sindical, que coincide con sus compañeros de CCOO en que «la solución debe ser política», calcula en «unos 4.000 o 5.000» los trabajadores públicos necesarios para la organización de unas elecciones al uso. La número dos de ERC, Marta Rovira, dio a entender el sábado que la Generalitat piensa en un cuerpo propio –quizás integrado por voluntarios, a los que tendría que formar– para «coordinar» la jornada del referéndum.
«Imagino que lo tienen muy claro», dice la representante de UGT tras quejarse de que aún no se conozcan los detalles de la votación. Joan Maria Sentís, coordinador del Área Pública de CCOO en Cataluña, añade que los trabajadores «no tienen ninguna garantía» y sí «muchos miedos», y rechaza precisar más hasta que no «haya textos legales» sobre la mesa. Sí se queja de los avisos que han llegado «tanto de Lluís Llach» –que advirtió a los funcionarios que no se plieguen a la nueva ley de que «sufrirán»– como de miembros del Gobierno central.
UGT y CCOO están a favor de un referéndum «con garantías y con reconocimiento internacional», y las respuestas de Puigdemont en la última reunión del Pacto por el Referéndum les dejaron dudas.
Todos los sindicatos consultados han pedido a sus miembros que exijan cualquier orden dudosa por escrito. «Si reciben una orden manifiestamente ilegal, recomendamos denunciar directamente a la Fiscalía. Ante órdenes interpretables, pedirlas por escrito y, si persisten las dudas, manifestar disconformidad», dicen desde CSIF.
Entre los sindicatos de los Mossos d’Esquadra la falta de explicaciones o detalles concretos del Govern también genera inquietud. «Somos 17.000 agentes y nuestro trabajo es cumplir con las órdenes que emita un juez a través de nuestros superiores. No podemos tener un criterio propio a la hora de aplicar la ley», reflexiona Toni Castejón, secretario general del SME.
El president no ha explicado aún cómo actuaría el Govern en caso de que el Ministerio del Interior tomara el control de la policía catalana, una de las posibilidades que se han citado en las últimas semanas.
Entre los agentes lamentan esa «inexistencia» de información por parte del Govern y la inseguridad sobre qué hacer el día de la votación. Sin embargo, las centrales sindicales aligeran la presión sobre los policías cuando les recuerdan que su trabajo es el de obedecer órdenes de los máximos responsables del cuerpo: el mayor Josep Lluís Trapero –máxima autoridad policial– y el director general de la Policía, Albert Batlle.