TONIA ETXARRI, EL CORREO 17/03/14
· En esta campaña de presos, las víctimas necesitarían un Defensor específico.
Contraprogramar la propaganda de ETA. En ese empeño están concentradas las víctimas de Covite que han decidido llenar su agenda de iniciativas de marcada intensidad desde que fueron a denunciar a la banda terrorista ante el Tribunal de La Haya como autora de crímenes de lesa humanidad. Después de la foto de los excarcelados en Durango, de la ridícula escena de los verificadores ante un desarme todavía inexistente y los movimientos del lehendakari Urkullu que, de momento, no encuentra otro papel para sí mismo que el de intérprete de la izquierda abertzale, las víctimas del terrorismo acusan su situación de orfandad política.
Y, precisamente por eso, han decidido tirar por la calle de enmedio. La citación del grupo de verificadores de Manikkalingam ante la Justicia fue un trámite solicitado por Covite. Gracias a la declaración que realizaron, como testigos, todo el mundo pudo enterarse de que los etarras habían enseñado el miniarsenal, pero no lo entregaron. Fue un gran golpe de efecto pero, sobre todo, una gran contribución a la clarificación de un montaje planificado por ETA, que terminó por volverse en contra de la banda.
Y como ETA sigue entreteniendo a su parroquia, al Gobierno y a los partidos con su empeño en blanquear su macabro historial, con la ayuda de tantos sectores de la sociedad que prefieren instalarse en la comodidad que dejar de exigir a los responsables de los 858 asesinatos que se disuelvan sin condiciones, algunas víctimas les plantan cara allá donde se encuentren. Para exigir justicia. Y para contrarrestar el cuento de la banda.
Por eso, Consuelo Ordóñez, acompañada de Laura Martín, viuda de Juan Carlos García Goena, y de Concepción Fernández se plantó el sábado ante los 150 «huidos» de ETA que quisieron simular en Alsasua su «regreso» a casa. Sin alharacas. Sin numeritos. Sin estridencias. Con unos carteles en los que les exigían que colaborasen con la Justicia para esclarecer los más de trescientos asesinatos que no ha sido juzgados. La hermana de Gregorio Ordóñez, como otras víctimas del terrorismo, lleva tiempo reclamándolo.
Cuando fue a la cárcel a entrevistarse con el asesino de su hermano, en junio de 2012, le preguntó sobre la identificación de terroristas que cometieron atentados que siguen sin esclarecer. Pero Valentín Lasarte, que le pidió perdón, no le facilitó esos datos. Tampoco le dio dato alguno sobre la persona que le ordenó matar a Gregorio Ordóñez. De ahí su escepticismo sobre el arrepentimiento de tantos ex presos que se limitan a hacer declaraciones genéricas sobre el daño causado, pero sin dar ni una señal de que están en condiciones de acogerse a medidas de reinserción.
En las últimas iniciativas de tanto efecto mediático (les eclipsó la escena a los ex huidos de ETA en el numerito de Alsasua), las víctimas de Covite, como las de Dignidad y Justicia, parecen estar peleando contra una gran mole de incomodidad e incomprensión. Entre las expresiones de admiración, eso sí, desde la distancia (¡tienen un par!) y las de la resignación (no tienen nada que hacer) estas víctimas se mueven solas. A veces coinciden con el resto de colectivos, como la AVT. Otras no, porque se mantienen muy críticas frente al Gobierno. Seguramente para salvar estos vacíos de comunicación necesitarían una institución intermedia. No tienen siquiera la ayuda de un Defensor de las Víctimas. Lo del Ararteko pertenece a otro negociado.
En Irlanda, precisamente, la Defensora del Pueblo «para asuntos policiales», que así se llama, jugó un papel decisivo en la denuncia de la dejación de la Policía ante las alarmas que había recibido sobre un posible atentado en Omagh. Dieciséis años después del brutal suceso que arrojó un saldo de 29 muertos y 220 heridos, ninguno de los terroristas del IRA auténtico que cometió el atentado pisó la cárcel. Pero la denuncia de la Defensora dejó en evidencia a una Policía que no se tomó en serio los avisos de la inminente tragedia.
Cuando gobernó, Patxi López nombró a Jesús Loza Comisionado para la Convivencia. Pero no todos los colectivos de víctimas se sintieron representados. Covite le llegó a reprochar que no había apoyado ninguna de sus propuestas en el Parlamento vasco. Ahora, el gabinete de Urkullu se ha rodeado de asesores como Jonan Fernández, verificadores, mediadores de conflictos y foros de observadores. Una sobredosis de «conflictólogos», como suele llamarlos Maite Pagazaurtundua.
Ahora, esa lista de más de trescientos crímenes sin esclarecer incomoda tanto al gobierno de Ajuria Enea que acaba de encargar a un grupo de expertos que ponga nombres y número exacto a todas las víctimas. Son 326 crímenes, exactamente, sin aclarar. Uno de ellos, el del jefe de la Ertzaintza, Carlos Diaz Arcocha, asesinado en 1985. En plena democracia. Muchos años después de aquel 1937 de la Guerra Civil, donde sitúan los cuentistas de ETA el origen de lo que ellos llaman «el conflicto» .
En fin, que si el Gobierno vasco tuviera un contacto más frecuente y regular con los colectivos de víctimas, quizá se podría ahorrar el esfuerzo de elaborar otro informe. Que, al fin y al cabo, no va a suponer más que una forma de cumplimentar datos. Unos datos que, sobre todo, quien debe atender es la Justicia. Y quienes cometieron los atentados si quisieran colaborar, que no es el caso.
TONIA ETXARRI, EL CORREO 17/03/14