Tonia Etxarri-El Correo
La vista judicial discurrió como era de prever. Con la ausencia de la esposa del presidente del Gobierno, encausada por haber cometido, presuntamente, cinco delitos. Escurrió el bulto, de nuevo, así es que el juez comunicó a su defensa la nueva situación procesal. En caso de ir a juicio, será juzgada por un jurado popular. Tampoco la asistente personal de Begoña Gómez, ni el empresario de Benasque Juan Carlos Barrabés, se personaron en los juzgados, delegando la recepción de la comunicación del juez en sus letrados. Pero si Begoña Gómez no hizo el ‘paseíllo’ por las dependencias de Plaza Castilla fue porque prefirió acogerse a su plan vacacional: su descanso en Doñana, vía Falcon aterrizado en la base naval de Rota, junto a su marido, Pedro Sánchez. No estaba obligada a comparecer, desde luego, pero es curiosa su manera de colaborar con la Justicia, una máxima que suele repetir el presidente del Gobierno cuando su compromiso se pone en duda cada vez que las investigaciones judiciales aprietan a su entorno político y familiar.
Esta causa judicial, abierta en 2024, ha sufrido una subida de tensión considerable desde que el instructor decidió unificar todas las piezas de investigación para imputar a la esposa de Pedro Sánchez la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos, apropiación indebida e intrusismo profesional. Dos de estos cinco delitos de los que se acusa a Begoña Gómez (malversación de caudales públicos y tráfico de influencias) son suficientes para que se le aplique la ley del jurado.
El juez persiste en que existen suficientes indicios de que la señora del presidente se aprovechó de su condición familiar. Su defensor, el exministro del Interior Antonio Camacho, niega la mayor y pide el archivo de la causa ante tanto «ardor acusatorio». Como la Fiscalía que, en lugar de acusar, ha preferido pasarse al otro lado para pedir que se cierre ya tanta investigación.
No es la primera vez que el juez Peinado intenta llevar a Begoña Gómez ante un jurado popular. Y la Audiencia de Madrid lo rechazó en febrero de 2026 por falta de fundamentación. Pero ahora vuelve a insistir y la instrucción sigue abierta. El caso es que se ha atrevido a imputarla, a pesar de todas las zancadillas y presiones que él, como otros jueces, han tenido que soportar.
Cuando la Justicia no se acomoda a los intereses del mandamás de La Moncloa ocurren estas cosas. Desprecios, campañas de desprestigio y, cuando se puede, impugnaciones a sentencias del Supremo desde el Constitucional que, en ocasiones como la amnistía a los independentistas catalanes o los ERE fraudulentos en Andalucía, ha funcionado como un órgano de casación traspasando su función de órgano de garantías.
Sea cual sea el resultado final (archivo, juicio con jurado o una nueva rectificación de la Audiencia provincial), esta causa ha puesto el foco sobre los límites de la responsabilidad penal de quienes ocupan posiciones de poder por proximidad y no por méritos propios. ¿El sistema judicial español está preparado, en tiempos del sanchismo, para resolver estos casos con la imparcialidad que se le presume al Estado de Derecho? Habrá que verlo.