“Sería una dejación del sistema concertado si no reclamamos la gestión por las haciendas forales del impuesto sobre grandes fortunas, sea o no temporal, y lo mismo decimos de los gravámenes a las energéticas y a la banca”. En esos términos se pronuncia un miembro de la ejecutiva del PNV, lo que sugiere que el Gobierno vasco, en coalición con el Partido Socialista de Euskadi, planteará de inmediato la reunión de la comisión mixta del concierto. Está integrada por nueve miembros: un representante por cada Diputación Foral, tres del Ejecutivo vasco y tres de la Administración del Estado, según establece el artículo 61 de la Ley del Concierto Económico de 23 de mayo de 2002. Le corresponde, entre otras funciones, “acordar las modificaciones” de dicho concierto. Su ley fue modificada en 2007 y en 2014, precisamente, por la introducción en el ordenamiento fiscal de nuevos tipos impositivos que pasaron a ser igualmente concertados. 

Los impuestos concertados están detallados en esa ley y entre ellos figuran el IRPF, el de patrimonio, el de sucesiones y donaciones, sociedades y otros que, como el tributo sobre el valor de la energía eléctrica y sobre los depósitos en las entidades de crédito, son conexos con la “aportación patrimonial no tributaria” que el PSOE y Unidas Podemos pretenden aprobar mediante una proposición de ley, ya en tramitación en el Congreso, para recaudar parte de los “beneficios extraordinarios” obtenidos por estas entidades.

La Ley del Concierto Económico es clara en su artículo primero, que establece lo siguiente: 

“Uno. Las Instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán mantener, establecer y regular, dentro de su territorio, su régimen tributario. 

Dos. La exacción, gestión, liquidación, inspección, revisión y recaudación de los tributos que integran el sistema tributario de los Territorios Históricos corresponderá a las respectivas Diputaciones Forales. 

Tres. Para la gestión, inspección, revisión y recaudación de los tributos concertados, las instituciones competentes de los Territorios Históricos ostentarán las mismas facultades y prerrogativas que tiene reconocidas la Hacienda Pública del Estado”.

El PNV quiere que las juntas generales de los tres territorios históricos —Álava, Vizcaya y Guipúzcoa— tengan las mismas facultades de aprobar mediante normas fiscales con valor material de ley las nuevas exacciones, que las diputaciones dispongan de todas las facultades para su gestión y que la recaudación se quede en las arcas forales y se compute conforme al cupo lo que corresponda aportar al Estado. 

Según fuentes de especialistas en la fiscalidad vasca consultadas por El Confidencial, aunque cabe alguna duda por el carácter temporal del impuesto sobre la riqueza y la naturaleza no tributaria del gravamen a energéticas y banca, se propugna que se imponga la competencia foral y “si para ello hay que modificar en el Congreso la ley del concierto, que se haga”. 

La cuestión, sin embargo, es compleja: implica la reunión y acuerdo de la comisión mixta —Gobierno vasco, diputaciones y Estado—, la elaboración de la modificación del texto de la ley del concierto para ampliarlo a esas exacciones y la aprobación de la norma por el Congreso mediante artículo único; es decir, sin posibilidad de enmiendas parciales como ocurrió con la ley inicial de 1981 y la de 2002 y como sucede cuando se renueva el cupo.

“La cuestión no es solo económica, es de principios. Si las haciendas forales vascas tienen reconocidas las mismas prerrogativas que la Hacienda estatal, ese criterio debe extenderse a todo el sistema tributario y a aquellos gravámenes que tengan un propósito recaudatorio. Ese el pacto concertado y no vamos a renunciar a su integridad”, insisten las fuentes nacionalistas consultadas. Por eso, el planteamiento del PNV no es solo meramente económico o financiero, sino también político. 

En parecidos términos se planteará este asunto en Navarra. La Ley 28/1990, de 26 de diciembre, aprobó el convenio económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, en la que se prevé una Comisión Coordinadora, con parecidos fines a la comisión mixta del concierto del País Vasco, y cuya convocatoria podría ser reclamada por el Gobierno foral presidido por la socialista María Chivite, pero que apoya EH Bildu. A tener muy en cuenta que el actual Gobierno vasco es de coalición con el PSE.

El impacto de la creación de nuevas figuras fiscales y gravámenes sobre las leyes del concierto vasco y del convenio navarro abre un frente de negociación paralelo al Gobierno de Sánchez, que deberá actuar con especial rapidez. Ni el PNV (seis escaños en el Congreso) ni EH Bildu (cinco escaños, uno de ellos por Navarra) podrían asumir ante sus respectivos electorados que el sistema accionado quedase mermado y reducidas las facultades plenas de regulación normativa de las juntas generales y de gestión por las haciendas forales. 

Esta circunstancia —al parecer no computada por el Ministerio de Hacienda— ralentizará la implementación de las medidas fiscales y obligará a una negociación políticamente muy delicada justo en la fase inmediata a la presentación en el Congreso de los presupuestos para 2023. Por lo demás, la especificidad vasca y navarra, que estaba retranqueada en el debate político, puede adquirir un altísimo voltaje cuando se reivindica la ‘armonización’ fiscal en las comunidades autónomas.