Se les llama en el argot político ‘discrepancias pactadas’ y son los ámbitos que quedan fuera de los compromisos firmados. En el acuerdo PNV-PSE en Euskadi, por ejemplo, son las reivindicaciones sobre autogobierno las que se dejan a discreción de los firmantes. En el entendimiento que el PNV alcance para dar luz verde a un nuevo mandato de Pedro Sánchez -nadie contempla, a estas alturas, que Sabin Etxea no vote afirmativamente- el margen final que los jeltzales tengan para ir por libre una vez que el candidato del PSOE sea elegido presidente (es decir, para inhibirse de la aprobación de las leyes y Presupuestos del futuro Gobierno o incluso de aliarse con la oposición) dependerá, aseguran en el EBB, del ‘botín’ que obtengan en la negociación en curso. Si es que hay investidura, claro está, que todo indica que la habrá.

El apunte no es ocioso porque, una vez interiorizado que ninguno de los socios va a cobrar nada por adelantado, toca fiarse de la palabra de Moncloa. Y jugar las bazas que cada uno tenga en la mano de la manera más hábil posible. En el caso del PNV, la jugada es arriesgada, casi un salto mortal, porque su principal rival electoral, EH Bildu, no ha pedido nada a cambio y disfruta de los réditos que le da, simplemente, codearse con el poder sin haber renunciado a su trayectoria pasada de apoyo a ETA.

Ante eso, los jeltzales reconocen, en privado, que necesitan hacer saltar la banca y traerse un premio gordo de la tómbola monclovita. Entre otras cosas, porque, como se ha cansado de repetir el lehendakari Urkullu, Sánchez necesitará el apoyo de «todos, todo el tiempo». Y, como en Sabin Etxea saben que no pueden echar el órdago de votar ‘no’ (se les acusaría de poner la alfombra roja a un Gobierno PP-Vox), tienen que jugar con el ‘después’ de la investidura. El mismo juego, por cierto, al que está jugando Feijóo con sus guiños al «sincero» Puigdemont, que buscan una futura pinza parlamentaria PP-PNV-Junts para desgastar al Gobierno aún nonato y hacerlo descarrilar. Los jeltzales tienen que hacer ver, admiten, que tan «necesarios» son sus votos como los de los partidos catalanes y que, si es posible redactar en tiempo récord nada menos que una ley para amnistiar al expresident y a otros 1.400 independentistas, debe serlo también lograr la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, que está en el Estatuto de Gernika aprobado hace 44 años.

Las señales que llegan de Moncloa no son buenas. La ‘caja única’ siempre ha sido un tabú para el PSOE -mucho más que la amnistía, por sus implicaciones sobre la ruptura de la solidaridad interterritorial- y, de hecho, en el anterior calendario de transferencias, incumplido, el mero «estudio» de ese traspaso se relegaba al último lugar. Por si fuera poco, los jarros de agua fría se suceden. De nuevo, José Manuel Albares ha obviado esta semana al euskera y el gallego frente al catalán, cuya oficialidad en la UE exige Junts. El ministro de Asuntos Exteriores solo citó en su intervención del pasado martes ante el Consejo de Ministros de Asuntos Generales celebrado en Luxemburgo el catalán. «No ayuda», admiten en la órbita del PNV.

Pero el sapo más indigesto fue la ‘performance’ de Sánchez y Yolanda Díaz en el Reina Sofía anunciando un acuerdo de gobierno que incrementa el gasto público sin aclarar quién lo paga y que vuelve a la carga con el impuesto a la banca y las energéticas (con resonante golpe en la mesa posterior de Repsol y de Josu Jon Imaz amagando con desinvertir en España). Semejante panorama, en las antípodas de la estabilidad que siempre predica el PNV, está obligando a los jeltzales a hacer juegos malabares (el ‘más difícil todavía’ del título) para no ahuyentar a su electorado tradicional y no alimentar la tesis con la que les zarandeó Feijóo sobre la ‘podemización’ de su política económica.

De ahí sus renovados guiños a los empresarios y la vuelta a las esencias más centristas del partido, que se observan ya desde hace semanas en el argumentario que reduce la oleada de huelgas en el sector público a un pulso político teledirigido desde EH Bildu con la colaboración de ELA y LAB. Pero han ido a más en los últimos días. Ramiro González, Juan Mari Aburto y el propio Urkullu se han mostrado especialmente ‘cariñosos’ con el mundo de la empresa y han destacado su papel fundamental en la generación de riqueza frente a una sociedad funcionarial en la que se hipertrofie el peso de lo público. Ha dolido, por eso -además del incidente de las toses durante la parte en euskera de la intervención del lehendakari en el congreso de la empresa familiar-, que pese a los evidentes esfuerzos por centrar el discurso, los empresarios insistan en exigir menor presión fiscal a los salarios. Un discurso que choca con el afán «socialdemócrata» que quiere representar también el PNV y con el compromiso presupuestario con el gasto social. Los jeltzales avisan de que no darán «un cheque en blanco» al programa Sánchez-Díaz. Que no lo compran en bloque, ni mucho menos. La diputada general de Gipuzkoa ya avisaba este viernes de que es preciso «equilibrar» el esfuerzo tributario que se exige a las empresas para no «ahuyentarlas». Equilibrios en el alambre para no asustar a nadie. Tampoco a los antimonárquicos ni a los alérgicos a los desfiles militares, ojo. Que por algo el PNV ha anunciado el plantón a la jura de la Princesa Leonor.