EL CORREO 27/12/13
· Los jeltzales registran la ponencia y abren el debate del autogobierno «sin prisa» y con el reto de igualar o superar el consenso de 1979.
El PNV abrió ayer oficialmente el debate sobre la «revisión y actualización» del autogobierno vasco al registrar en el Parlamento autónomo la iniciativa para crear la ponencia específica de la que los jeltzales esperan que emane un nuevo Estatuto sustentado sobre un «amplio consenso político y ciudadano» que supere o en todo caso iguale el logrado en torno a la Carta de Gernika en 1979. El presidente del EBB, Andoni Ortuzar, reconoció que el debate sobre la reforma del autogobierno vasco es una «aventura compleja» en la que, en todo caso, su partido se embarca esperanzado porque, según subrayó en plena efervescencia del desafío independentista catalán, «por primera vez en muchos años el clima político vasco es más sereno que el español».
«Aprovechemos esa circunstancia», instó el líder jeltzale, que confió en lograr en primera instancia –la negociación con Madrid sería una segunda fase del proceso– un acuerdo interno entre vascos al que puedan incorporarse los «extremos», en alusión al PP y a la izquierda abertzale, que no respaldaron expresamente el marco político y jurídico pactado hace 35 años y aprobado en referéndum con más de un 90% de ‘síes’, pero con una abstención superior al 41%.
La comparecencia en la Cámara vasca de Ortuzar –que, pese a no ser parlamentario, acompañó al registro al portavoz del grupo jeltzale, Joseba Egibar, por el calado político que para el PNV tiene el paso dado ayer– dejó claras varias cosas. La primera, que Euskadi no es Cataluña ni el PNV se parece ahora mismo a Convergència. La segunda, que la formación jeltzale ha aprendido la lección del exlehendakari Ibarretxe –que partió de una ‘hoja de ruta’ tasada al detalle y se encontró con sucesivos portazos políticos y judiciales y con la consiguiente frustración y desgaste en las urnas– y pretende ahora quemar etapas a la inversa.
Es decir, recorrer un camino que Ortuzar reconoció que «no será fácil» –«no somos ilusos ni el espíritu navideño nos ciega», ironizó–, pero se inicia partiendo de cero y sin «prejuzgar» el trabajo que los grupos deben hacer en la ponencia que arrancará seguramente en febrero, una vez que la proposición no de ley registrada ayer complete el trámite habitual y sea, primero, calificada por la Mesa y después aprobada en pleno una vez que se abra el nuevo período de sesiones. De momento, todos los grupos han confirmado que participarán en ese órgano, que echará a andar sin ningún corsé previo por expreso deseo de un PNV que ayer apeló en todo momento al consenso y al diálogo para definir los contenidos del debate y lograr que todos se sientan «cómodos y a gusto». No es que los anteriores intentos, dijo Ortuzar, «se hayan hecho mal», sino que la «serenidad» reinante ahora puede facilitar que «ésta sea la buena».
Es más, los jeltzales –que recalcan en el texto de la iniciativa firmada por Egibar que será la propia ponencia la que establezca «por sí misma» el «procedimiento y el calendario» de trabajo– dijeron incluso estar dispuestos a renunciar a los términos en los que se planteaba el debate tanto en el programa electoral jeltzale como en el programa de gobierno de Iñigo Urkullu. Ambos documentos recogían, por ejemplo, el impulso en paralelo a la labor parlamentaria de unas «jornadas internacionales» que sirvieran para poner en común distintas ideas sobre el «nuevo modelo constituyente pretendido».
Nada de eso se escuchó ayer por boca de Ortuzar –Egibar solo tomó la palabra para un primer saludo–, que, preguntado al respecto, consideró que hay «bienes superiores» que preservar. «Si las cosas vienen bien, las haremos; si no son bien recibidas, no. Nos importa mucho el acuerdo», subrayó el líder del EBB, que dijo confiar totalmente en el «método» propuesto.
Manga ancha
Esa misma manga ancha la exhibió también cuando fue cuestionado por los plazos y los ritmos del debate, cuya conclusión el PNV ha fijado en repetidas ocasiones en 2015, el año en el que, según ese guión, debería someterse a refrendo popular el acuerdo. Ayer, Ortuzar acotó el tiempo de la discusión parlamentaria a la presente legislatura convencido de que es un «objetivo razonable», aunque no puso objeciones a «tardar un poquito más de tiempo». «No hay prisa si la dicha es buena», apostilló el presidente del PNV, que reforzó así la impresión de que el debate será pausado, al menos durante el primer año de vida de la ponencia.
En esa misma lógica, el PNV descartó también que la ponencia empiece a trabajar desde ya en un texto articulado de Estatuto. Ortuzar consideró que es preferible abordar primero un «balance compartido» de las luces y sombras de tres décadas largas de autogobierno, en cuyas carencias justificó el paso dado. «En demasiadas ocasiones», dijo, el Estatuto, «aún incumplido», se ha visto
«laminado y erosionado» por leyes básicas o sentencias del Constitucional. Si bien los programas del PNV y de Urkullu endosaban a la ponencia la responsabilidad de elaborar ese texto articulado, ayer Ortuzar –consciente de que la oposición reprocha al lehendakari Urkullu cierto escapismo en este asunto– dejó abierta la posibilidad de que sean los miembros del órgano parlamentario quienes, con el auxilio de los servicios jurídicos de la Cámara, lo redacten, pero también de que esa tarea recaiga en el Gobierno vasco. En ese caso, sería el Ejecutivo de Urkullu el encargado de refundir el análisis en un proyecto de ley que seguiría el trámite previsto en el propio Estatuto para su reforma.
En cuanto al objetivo final de la modificación del marco de convivencia –el único de los Estatutos autonómicos que no ha sido retocado– y a los posibles referentes, Ortuzar se mostró igualmente ambiguo pero rechazó «importar fórmulas» de forma «mimética» de Escocia o Cataluña. Aunque el programa del PNV habla del reconocimiento de Euskadi como nación europea, «afirmando la capacidad del pueblo vasco a decidir libre y democráticamente su futuro», Ortuzar rebajó la carga soberanista y puntualizó que, dado que el referéndum es estrictamente necesario para sancionar cualquier reforma estatutaria, el derecho a decidir sería en todo caso una «consecuencia» del proceso, que espera que el Gobierno central «respete».
«Ellos saben de nuestro interés y de nuestra disposición a hablar. Está claro que hay un grave ‘problemón’ sobre el modelo de Estado», opinó. De hecho, en la justificación de la iniciativa se habla de la necesidad de introducir «cambios estructurales» en el modelo autonómico para garantizar su «viabilidad» en plena ebullición del debate sobre «la arquitectura institucional y la proteción jurídica de las comunidades políticas naturales».
EL CORREO 27/12/13