EL PAÍS, 26/8/11
El PNV se ha encontrado con una oportunidad de oro para exhibir su perfil más soberanista y no está dispuesto a dejarla pasar. A menos de tres meses de las elecciones generales del 20-N, el partido de Iñigo Urkullu quiere aprovechar la puerta que han abierto PSOE y PP en la Constitución al pactar una reforma de su texto que fije un límite de déficit para anunciar su propia propuesta de reforma de la Carta Magna que incluya el derecho de los ciudadanos vascos a decidir su futuro.
El PNV llevará al Congreso un texto sin ninguna opción de salir adelante
El PNV es plenamente consciente de que se trata de una iniciativa cuyo principal destinatario no está en Madrid, donde la enmienda que planteará en el Congreso no tiene la menor posibilidad de salir adelante, sino entre el complejo y agitado electorado nacionalista. El éxito de Bildu en los comicios del 22-M se ha convertido en una seria amenaza para la hegemonía abertzale. La coalición fue la tercera fuerza en Álava y la cuarta en Bizkaia, pero en Gipuzkoa doblegó con claridad al PNV.
Dirigentes peneuvistas consultados por EL PAÍS sostienen que no están mirando de reojo a Bildu con la propuesta que úlitman y que llevarán a la Cámara Baja, que enmarcan en el rescate de una aspiración histórica del nacionalismo democrático cuando el PSOE y el PP «han incurrido en una contradicción». «Han sostenido durante décadas que la Constitución es intocable y ahora que les interesa abren el melón de la reforma con un procedimiento exprés que dura dos días», indicaron. El PNV, sin embargo, no condicionará su apoyo a las medidas económicas del Gobierno a que éste propicie una reforma constitucional de carácter soberanista.
El propio Urkullu sancionó la iniciativa, adelantada en Deia, en un artículo que colgó a mediar tarde de ayer en su blog (urkullu.eu) y elevó su alcance asegurando que su partido se la plantea en esta «oportunidad histórica» como como «una medida política profunda que propicie una solución de futuro al contencioso vasco», una solución, añade más adelante, «pactada y duradera al conflicto vasco, a la crisis institucional y política».
Los peneuvistas trabajan para cerrar su iniciativa sobre dos textos: la rechazada enmienda que plantearon en 1978 en las Cortes Constituyentes, que proponía que la actualización de los derechos históricos se haría de mutuo acuerdo entre el Esatdo y Euskadi, y la resolución aprobada por el Parlamento vasco en 1990 con los votos del PNV, EA y la entonces Euskadio Ezkerra que acabó fusionada con el PSE, en la que se reconoce el derecho del pueblo vasco a decidir su futuro. Urkullu no cita, en cambio, la expresión legal más acabada de la defensa de la autodeterminación realizada por su partido: el fracasado plan Ibarretxe.
Para los nacionalistas no se trata ahora tanto del alumbramiento de un nuevo estatuto político, como planteaba el exlehendakari, sino de retocar en el origen, en la propia Constitución, la posibilidad de que ésta recoja de verdad a las diferentes nacionalidades «que hoy conviven en el Estado español».
Urkullu, quien con toda seguridad incidirá esta tarde en la propuesta en el mitin convocado en Zarautz, donde su partido levanta cada año a finales de agosto el telón del nuevo curso político, apuntó en su blog que la iniciativa «solo requiere la aceptación de la realidad del Estado español, de forma que pueda propiciarse la constitucionalización de los derechos históricos».
El portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, ya había destacado por la mañana en una entrevista en Onda Vasca que «el PNV nunca ha dejado de lado su máxima aspiración que es el reconocimiento al País Vasco del derecho a decidir».
EL PAÍS, 26/8/11