EL MUNDO 21/01/15
· El juez Andreu ordena el ingreso en prisión del terrorista ante el elevado riesgo de fuga
El Gobierno vasco del PNV y la izquierda abertzale atribuyen a injerencias políticas del Ejecutivo del Partido Popular la detención y la vuelta a prisión del ex dirigente etarra Santiago Arrospide Sarasola, Santi Potros. El ingreso se produce poco después de que los magistrados de la Audiencia Nacional ordenaran su excarcelación tras descontar una pena cumplida en Francia, una decisión tomada contra el criterio que luego fijaría el Tribunal Supremo. «El Gobierno central mostró su deseo y Santi Potros ha vuelto a ser encarcelado. No deja de llamar la atención», apuntó el portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, 24 horas después de que el Parlamento autonómico aprobara, con los votos del PNV y EH Bildu, una resolución contra las detenciones de abogados vinculados con el entorno de ETA y contra las «presiones» políticas a jueces y fiscales.
En opinión de Erkoreka, el Gobierno de Mariano Rajoy actúa de manera «poco respetuosa» con el principio de separación de poderes. «La clave nos la dan los propios magistrados. Varios del Tribunal Supremo denunciaron las presiones e injerencias insoportables [por parte del Gobierno central] y hoy mismo [por ayer] algunos jueces de la Audiencia Nacional se quejan también de las presiones del Ejecutivo», explicó el portavoz.
El nuevo partido de la izquierda abertzale, Sortu, también cree que desde los despachos del Gobierno se está «presionando al límite» a los jueces. La formación presidida por Hasier Arraiz entiende que esta estrategia persigue «contentar a los sectores más ultras de las asociaciones de víctimas en la víspera de sus movilizaciones», en referencia a la concentración que la Asociación Víctimas del Terrorismo ha organizado el próximo sábado para protestar contra la política antiterrorista del PP y sus supuestas concesiones al entorno radical.
Según Sortu, el PP ha optado por «reforzar su versión más autoritaria y reaccionaria» en un año electoral en el que necesita presentar una «oferta atractiva a los sectores más intransigentes y carpetovetónicos del Estado». Los abertzales denunciaron la «propaganda armada» de los populares en la Cámara vasca y una parlamentaria de EH Bildu llamó «fascista» a España durante la protesta del sábado contra las detenciones de abogados.
En medio de esta tormenta política, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ordenó ayer el ingreso en prisión de Santi Potros. Su nuevo procesamiento no guarda relación con la condena anterior, que terminó a finales de 2014 aunque el Tribunal Supremo dictaminara después que el beneficio penitenciario que obtuvo de descontar de su condena en Francia no sea de aplicación en el Derecho español. Lo que se le imputa ahora es un atentado que causó la muerte a un camarero en Barcelona, Juan Fructuoso Gómez, en 1987, y otro ataque contra el que fuera fiscal general del Estado, Luis Antonio Burón Barba, ocurrido en 1986.
Efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil arrestaron el lunes en la localidad de Lasarte-Oria –cerca de San Sebastián y de la frontera con Francia– al veterano terrorista, que fue puesto a disposición judicial. Santi Potros se negó a declarar ante el juez Andreu, quien dictó dos autos ordenando su ingreso en prisión provisional ante el elevado «riesgo de fuga». El magistrado sostiene que ETA, inactiva desde 2011, aún mantiene una infraestructura «suficiente» como para garantizar la clandestinidad de sus miembros en el extranjero. Francia, además, ya denegó en su día la extradición del terrorista.
El juez Andreu señala en sus resoluciones que Santi Potros era responsable de los comandos Madrid y Barcelona de ETA cuando se cometieron los atentados y que fue él quien les habría encargado llevar a cabo las acciones terroristas que ahora se vuelven a investigar. En el caso del atentado con coche bomba en Barcelona, se indica que el ahora detenido tenía en su poder una nota con los datos de la matrícula que se colocó al vehículo. En cuanto al segundo atentado al que se le vincula, fue cometido en 1986 por el comando Madrid, del que formaban parte Idoia López Riaño, Antonio Troitiño, Iñaki de Juana Chaos y Juan Manuel Soares Gamboa.