El PNV buscará un acuerdo sobre el nuevo estatus en Euskadi tras las municipales Evitar la «subasta»

El PNV impulsará el debate en Euskadi sobre el nuevo estatus político tras las elecciones municipales y forales de mayo, a pesar de que esta semana los jeltzales han sugerido que la cuestión soberanista debía esperar hasta que se haya cerrado «definitivamente» la «página negra» del terrorismo de ETA. «Una nación sin convivencia es un experimento fallido», advirtió Andoni Ortuzar el pasado lunes.

No obstante, el mensaje central del manifiesto en homenaje a Sabino Arana por el 150 aniversario del nacimiento del fundador del PNV fue, más que un aplazamiento ‘sine die’ de la «cuestión nacional», un aviso a navegantes, explican fuentes del Euzkadi buru batzar. En concreto, un recado en toda regla a la izquierda abertzale, que el fin de semana pasado presentó, con menos eco político y mediático del esperado, su hoja de ruta «unilateral y desobediente» hacia la independencia, trufada de guiños a Sabin Etxea tanto en el lenguaje como en el contenido.

Pero el PNV no está dispuesto a dejarse «enredar» por la izquierda abertzale y condiciona el diálogo soberanista con EH Bildu a que Sortu «haga los deberes» y aborde «con valentía» el debate pendiente sobre el final definitivo de ETA, su desarme, el reconocimiento del daño «injusto» causado por la violencia y la reinserción de los presos. En definitiva, los jeltzales no descartan abordar con Hasier Arraiz y los suyos las distintas vías para avanzar en el autogobierno vasco, pero no están dispuestos a que la izquierda abertzale se sirva del nuevo estatus para «tapar» su ausencia de discurso sobre paz y convivencia.

Aunque el propio presidente de Sortu anunció este pasado otoño su intención de reformular el denominado ‘suelo ético’ con una terminología «novedosa» para los estándares de ese mundo, nada se sabe de esa propuesta, un giro que Arraiz llegó a comprometer con el propio lehendakari Iñigo Urkullu pero que los complejos equilibrios internos en el seno de la izquierda abertzale están retrasando.

Un arma de doble filo
La cúpula de Sabin Etxea, que mantiene una relación discreta pero muy fluida e intensa con la de Sortu, ha llegado a cruzar papeles con Arraiz y Rufi Etxebarria con el objeto de reactivar la empantanada ponencia parlamentaria de paz. Sin embargo, no ha obtenido, hasta la fecha, ninguna respuesta.

En esa clave debe interpretarse, por lo tanto, la exigencia realizada por la ejecutiva jeltzale a ETA y a la izquierda abertzale para que aceleren el «final reconocible» del terrorismo con el fin de poder abordar así un «pacto nacional» sobre el nuevo estatus, y no tanto como la voluntad de aparcar el debate hasta nuevo aviso. La contundencia de este mensaje había causado, incluso, cierta extrañeza en el propio mundo nacionalista, sobre todo porque llega-

ba pocos días después de que Urkullu expusiera ante personalidades políticas, judiciales y empresariales madrileñas su hoja de ruta para lograr un consenso bilateral que permita el reconocimiento de Euskadi como «comunidad nacional» con Poder Judicial propio y participación directa en los órganos decisorios de la UE. Discursos en apariencia contradictorios recibidos con una mezcla de alborozo y críticas por la líder socialista, Idoia Mendia, y que, para Arraiz, revelan que el PNV es un «muro» que impide avanzar hacia la independencia. Y una muestra más de que la cuestión soberanista es un arma de doble filo que es mejor utilizar con cuentagotas en la ya abierta contienda preelectoral.

En todo caso, fuentes de la dirección jeltzale han confirmado a EL CORREO su intención de empezar a «trabajar» el acuerdo «interno» entre las fuerzas políticas vascas que permita sustituir al Estatuto de Gernika y amplíe el consenso logrado por aquel en el paréntesis que se abrirá entre los comicios municipales de mayo y las elecciones generales, que deberían celebrarse en algún momento entre noviembre y enero.

Un período corto, poco más de medio año, que coincidirá de lleno, por cierto, con la campaña y la celebración de las plebiscitarias pactadas por Artur Mas y Oriol Junqueras, una ocasión inmejorable para marcar distancias con la vía catalana. La intención de Sabin Etxea es que el texto articulado que debería negociarse con el nuevo Gobierno central que salga de las urnas a finales de año llegue a la ponencia de autogobierno de la Cámara vasca ya ‘cocinado’ y con acuerdo previo con, al menos, una de las sensibilidades parlamentarias. Descartados el PP y UPyD, así como la izquierda abertzale a corto plazo si no da un paso de gigante en su discurso de exigencia a ETA, a los peneuvistas les queda el PSE de Idoia Mendia, socio prioritario para dar estabilidad al Gobierno de Urkullu y, según los planes de Sabin Etxea, compañero de viaje también en el nuevo estatus. Y del mismo modo que los socialistas han descartado en público convertir la ponencia en una «subasta» de proyectos, tampoco el PNV quiere presentar en ese órgano un texto que no disponga de más respaldos que el suyo propio.

Socialistas y jeltzales han recorrido ya un camino en sus conversaciones en privado sobre la posible reforma estatutaria. Ese trabajo previo habría alumbrado cierto acercamiento en torno a la necesidad de blindar las competencias vascas para evitar incumplimientos, laminaciones o conflictos judiciales entre las administraciones.

Aun en el caso de que la bilateralidad efectiva quedase resuelta, muchísimo más complicado parece lograr una sintonía, siquiera mínima, en torno a otro de los pilares en principio irrenunciables para el PNV: el del derecho a decidir. No en vano, Mendia ha dejado claro, esta misma semana, que el PSE «nunca» lo aceptará. La líder socialista se remite desde hace meses, incluso antes de tomar las riendas de la organización, a la reforma federal de la Constitución que pretende impulsar Ferraz.

El problema para el PNV reside en que, casi año y medio después de la declaración de Granada, los socialistas no han concretado sus planes más allá del enunciado. Y la idea de reformar de la Carta Magna para los jeltzales –aunque el lehendakari dejó caer que no sería necesario en virtud del reconocimiento de los derechos históricos ya contemplado en el actual ordenamiento jurídico– pasa por la admisión del hecho «nacional» vasco (y catalán) y el derecho de sus ciudadanos a ser consultados. ¿La fórmula? Está por ver, aunque la Ley de Claridad canadiense empleada en Québec y, más recientemente, el modelo escocés han ocupado siempre una posición de honor en la lista de referentes del Euskadi buru batzar.

Los jeltzales son conscientes de que los nuevos equilibrios que salgan de las urnas el 24 de mayo podrían forzar a los partidos tradicionales a flexibilizar sus posiciones ‘antiguas’ para no quedar fuera del reparto de poder y/o de los pactos de gobernabilidad. De modo muy especial ante la más que probable irrupción de Podemos, que deberá ser cuidadoso con las decisiones que tome en Euskadi para no perjudicar la carrera de Pablo Iglesias hacia La Moncloa –léanse, posibles pactos con Bildu–, pero que, al mismo tiempo, podría ser más receptivo que las fuerzas constitucionalistas con arraigo en Euskadi a las posibles reformas del autogobierno.

Con esa lógica, y a la espera de las cesiones que unos y otros puedan asumir, el PNV quiere ver en este momento de convulsión y cambio político una «oportunidad» para acometer la reforma del modelo de Estado que cree ineludible. Sin mayorías absolutas, salvo sorpresa del todo improbable, con Podemos en un papel de nuevo árbitro de la política nacional –también con mucha probabilidad– y un PSOE seguramente necesitado de equilibrios y soluciones imaginativas, los jeltzales están convencidos de que este 2015, el año más intenso en lo político de la última década, puede marcar el inicio de una «segunda Transición» que, «sin romper nada», lo cambie todo.