En la política española está vigente de forma permanente una ley consuetudinaria: el Partido Nacionalista Vasco, siempre entre cinco y siete escaños en el Congreso, apoya legislatura tras legislatura al partido (o a los partidos, como es ahora el caso) en el Gobierno central. Hasta con José María Aznar que, sin necesitar de sus votos en 1996, bastándole los de la entonces Convergència i Unió, quiso contar con los del partido hegemónico en el País Vasco. 

Después de transitar, en el breve plazo de una semana, del PP al PSOE y Podemos en junio de 2018, cooperando a que Sánchez ocupase la Moncloa, ahora el PNV no está cómodo. En palabras de su portavoz, Aitor Esteban, pronunciadas en el debate sobre el estado de la nación la pasada semana: “¿Por qué tengo esa sensación de incomodidad semana tras semana de estar porfiando con el Gobierno, de ir salvando obstáculos continuamente?”.

El ‘giro a la izquierda’ de Pedro Sánchez ha caído mal en el nacionalismo vasco. Porque el PNV es más de zonas templadas que de planteamientos radicales. No solo por ese estatuto que se arroga de ser uno de los pocos referentes de la democracia cristiana evolucionada, sino también porque su misión política en Madrid consiste en acarrear mercancías políticas a Euskadi. Y tratar de que el ‘statu quo’ de la comunidad no se altere, porque determinadas rarezas jurídico-constitucionales —el sistema concertado de financiación— son delicadas. 

Para el PNV, el anuncio de un impuesto a las energéticas sobre sus beneficios extraordinarios y otro temporal a la banca les remite a dos referencias imprescindibles de la economía y la sociedad vasca en general: Iberdrola y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), ambas compañías con sede en Bilbao.

La eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán —un hombre que en Euskadi tiene entrada franca en todas las instancias oficiales y sociales— es el resultado de la fusión en 1991 de la bilbaína Iberduero con Hidroeléctrica Española; su sede, al borde de la ría del Nervión —la Torre Iberdrola—, es uno de los actuales iconos de la capital junto con el museo Guggenheim y su efecto sede es muy beneficioso para Vizcaya y para el conjunto de la comunidad autónoma. 

Iberdrola inyecta anualmente más de 2.300 millones de euros en proveedores y suministradores vascos y genera una actividad en servicios profesionales muy notable. También asume patrocinios locales y genera empleo. Y el efecto reputacional de una marca como la de Iberdrola expande la de Bilbao en todos los mercados internacionales en que la compañía se ha expandido.

Las relaciones de la cúpula de Iberdrola con el PNV son fluidas y cercanas, así que mucho les va a costar a sus seis parlamentarios votar favorablemente una eventual ley que imponga ese impuesto sobre los beneficios extraordinarios de la empresa vasca. De momento, los portavoces nacionalistas ya han tomado posición: no hay criterio definido respecto de la propuesta de Sánchez hasta tanto se valore el texto articulado definitivo. Largo lo fían. 

El caso del BBVA es diferente, pero se va aproximando poco a poco al de Iberdrola. El Banco de Bilbao se fundó en la capital vizcaína en 1857 y el de Vizcaya en 1901, y ambos se fusionaron en 1988 con efectos a 1989, adoptando las siglas de BBV. Una década después, en 1999, se anunció la fusión del BBV con la entidad pública Argentaria. Nació el BBVA, también con sede en Bilbao, y dos copresidentes: Emilio Ybarra y Francisco González. Este último, tras deshacerse del vizcaíno con malas artes, alejó el banco de Bilbao y redujo su actividad en el País Vasco. González es detestado allí.

Carlos Torres, actual presidente de la entidad financiera, ha iniciado un proceso de aproximación al País Vasco muy visible. El pasado domingo, en una entrevista en ‘El Correo’ —“El impuesto a la banca puede generar menos consumo, inversión y recaudación”, título a cinco columnas—, reiteró que “Bilbao, la cuna del banco, tiene que ser relevante en nuestra actividad”. Y lo está siendo, porque es reciente la decisión del banco de constituir en Vizcaya dos empresas de desarrollo y aplicaciones digitales con la perspectiva de crear un centenar de puestos de trabajo de alta cualificación. Por otra parte, el BBVA ha llevado a Bilbao la entrega de sus premios internacionales denominados ‘Fronteras de conocimiento‘, que significan para la ciudad todo un hito cultural y científico. Todas estas razones —y otras más derivadas del efecto de la sede en Bilbao— están lubricando las relaciones entre Carlos Torres y los dirigentes del PNV. 

No costaría demasiado sostener que un voto favorable al ‘giro a la izquierda’ de Sánchez respaldando una carga fiscal adicional a las dos grandes empresas con sede en Bilbao no sería favorablemente acogido en la sociedad bilbaína y vasca en general, más aún cuando ambas acaban de pasar por la amarga experiencia de perder la identidad vasca de Gamesa —empresa puntera en tecnología eólica terrestre— tras su fusión con Siemens. Y tampoco hay que explicar demasiado que el hecho de que Iberdrola y BBVA tengan sede en Bilbao implica ingresos fiscales para la Hacienda foral vizcaína y significa un aporte sustantivo de actividad local profesional a consultoras, abogados, notarios y registradores, entre otros estamentos.

Por eso, y por la ausencia de puntualidad en los compromisos que asume con el Gobierno, el PNV se ha convertido en una hernia en la mayoría de la investidura. A los nacionalistas, pragmáticos y conseguidores, no les gustan los volantazos. Y menos a la izquierda. Y nada en absoluto cuando estos giros ponen en valor a sus adversarios de EH Bildu. Si el PNV es un predictor político, su malestar actual puede estar acompañando al cambio de ciclo que evidentemente se está produciendo en España. Núñez Feijóo está bien considerado en el PNV. Dato igualmente importante.