La iniciativa legislativa que está actualmente en tramitación en la Cámara baja tiene un objetivo muy limitado. Se trata de modificar el artículo 69.3 de la Constitución para que la isla de Formentera, de poco más de 11.000 habitantes, disponga de un representante propio en el Senado. Hoy por hoy comparte ese asiento con Ibiza, una situación que la mayoría de fuerzas políticas del Parlament balear considera una «injusticia territorial» en comparación con otros territorios insulares que sí cuentan con senador propio. Es el caso, por ejemplo, de La Gomera (22.000 vecinos) y El Hierro (12.000), ambas en Canarias.

Aprovechando esta ventana de oportunidad, algunos grupos han registrado enmiendas que poco o directamente nada tienen que ver con la iniciativa original. Primero fue UPN, que ha planteado la eliminación de la Disposición Transitoria Cuarta, la que habilita a Navarra a incorporarse a la comunidad autónoma de Euskadi; y ahora ha sido el PNV el que ha ido aún más lejos y ha presentado toda una batería de cambios. En puridad, son las mismas correcciones que ya propuso en 2022, cuando se dio otro debate de reforma constitucional para borrar el término ‘disminuido’ y sustituirlo por ‘persona con discapacidad’.

Como en aquella ocasión, la iniciativa más significativa de los jeltzales es la referida al reconocimiento nacional y el derecho a decidir, que contempla dos cambios en el texto. El primero sería modificar el artículo 2 para eliminar la referencia a la «indisoluble unidad de la nación española» y sustituir el término «nacionalidades» por «naciones». El segundo, por su parte, consistiría en añadir una nueva disposición adicional que incluiría la autodeterminación «del pueblo vasco» −por tanto, no serviría tal cual para Cataluña− para la «plena realización» de los derechos históricos en un «ejercicio pactado con el Estado».

Las propuestas del PNV no son nuevas porque ya se abordaron −sin éxito− en la anterior reforma constitucional y porque recogen las reivindicaciones clásicas de Sabin Etxea en este ámbito, pero cobran más relevancia ahora que las negociaciones con EH Bildu y PSE-EE para la reforma del Estatuto de Gernika se acercan a su Rubicón. En esas conversaciones discretas no se ha abordado de manera tan explícita la autodeterminación porque las fuerzas abertzales saben que, de plasmarse, la iniciativa chocaría con la legalidad. Pero sí se ha abordado desde una derivada, la de la bilateralidad con el Estado.

En paralelo los jeltzales están tratando de despejar el camino de cara a un hipotético acuerdo. Hace sólo dos semanas, el Congreso aceptó tramitar su propuesta para derogar la posibilidad de recurrir los estatutos de autonomía al Tribunal Constitucional antes de que se sometan a votación popular. Está por ver si se acaba aprobando dado el especticismo del PSOE, que permitió que pasara el filtro pero no comprometió su voto final. Ahora el paquete de enmiendas a la reforma constitucional también va por ese camino, ya que propone otros mecanismos en ese sentido.

Una de ellas es la llamada cláusula foral. Dicho de otra manera, garantizar que la legislación estatal se aplique «de conformidad con las especificidades» de Euskadi, para lo que se constituiría una Comisión Mixta de tipo político como la que ya existe para el Concierto Económico. La otra pasa por la creación de una especie de Sala Foral en el Tribunal Constitucional, que se encargaría de dirimir exclusivamente los conflictos legales con el País Vasco y Navarra. Además, las enmiendas de los nacionalistas también proponen eliminar el artículo 155 que permite intervenir gobiernos autonómicos, como en 2017 en Cataluña.

Fuera del ámbito estrictamente territorial, el PNV quiere revisar el alcance de la inviolabilidad del Rey. El artículo 56.3 establecería que sus actos estarían exentos de responsabilidad únicamente «cuando tengan relación con las funciones institucionales»; es decir, que sí la habría en actividades privadas. Además, se propone modificar el artículo 8 para limitar el papel de las Fuerzas Armadas exclusivamente a la defensa exterior, eliminando su función de garantía de la «integridad territorial y el ordenamiento constitucional».