No me digan que no es curioso este recurso. ¿Es que el PNV, por mano de su delegado en la Corte, Aitor Esteban, no tuvo forma de conocer que se iba a aprobar un decreto que contradecía la normativa sobre las mascarillas del País Vasco?

El recurso del PNV no es en absoluto puntual o insólito o extraordinario. No hace mucho, el Gobierno vasco interpuso también un recurso contra la ley de vivienda por invadir competencias del Gobierno vasco.

Una Ley de Vivienda que fue explicada públicamente cuando se aprobó por los representantes de EH Bildu y de ERC en el Congreso. Que son, aparte de Sumar, los apoyos principales del gobierno de Pedro Sánchez.

En ambos casos, ahora con la mascarilla y antes con la vivienda, estamos hablando de leyes o decretos aprobados por partidos que, se supone, forman la mayoría que apoya al Ejecutivo de Sánchez.

Esta misma tendencia a interponer recursos ante los tribunales por parte del Gobierno vasco, que recordemos que está en manos del PNV desde el comienzo mismo de la Transición (excepto el corto periodo de 2009 a 2012, cuando gobernó el PSE) la podemos rastrear a lo largo de todo el periodo democrático.

O sea, que, en estos casos, recurrir a los tribunales para dilucidar las desavenencias que correspondería haber arreglado por vía política es algo normal para el PNV, porque antes no se había podido llegar a acuerdos mediante el diálogo y la negociación.

O, como mínimo, mediante el conocimiento de lo que van a aprobar tus socios.

«Partidos que defendían la resolución política de los conflictos llevan toda la vida interponiendo recursos contra lo que consideran lesivo para sus intereses»

¿Es que aquí no se aplica el principio de «no judicialización de la política»?

No hace falta recordar la campaña contra Mariano Rajoy a cuenta del procés y de la imputación de sus responsables, que les llevó al banquillo de los acusados. Que les inhabilitó políticamente y que incluso les llevó a la cárcel, por delitos graves de rebelión y de malversación de caudales públicos.

Imputación que recibió el reproche de todos los partidos que hoy integran la mayoría parlamentaria, con el argumento de que se estaba judicializando la política.

Es decir, que se estaba empleando a los tribunales de justicia para resolver casos que por definición se tendrían que resolver por la vía política.

Para nuestra sorpresa, partidos que defendían y defienden ese argumento, como singularmente el PNV, llevan toda la vida democrática interponiendo recursos en los tribunales contra actos políticos que consideran lesivos para sus intereses.

Podríamos hacer una lista extensísima de recursos de este tipo. Temas relacionados con el euskera, con las oposiciones a funcionarios y hasta con la ley de costas, por citar algunos.

¿No cabe hablar de «judicialización de la política» en estos casos?

Querría pensar que la diferencia se debe a que en el caso del procés (o antes, cuando se imputó al lehendakari Ibarretxe por negociar con Batasuna; o cuando se encausó a los miembros del Parlamento vasco, empezando por su presidente, Juan Mari Atutxa, por no aplicar la ilegalización de Batasuna en el Parlamento vasco; o incluso más allá, en los casos de corrupción de la última etapa de Felipe González) estábamos ante decisiones de altas instancias judiciales (Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional).

Y, en cambio, en el caso de los recursos interpuestos por el Gobierno vasco, se están recurriendo leyes de funcionamiento normal de las instituciones.

¿Y por eso en unos casos sí hay judicialización de la política y en otros no?

¿Entonces la etiqueta de «judicializar la política» correspondería a la enjundia del caso recurrido y no al hecho en sí?

«El PNV forma gobierno de coalición con el PSOE en el País Vasco y ahora interpone un recurso judicial contra la ministra de Sanidad de Sánchez»

Pues debería ser al revés, ya que los casos que suscitan los partidos nacionalistas, que siempre afectan a la arquitectura del Estado, tienen la suficiente gravedad como para ser recurridos ante los garantes de la Constitución, mientras que otros de mucha menor enjundia deberían ser los propios del juego político.

En este caso, sucede al revés. Casos como el de la mascarilla ahora o el de la ley de vivienda se recurren por la vía judicial. Y eso que quienes intervienen en su aprobación son partidos con los que se ha formado una coalición de gobierno.

El PNV forma parte de ese gobierno de coalición con el partido socialista en el País Vasco, y ahora está interponiendo un recurso judicial contra la ministra de Sanidad nombrada por Sánchez. También contra la ley de vivienda aprobada por el PSOE con sus socios en Madrid. Interpone ese recurso en contra del criterio de los tres consejeros socialistas de su propio Ejecutivo, entre ellos el de Vivienda, que es socialista.

¿Y eso no es judicializar la política? ¿No es demostrar una evidente incapacidad para dialogar y resolver políticamente asuntos que corresponden a gobiernos en los que el PNV está coaligado con esos otros partidos contra los que interpone el recurso?

El PNV interpone constantemente recursos ante los tribunales siempre que los intereses del Gobierno vasco resultan lesionados. Y, en cambio, atribuye «judicialización de la política» a otros partidos que recurren a lo mismo, y que normalmente lo hacen cuando las políticas nacionalistas afectan a la estructura jurídico-política del Estado.

Habrá que concluir que, como mínimo, todos los partidos tienden a judicializar la política. Con la pequeña diferencia de que unos lo hacen por asuntos como el uso de la mascarilla, mientras que otros lo hacen para garantizar la vigencia de la Constitución y del Estado de derecho.

*** Pedro Chacón es profesor de Historia del Pensamiento Político en la UPV-EHU.