EL PAÍS, 15/6/12
Egibar acepta censurar al diputado guipuzcoano de Medio Ambiente
La oposición se alía para tumbar el plan de residuos de Bildu
El PNV dio ayer finalmente el paso con el que llevaba semanas amagando y anunció su disposición de negociar con socialistas y PP la presentación de una moción de censura contra el diputado de Medio Ambiente de Gipuzkoa, Juan Carlos Alduntzin, de Bildu, por la gestión de las basuras del territorio. A menos de un año de que los peneuvistas y la izquierda abertzale se jueguen la hegemonía nacionalista y la propia victoria en las urnas, el PNV lanza su mayor desafío a Bildu de la legislatura precisamente en el terreno de sus mayores enfrentamientos políticos y de gestión. El propio presidente del PNV guipuzcoano,Joseba Egibar, se encargó de anunciar la disposición de su partido a censurar a Alduntzin horas después de que Bildu se opusiese en las Juntas Generales a la exigencia de la oposición de que el nuevo plan de residuos elaborado por la Diputación se vote en la Cámara foral.
Egibar tachó de “traición y fraude” la actitud de la coalición abertzalesobre dicho plan, presentado por el Ejecutivo foral la semana pasada y debatido en los dos últimos días en una comisión monográfica de las Juntas.
Más allá del conflicto concreto de las basuras, Egibar recalcó que la intención de su grupo es censurar la “imposición” de Bildu por no querer jugar con las reglas democráticas. “La imposición no puede ser una estrategia homologable. Nos han defraudado porque no han querido debatir el plan en una institución que representa a los ciudadanos”, explicó Egibar en una comparecencia urgente en la sede de su formación en San Sebastián.
Socialistas y PP habían aumentado desde que Bildu presentó su plan la presión sobre el PNV para que aceptase censurar a Alduntzin. Los tres grupos suman mayoría absoluta en las Juntas Generales. El PSE presentó la semana pasada una propuesta de resolución en la que ya solicitaba la reprobación del diputado de Medio Ambiente. Y el PP insistía ayer en la comisión en la necesidad de destituir a Alduntzin.
Egibar recordó que en diciembre pasado, cuando su partido apoyó los presupuestos de la Diputación, acordó con Bildu que la propuesta que presentara sobre la gestión de los residuos se debatiría en las Juntas Generales. “Han roto el acuerdo y su palabra dada al utilizar una fórmula fraudulenta y no querer someterse al dictado de las Juntas”, señaló.
El líder peneuvista eludió hablar de las consecuencias que pueda tener la moción de censura, pero recalcó que Bildu ha quebrado la confianza mutua. “Les corresponderá ver cómo ganan el terreno de la confianza perdida para poder llegar a futuros acuerdos”, destacó.
Para materializar el vigente plan de gestión de residuos urbanos, que incluye la polémica incineradora y que Bildu quiere cambiar sin debate en las Juntas, el PNV planteará además a socialistas y PP adoptar “otra serie de iniciativas políticas”.
Está previsto que la moción de censura se presente a finales de este mismo mes y que en la primera quincena de julio se celebre un pleno extraordinario en la Cámara foral para votar la destitución de Alduntzin. De salir adelante, sería la primera vez que un diputado foral guipuzcoano debe abandonar su cargo al ser reprobado por las Juntas Generales.
La correspondiente normativa foral establece que la moción de censura deberá ser propuesta ante la Mesa de las Juntas Generales por al menos 15 representantes. Su aprobación requiere la mayoría absoluta del Legislativo foral (26 sobre 51 junteros), que los tres grupos tienen garantizada: el PNV suma 14 junteros, mientras que el PSE tiene 10, y el PP, cuatro. Una vez aprobada, el diputado general debe destituir “de forma inmediata” al censurado y proceder a su sustitución, según recoge el Reglamento de las Juntas.
Egibar admitió que, aunque las conversaciones abiertas con socialistas y populares prosperen y la censura a Alduntzin llegue a materializarse, la situación actual de enfrentamiento podría volver a repetirse con el nuevo titular de Medio Ambiente que nombrase Martin Garitano.
EL PAÍS, 15/6/12